Más de mil periodistas contratados por el Estado solo en el Gobierno Central

El manido discurso de que los periodistas están para incomodar al poder es cada vez menos una realidad. Mientras disminuye la proporción de quienes trabajan en los medios tradicionales, aumenta su participación laboral en agencias de comunicaciones privadas que suelen representar intereses de empresas y otras instituciones y, sobre todo, crece el número de periodistas que trabajan para el Estado, que hace ya bastante tiempo es, por lejos, su principal empleador.

Un fenómeno mundial que tiene en Chile un ejemplo digno de analizar. Favorece esta tendencia la controvertida idea que muchas veces aflora como excusa entre quienes ejercen tareas de gobierno: "Más que un problema de gestión se trata de un problema comunicacional", repiten una y otra vez como un mantra. De ahí su creciente interés por reforzar este último aspecto, como una forma de conservar el poder político e incrementarlo si fuera posible. Es el Estado y sus autoridades que ven en las comunicaciones una forma de protegerse a sí mismos.

Ministerios, reparticiones públicas e incluso autoridades de la más variada naturaleza, como parlamentarios, gobernadores, alcaldes o seremis, cuentan con grupos de periodistas y otros profesionales a su disposición encargados de hacer las más variopintas tareas comunicacionales. No son pocas las instituciones públicas que tienen planillas de periodistas y otros empleados que realizan tareas de apoyo que superan con creces el tamaño de un medio de comunicación grande. Todo ello sin siquiera considerar los medios de comunicación estatales, como TVN, que tienen una lógica distinta.

Paradójicamente una profesión que tenía como misión central informar y vigilar el poder político, denunciando sus abusos, en parte ha ido derivando en servir precisamente a quien estaba llamado a controlar. Naturalmente, varias de las labores que realizan estos profesionales para el Estado son indispensables y de interés público, como aquellas que contribuyen a dar información institucional y responder a consultas ciudadanas, pero es innegable que otras actividades que se efectúan responden más bien a criterios político-partidistas o personales de las autoridades de turno, los que no están subordinados necesariamente al interés general.

Lograr levantar pautas noticiosas interesadas, desviar la atención de las informaciones que no le sean favorables y relevar aquellas que perjudiquen al adversario, en muchos casos, caen también dentro de las tareas comunicacionales que se ejecutan para el Estado. También ha sido frecuente en las distintas administraciones que los gobiernos contraten periodistas que trabajaban en medios de comunicación tradicionales (el Estado acostumbra a ofrecerles sueldos más altos), y no cabe descartar que una de las motivaciones de las autoridades sea, precisamente, lograr influencia en el medio del cual venía ese profesional.

Tratar de determinar con precisión cuántas personas trabajan para el Estado ejerciendo labores comunicacionales es casi imposible. Una primera aproximación es buscar cuántos periodistas laboran en las distintas instituciones públicas.

Al no existir un sistema integrado de quienes trabajan para el Estado, el ir repartición por repartición, servicio por servicio, hospital por hospital, etcétera, es ya una tarea titánica que nadie ha hecho. Con todo, cualquier resultado que dé un número de periodistas que trabajan para el Estado puede prestarse a equívocos, pues no todos esos profesionales hacen tareas comunicacionales y, por otro lado, muchos de quienes sí las hacen no son periodistas (por ejemplo, publicistas, diseñadores, sociólogos, cientistas políticos, entre otros). Dificulta también cualquier análisis el que la especificación del cargo no permita saber con exactitud las labores efectivas que se realizan.

Para este reportaje, "El Mercurio" hizo el ejercicio de buscar el número de periodistas que trabajan en cada uno de los ministerios según sus respectivas páginas web de transparencia activa (sean ellos de planta, a contrata o sujeto a honorarios). Se trata del Gobierno Central y no se incluyen, por ejemplo, los servicios descentralizados, delegaciones, gobernaciones y municipalidades. De acuerdo con ello, hay al menos 1.092 periodistas trabajando en los distintos ministerios y la Presidencia.

Entre las carteras que concentran el mayor número de periodistas están el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con 161 (57 de ellos realizan tareas comunicacionales); la Secretaría General de Gobierno (Segegob), con 130 periodistas (91 de ellos efectúan tareas comunicacionales), y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con 100 periodistas (65 de ellos realizan tareas comunicacionales). Por su parte, en Presidencia, al mes de noviembre, se registran 20 periodistas, de los cuales 15 trabajan en labores comunicacionales, incluyendo a los de producción y la avanzada presidencial.

