La fiscal regional Oriente, Lorena Parra, inició esta mañana la formalización de cargos en el marco de la derivada de los casos Audio y Factop y que incluirá a ocho ejecutivos de LarrainVial.
En total, son 19 imputados. Entre ellos se encuentran los hermanos Jalaff, el exejecutivo de Grupo Patio Cristián Menichetti, los excontroladores del factoring Factop Daniel y Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg, los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos y ocho ejecutivos de LarraínVial.
La persecutora describió una serie de hechos, apuntando principalmente la arista Factop.
Parra indicó que los hermanos Sauer y Topelberg, junto con Alberto Sauer, "mediante la sociedad Factop SpA entre los años 2012 a 2023 efectuaron actividades que conforme a nuestra normativa vigente contenida en la Ley general de bancos corresponden al giro de las empresas bancarias e instituciones financieras, en especial captar o recibir en forma habitual dinero del público sea en depósito mutuo o en cualquier otra forma. Lo anterior, sin revestir la calidad jurídica necesaria para ello, esto es, una sociedad anónima (...) y sin contar con las autorizaciones requeridas por la legislación vigente".
Producto de ello, el público y sus clientes "sufrieron un perjuicio económico".
Parra explicó que Factop SpA fue constituida el 5 de noviembre de 2003 por Daniel, Ariel y Alberto Sauer. Posteriormente, ingresó como socio Rodrigo Topelberg, junto con sus hermanos Eduardo, Nicole y Andrea.
El 29 de diciembre de 2016 la sociedad fue transformada en una junta extraordinaria de accionistas.
"La actividad de captación de fondos del público la efectuaban directamente los imputados socios de las personas o a través de referidos socios de la empresa o a través de referidos o personas conocidas, especialmente el imputado (Alberto) Sauer Rosenwasser, quien convenció a un gran número de personas de su círculo de amistades y cercanos para entregar grandes sumas de dinero a Factop SPA", sostuvo Parra.
Promociones
La fiscal agregó que "los imputados promocionaban a Facto SPA como una empresa solvente, con un elevado volumen de negocios a las cuales irían destinados los fondos captados del público ofreciendo incrementar la rentabilidad de las respectivas inversiones (...) sobrepasando el promedio nacional de otros instrumentos de inversión y sin riesgo alguno, ofreciendo a sus clientes el pago de un interés total por su inversión que en promedio variaban entre tasas de un 0,5 al 2,5% mensual".
En ese sentido, afirmó que los acusados también promocionaban la solvencia de las empresas del grupo holding, sobre todo la sociedad STF Capital Corredores de Bolsa SPA "a la cual le atribuían la obtención de elevadas utilidades, lo cual resultó ser falso y completamente alejado de la realidad".
"La citada corredora fue objeto de un procedimiento administrativo sancionatorio llevado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que implicó primero la suspensión de sus actividades y finalmente la cancelación de su inscripción en el registro respectivo junto con la imposición de elevadas multas a sus administradores", precisó.
Relación de "cercanía"
La persecutora sostuvo además que "los imputados entregaban a sus víctimas documentos en respaldo de los montos captados, tales como cheques, pagaré, reconocimiento de deuda u otros. Sin embargo, toda la información entregada en la práctica no solo era falsa, sino que se trataba de un fraude en el cual a través de la emisión de facturas falsas aparentaban solvencia y el buen estado de sus negocios", con lo que los imputados se apropiaban "de las sumas de dinero entregadas por las víctimas".
La fiscal narró una serie de casos en donde las víctimas fueron perjudicadas con alta sumas de dinero, incluso alcanzando los $1.112.121 millones.
Además, destacó la relación de "cercanía" entre los imputados y los afectados, quienes solicitaron el rescate del monto invertido sin que la devolución se concrete.
Como garantía, dijo la persecutora, los imputados entregaban cheques a los afectados, sin embargo, estos eran protestados en el momento del cobro.
"Los imputados no destinaron los fondos captados a las operaciones de factoring que decían realizar, sino que los destinaron a otros fines no declarados a su cliente, simulando las operaciones de factoring a través de la emisión de facturas falsas, tanto de sociedades en las cuales eran socios como también de otras sociedades cuyos sueños eran terceras personas relacionadas con los imputados creando así la apariencia de un negocio serio y solvente", dijo Parra.
