El próximo 2 de febrero se cumple un año desde que el megaincendio en la Región de Valparaíso destruyó hectáreas de vegetación, pero también viviendas y vidas. En total, hubo 137 víctimas fatales, más de 16 mil damnificados y 4.500 casas destruidas en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.
El siniestro se originó por la acción humana y hasta ahora, son siete los sujetos imputados por la tragedia. Los primeros en caer a raíz de la investigación de la Fiscalía de Valparaíso y de la PDI, fueron Francisco Mondaca y Franco Pinto.
El 4 de mayo, Mondaca, de entonces 22 años, fue detenido en las dependencias de la 13° Compañía de Bomberos de Placilla, donde se desempeñaba como voluntario. En tanto, el 24 de ese mes, cayó Pinto, quien era funcionario de la Conaf, y había trabajado una década "combatiendo incendios", según dijo el entonces director del organismo, Christian Little.
La acción concertada y dolosa de ambos sujetos -según la imputación de la fiscalía- y se conoció que ambos estaban involucrados en el inicio de una veintena de otros siniestros. Con el paso de los meses, se detuvo a otros cuatro sujetos, quienes de acuerdo a la Fiscalía de Valparaíso, formarían parte de una "asociación criminal" para realizar incendios.
Según conoció Emol, la causa se encuentra en etapa investigativa con diligencias en curso, y todos los imputados a la fecha permanecen en prisión preventiva.
Pese a que la zona se ha visto afectada por grandes tragedias asociadas a los incendios, la conmoción e impacto de este último gran incendio en la región quedó expresada en una frase del Presidente Gabriel Boric: "Es la tragedia más grande que hemos vivido como país desde el terremoto del 27-F", dijo en uno de sus despliegues en terreno.
El despliegue tenía el objetivo de iniciar los procesos de ayuda a los damnificados. "
Apagado el fuego, vendrá fase de catastro, ayudas tempranas y reconstrucción. Nos pondremos de pie", sostuvo el Presidente el 4 de febrero. Un mes después, el Gobierno
fijó la meta para la reconstrucción transitoria: "De aquí al invierno todos tienen que tener un techo", sostuvo Boric, en una vocería donde intentó responder a las múltiples críticas que venían surgiendo en torno al proceso.
Sin embargo, a la fecha, continúan los emplazamientos, críticas y dudas en torno a la reconstrucción, mientras avanzan las querellas por parte de los familiares de los fallecidos y de quienes perdieron sus viviendas. A un año del megaincendio, la incertidumbre es lo que más se encuentra en medio de los espacios vacíos que dejó la tragedia.
"Los recursos no han sido constantes"
Conforme avanzaron los meses, el compromiso que asumió el Presidente Boric pareció disiparse. Al menos así lo plantearon en varias ocasiones los propios damnificados y los abogados que iniciaron querellas contra diversas instituciones.
Y es que si bien se logró la detención de los imputados por el megaincendio, se abrió la arista por la búsqueda de responsabilidades de distintos organismos que estaban a cargo de prevenir y responder oportunamente a la emergencia. De paso, desazón por el lento avance de la reconstrucción, a casi un año del siniestro, no logra disiparse.
Luis Villanelo, parte del comité de crisis y uno de los vecinos afectados por el incendio en El Olivar, en Quilpué, cuenta a este medio que cada una de las calles donde hay afectación tiene su propio delegado. A ellos les llegó la información de que "hace dos semanas nos llamaron para decirnos que nos otorgaron el subsidio, pero todavía hay que esperar que las casas estén habilitadas, nosotros calculamos que en junio o julio podrían estar trabajando por acá".
Villanelo tiene un kiosko que él mismo levantó en la zona -con sus propios recursos- y en un terreno que una vecina le cedió para poder emplazarlo. Por ahora, y a la espera de la recontrucción, arrienda la casa de otra vecina que se fue del lugar, precisamente producto de los incendios.
Según dice, los recursos que han llegado "no han sido constantes; el Gobierno lo corta y lo da, lo corta y lo da. Llega retrasado, lo suspedieron un tiempo, y antes lo entregada Hacienda y ahora el Serviu, pero a algunas personas le entregan la mitad, porque no tienen los datos ni la información correcta". Esta situación abre una nueva incertidumbre para ellos: el siguiente aporte deberían recibirlo a fin de mes, "pero no sabemos", comenta. El vecino cuenta que son ellos quienes se han acercado a las autoridades para pedir las ayudas, allá dice, no han visto a las autoridades.
