Una serie de reacciones ha generado la propuesta de dos integrantes de la
Comisión presidencial para La Paz y el Entendimiento, se trata del ex convencional constitucional
Adolfo Millabur y Gloria Callupe, quienes plantearon que la demanda mapuche es de
385.860 hectáreas de vocación agrícola.
"Me parece que tiraron el mantel. La propuesta es demasiado similar a lo señalado en el primer texto constitucional, que fue rechazado el 4 de septiembre de 2022, sobre todo por el pueblo mapuche, donde el Rechazo se impuso en promedio por más de un 70% en las comunas donde habita el pueblo mapuche", opinó en el El Mercurio de hoy el diputado de Amarillos por Chile y ex intendente, Andrés Jouannet.
Y agregó que la propuesta "es muy difícil de alcanzar, porque no existe esa cantidad de tierra que esté disponible. Además, eso lo ponen como condición sin qua non".
Otras voces también han sido críticas sobre el tema. Al respecto, el gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz, indicó que en la comisión "debe primar un criterio de realismo para construir una propuesta que sea viable. Hay lugares que hoy son ciudades y claramente si uno conjuga la disponibilidad económica y física del territorio, ese número no cuadra por ninguna vista".
Mientras que el ex ministro Alfredo Moreno, consideró que "el tema de la restitución de tierras es muy importante en la discusión, pero naturalmente el Estado no dispone de todas esas tierras y hay que buscar una solución equilibrada y que no cree el problema a otras personas".
Postura crítica que también han tenido otros comisionados. "Esta es solo una propuesta de comisionados. Respeto la posición, pero claramente algunos puntos son poco realistas y es necesario que esta solución primero cuente con la aprobación de todos los comisionados y luego exista un compromiso definitivo de cambio de la Ley Indígena, que implique que este proceso tenga un cierre, de lo contrario, es muy difícil sostener la propuesta", sostuvo la senadora de republicanos, Carmen Gloria Aravena.
En la misma línea, el comisionado Sebastián Naveillán expresó que la propuesta "es parte de la complejidad del tema y, obviamente, cada comisionado responde a un sector. Eso es lo que piensa Millabur, pero no porque lo proponga eso va a salir para el informe final. Todos los textos están sobre la mesa y se están analizando uno a uno. Estamos teniendo conversaciones y negociación para hacer la propuesta final con reuniones presenciales en La Moneda".
Para el ex intendente Luis Mayol, "hay miembros de esa comisión que nunca han tenido ni tendrán voluntad ni intenciones de resolver o buscar una solución a una situación. El llamado 'problema mapuche', para el grueso de la ciudadanía se ha ido desdibujando y no pierden oportunidad de tratar de reflotarlo. La solución de la llamada 'deuda histórica', de existir, no se compensa necesariamente con tierras, las que hoy ocupan y trabajan como legítimos propietarios otras personas".
En tanto, la ex delegada provincial Andrea Parra, opinó que "devolver tierras no puede ser el único mecanismo compensatorio, porque existen distintas realidades y aspiraciones, de lo propuesto por Millabur y Callupe me parece fundamental asegurar la participación real de los pueblos originarios en la vida política y social del país". Aunque cree que hay que tener claridad de que no se obtendrá todo lo que se aspira y que "hectáreas más o hectáreas menos, lo importante es definir un marco de la deuda y un tiempo para cerrarla".
"La verdad es que la propuesta de Millabur y Cayupe es un déjà vu de la propuesta constituyente fracasada. Tampoco hay tierras suficientes como para devolver a todos los que quieren y, además, con la ley indígena mal construida (que siguen y siguen creándose comunidades, algunos con ascendiente mapuche, sin vivir en territorios, y se juntan 10 personas y forman una comunidad y piden tierra con títulos de merced, que crecen y crecen desmedidamente) será muy costoso resarcir a todos los que pedirán tierras", sostuvo el diputado Miguel Mellado (RN).
La instancia tiene hasta el próximo 31 de enero para entregar su informe final al Presidente Gabriel Boric, uno que contendrá soluciones al histórico conflicto indígena con el Estado.
