La Contraloría General de la República entregó un informe de auditoría sobre la gestión de la Municipalidad de Antofagasta durante el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2024, bajo la administración del ex alcalde Jonathan Velázquez.
El informe destacó irregularidades en el manejo de los recursos públicos, con énfasis en los gastos asociados a personal, la falta de transparencia en algunos procedimientos y el uso inapropiado de las redes sociales municipales para fines de propaganda política.
Según consignó El Mercurio de Antofagasta, durante los primeros nueve meses del año, la Municipalidad de Antofagasta ejecutó un gasto total de $44.842.958.147. Los rubros más destacados incluyen gastos en trabajos extraordinarios, prestaciones de servicios en programas comunitarios, y servicios de publicidad, entre otros.
Según la auditoría, otro aspecto fue la falta de documentación adecuada que justifique ciertos pagos, especialmente en los tratos directos por un total de $12.596.661, que fueron autorizados sin una justificación suficiente de emergencia o urgencia.
La Contraloría advirtió que estas adquisiciones fueron realizadas sin la debida fundamentación y que el municipio no acreditó correctamente las circunstancias excepcionales que permiten recurrir a estos procedimientos.
Según señala los decretos alcaldicios para autorizar horas extraordinarias fueron emitidos posteriormente a la realización de los trabajos, lo que contraviene lo establecido en la Ley N 18.883. Además, se detectaron pagos de horas extraordinarias que excedían lo inicialmente aprobado y sin la documentación que justificara dicho exceso.
Uno de los puntos más destacados de la auditoría es que, durante septiembre se autorizó el pago de horas extraordinarias para 12 funcionarios de la Dirección de Gabinete de Alcaldía mediante el decreto alcaldicio N 1.962 emitido el 26 de septiembre, es decir, después de que los trabajos extraordinarios ya se habían realizado.
En cuanto a los pagos de horas extraordinarias, el informe de la Contraloría también detectó que en los meses de julio y agosto, se pagaron horas extraordinarias a cuatro funcionarios, superando el número de horas aprobadas en los decretos correspondientes.
Además, la Contraloría observó que algunos funcionarios trabajaron horas extraordinarias de manera continua, sin respetar su derecho al descanso semanal.