"La negligencia del Estado fue abismante"
La oficina del abogado Felipe Olea representa a 150 familiares de más de 50 personas fallecidas en la tragedia, y a otros 300 propietarios que buscan compensaciones por los daños materiales sufridos, especialmente en Quilpué y Viña del Mar.
En conversación con Emol, cuenta que han seguido dos líneas de litigio: "en un primer término, hemos desarrollado una ofensiva penal por medio de querellas criminales con solicitudes diligencias determinadas, donde nos hemos esforzado en contribuir a la investigación que terminó por desbaratar la organización ilícita que buscó lucrar con estos incendios y que sea denominado públicamente como el cartel del fuego", y según comenta, seguirán en este proceso hasta llegar a los cabecillas.
En paralelo, se iniciaron acciones indemnizatorias de carácter civil mediante la presentación de medidas prejudiciales probatorias, "en donde solicitamos la exhibición de documentos a los siete organismos que consideramos responsables de los hechos: la gobernación regional, la delegación presidencial, la subsecretaría de telecomunicaciones, Conaf, Senapred, y las municipalidades de Quilpué y Viña Del Mar".
"Estas diligencias se llevaron a cabo el pasado miércoles, constatando lo que era evidente: que la negligencia del Estado fue abismante", sostiene Olea.
Arremetida contra autoridades
Ayer viernes concluyeron las audiencias de exhibición de antecedentes que buscan dar cuenta de "la negligencia e inacción de las autoridades", según Olea. El abogado detalla una serie de situaciones que darían cuenta de esa conducta.
Sobre el gobernador regional Rodrigo Mundaca (IND), sostiene que "no solo no tiene registros de qué hizo en el ejercicio de su cargo entre el viernes a las 17:00 hasta el sábado a las 6:00; sino que se niega a proporcionar cualquier correo electrónico de coordinación con las autoridades de la región durante la tragedia, bajo el pretexto de que se le incautó el teléfono con ocasión del caso convenios".
En cuanto a la
Delegación Regional Presidencial (DPR) de Valparaíso, afirma que "tampoco posee una bitácora del día de los hechos"; además "el primer registro del Cogrid regional es a las 22:00; y recién a esa hora se habla de evacuación. Preguntamos por las comunicaciones con las fuerzas armadas y no se nos entregó nada".
En cuanto a Senapred, detalla que si bien tiene bitácora, "no registra ningún antecedente hasta las 16:00 hrs. ¿Dónde iba el fuego a eso a de las 16:00 hrs? Faltaban sólo dos horas para que comenzara la tragedia urbana, ¿se pudo haber evitado?", inquiere. Asimismo, se ha consultado por sumarios de responsabilidad administrativa, "y a casi un año de la tragedia aún no concluyen y se encuentran bajo secreto", sostiene.
Sobre la Subtel, el representante de los familiares de los fallecidos en la tragedia afirma que "tampoco nos acompañó el decreto de emergencia que debió pronunciar el pasado 2 y 3 de febrero con motivos de la emergencia para activar el roaming, que hubiese permitido hacerle frente a la destrucción de las antenas que no permitió que las alarmas SAE alertaran a la ciudadanía".
Y respecto a Conaf, el abogado afirma que el organismo "ha reconocido que no se instruyó ninguna investigación interna a raíz de los hechos para determinar responsabilidades personales adentro de la institución", no obstante, "nos ha proporcianado importante información respecto a todos los contratos de suministros que fueron utilizados el día de los hechos que nos permitirán revisar cómo se utilizaron los recursos y quiénes fueron los que más lucraron".
Ayer, la Contraloría emitió un informe donde identificó fallas en los sistemas de comunicación de la Conaf que impactaron negativamente en la coordinación con Senapred durante los incendios. El ente contralor concluyó que el organismo no realizó pruebas anteriores a la temporada de incendios para evaluar la efectividad de estos sistemas ni tomó medidas preventivas para garantizar su funcionamiento en situaciones de emergencia, comprobándose que, para el megaincendio, hubo intermitencias en los sistemas de telefonía, radiocomunicaciones VHF y satelital utilizados por Conaf.
Otro hallazgo relevante es que este último organismo no efectuó modelamientos específicos para los sectores afectados ni proyectó el avance de los incendios, lo que implicó no poder entregar correctamente a Senapred datos como el estado de las amenazas, su nivel de peligrosidad y las medidas requeridas para emitir alertas a la población y autoridades pertinentes.
