Contralora general de la República, Dorothy Pérez.
Aton
La novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la paralización del dictamen que emitió la Contarloría, a cargo de Dorothy Pérez, respecto de las reclamaciones que podían hacer al organismo funcionarios públicos alegando "confianza legítima".
La Fundación Fuerza Ciudadana presentó un recurso de protección y pidió decretar una Orden de No Innovar contra el dictamen, "en atención que el criterio aplicado afecta gravemente los derechos a recurrir de mis representados ante la Contraloría General de la República".
En ese contexto, los ministros de la Corte de Apelaciones resolvieron que, en el intertanto que revisan el fondo del recurso, la entidad dirigida por Pérez deberá seguir revisando las reclamaciones que se presenten.
"Se concede la orden de no innovar solicitada, y en consecuencia, se suspenden los efectos de la abstención de pronunciamiento dispuesta en el Dictamen NºE561358, de 6 de noviembre de 2024, de la Contraloría General de la República, debiendo la mencionada entidad seguir resolviendo, como en derecho corresponda, los reclamos y solicitudes de pronunciamiento que se le presenten relativos a la materia a que se refiere el señalado dictamen", se lee en el fallo.
Cabe recordar que días después de que Pérez asumió como contralora General de la República, emitió un dictamen que estableció que la "confianza legítima" de los trabajadores del sector público debe quedar en manos de los tribunales de justicia, y que la institución que ella dirige debe abstenerse.
Esto buscaba deshacerse de parte del legado en materia laboral del excontralor, Jorge Bermúdez, quien durante su administración estableció que si a un funcionario público se le renovaba la contrata por más de dos años, dicha persona contaría con la confianza legítima de que se seguiría renovando. Esto sobre la base de que si el Estado ha actuado de determinada forma, lo seguirá haciendo en el futuro.