Las cifras de la reconstrucción
En agosto del año pasado, los propios funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) salieron a criticar el plan de construcción de las zonas afectadas por el megaincendio. Según acusaron, existe una "deficiente planificación" por parte del nivel central del Ministerio de Vivienda y que los avances "son escasos". De hecho, el propio titular de la cartera, ministro
Carlos Montes,
admitió en septiembre que ha existido tardanza en el proceso.
"Lo que tenemos hoy es un balance doloroso. Si bien se han realizado notables esfuerzos, lamentablemente no se ha avanzado con la rapidez requerida. Todavía contamos con un gran número de familias sin solución concreta, porque las propuestas para ella todavía están en construcción".
Diego Ibáñez, diputado FA
Eso llevó a que el diputado Diego Ibáñez (FA) solicitara formalmente la salida del director del Serviu Valparaíso, Rodrigo Uribe (PS), quien a la fecha sigue en el cargo. A cuatro meses de sus descargos, el diputado señala que "lo que tenemos hoy es un balance doloroso. Si bien se han realizado notables esfuerzos, lamentablemente no se ha avanzado con la rapidez requerida. Todavía contamos con un gran número de familias sin solución concreta, porque las propuestas para ellas todavía están en construcción".
"Si bien el gobierno le puso urgencia, es una vergüenza que el Senado aún no apruebe la ley de incendios. A pesar de la gravedad de la situación la indolencia y lentitud de los parlamentarios es un reflejo de la desconexión con la ciudadanía y su falta de compromiso con la seguridad y el bienestar de los chilenos", cerró Ibáñez.
Según la información a la que accedió este medio desde el Serviu de Valparaíso, a la fecha, el universo de atención corresponde a 3.047 viviendas con algún tipo de daño que pertenecen a familias hábiles de recibir subsidio por parte del Minvu. De ellas, 2.358 viviendas regulares no son reparables; 566 viviendas corresponden a familias de campamentos del catastro Minvu no reparable; y se contabilizan otras 123 viviendas con daños menores y moderados.
A enero de 2025, hay un 35% de familias con daño no reparable regular que cuentan con un proceso de reconstrucción en desarrollo, y se han entregado 591 subsidios habitacionales a familias hábiles de sectores regulares de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, con diferentes tipos de ayuda.
Además, hay 300 familias con asistencia técnica, contratada por Serviu, para guiarlas en el proceso de solución definitiva y nominarlas al subsidio habitacional que más se ajuste a sus necesidades.
En tanto, entre el 13 y el 24 de enero se está desarrollando un operativo especial de entrega de subsidios habitacionales para aumentar el número de familias que puedan acceder a este beneficio, con puntos de atención en el Hotel O'Higgins en Viña del Mar y en el Municipio de Quilpué, además del edificio del Serviu en Valparaíso.
Proyectos habitacionales y campamentos
De acuerdo a los datos del Serviu, en Quilpué hay 77 viviendas en construcción en canal Chacao, y 24 familias se han incorporado al proyecto Conjunto Hogar Dulce Hogar.
En cuanto a las viviendas industrializadas, se han ejecutado 41: 28 en Viña del Mar, 6 Quilpué y 7 Villa Alemana. Además, están en ejecución 131 viviendas autoconstrucción asistida (ACA) por parte de las familias.
En tanto, el Minvu ha realizado gestiones para la generación de cuatro proyectos habitaciones, de los cuales dos estarán en el sector de Reñaca Alto de Viña del Mar que combine a familias de esta reconstrucción y familias de procesos regulares de obtención de vivienda. En el Lote "A" se instalarán 240 unidades (para 72 damnificados); y en Lago Zenteno, 160 unidades (para 48 damnificados).
Desde el organismo afirman que también se están gestionando proyectos en la comuna de Quilpué que en total recibirán a 165 familias damnificadas.
En cuanto a los campamentos afectados por el incendio, "éstos ya eran parte del catastro Minvu, por lo cual, continúa la estrategia e intervención definida para cada sector de acuerdo a las dos líneas que dispone el ministerio: "radicación vía proyecto de urbanización, como es el caso del campamento Manuel Bustos que ya estaba en ejecución al momento del incendio; y relocalización donde las familias dejan el lugar para vincularse a un proyecto habitacional", detallaron.
En tanto, a través del Programa Quiero Mi Barrio, se ha realizado intervención en Canal Chacao Quilpué, Lomas Latorre, Los Almendros B, Villa Independencia, El Olivar Norte, El Olivar Sur en Viña del Mar, todo ello, con una inversión 10 mil millones.