De otro lado, para ver la tendencia analizamos la situación de la Segegob y comparamos el número de periodistas que hacían tareas comunicacionales el 2018 con noviembre de 2024. El 6 de julio de 2018, el diario La Segunda publicó un monitoreo de los periodistas que trabajan en labores comunicacionales en el gobierno. Según ese análisis, en la Secretaría General de Gobierno el 2018 había 49 periodistas en el área de comunicaciones. Hecho ahora similar ejercicio por "El Mercurio" a noviembre de 2024, se contabilizan 91 periodistas. Es decir, casi se duplica el número en seis años (ver gráfico).

Varios estudios publicados dan cuenta de que en general el promedio de las remuneraciones que obtienen los periodistas se aproxima a $1.500.000 mensuales. Así, por ejemplo, un estudio reciente del sitio de revisión de empleos Glassdoor estima que el pago total promedio para un periodista es de $1.433.333 por mes en el área de Santiago-Chile. En el sector público, al menos en el Gobierno Central, no se manejan cifras promedio de sueldos de periodistas o profesionales de las comunicaciones, pero una mirada al portal de transparencia activa de cada uno de los ministerios revela que una gran proporción de sus remuneraciones son bastante más altas que ese promedio.

Los mayores sueldos pueden sobrepasar o asemejarse incluso a los de los ministros. Es el caso, por ejemplo, de Pablo Paredes, director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) —publicista y licenciado en comunicaciones—, que tiene una remuneración bruta de $7.872.454 y un monto mensual de bonificación de $1.086.953. Es un sueldo más alto que el de la ministra Camila Vallejo, cuya remuneración bruta asciende a $7.377.520 y percibe monto mensual de bonificación de $405.648 (ver más antecedentes de la Secom en recuadro).

También es el caso del encargado de comunicaciones del Minvu, el periodista Emilio Espinoza, que tiene una remuneración bruta de $7.009.394 y un monto mensual de bonificación de $1.053.547 (en dos años ha visto casi duplicar sus ingresos). Un sueldo similar al ministro de la cartera, Carlos Montes, que tiene una remuneración bruta de $7.377.522 y un monto mensual de bonificación de $953.273. Bastante más bajo es el sueldo bruto de la periodista y magíster en sociología Nicole Vergara ($5.309.774 brutos), quien figura con un contrato a honorarios como "asesora en materias de coordinación de comunicaciones" de la Presidencia. Vergara se hizo conocida luego de que el Presidente Boric la recriminara públicamente durante la bullada conferencia de prensa sobre el caso Monsalve, el 18 de octubre de 2024.

Otra situación que llama la atención es que prácticamente cada seremi tiene su propio equipo de comunicaciones, con sueldos que en varios casos no se alejan tanto de lo que gana la autoridad regional. Así, por ejemplo, en la Seremi de Aysén del Ministerio del Medio Ambiente hay dos periodistas a contrata con una remuneración bruta de $3.738.891 (bonificación mensual de $277.978) y $3.221.831 (bonificación mensual de $234.038), respectivamente. Por su parte, la remuneración bruta del seremi de Aysén es de $4.860.987 (bono mensual de $263.565).

Desde la vuelta a la democracia, la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno de Chile (Secom), organismo dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno, ha sido una institución fundamental en las tareas de creación y difusión de la narrativa o "relato" de las diversas administraciones. Entre sus principales funciones está servir de órgano de informaciones del Gobierno; proveer a las autoridades la información actualizada del acontecer nacional e internacional, e identificar las necesidades globales y específicas de comunicación de las diferentes instancias gubernamentales.

En la práctica, en ellos recaen tareas comunicacionales como ser la primera línea estratégica para enfrentar las crisis; tratar de influir en los medios de comunicación para marcar la agenda con las pautas y énfasis que le interesen al Gobierno; alinear el discurso político de sus parlamentarios y partidos oficiales proveyéndoles directrices e insumos para el debate público (las famosas minutas que de cuando en cuando se filtran a la opinión pública), entre muchas otras.

Aunque no están disponibles cifras desagregadas sobre la cantidad de personas que trabajan en la Secom, no hay dudas de que se trata de una significativa y en aumento. El crecimiento del número de periodistas que trabajan en labores comunicacionales en la Segegob es un claro indicio de ello.

Jorge Selume, quien fuera director de la Secom durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, en su libro "Tiempos mejores" da una idea de lo grande de esa repartición. En una parte de ese texto cuenta que al ser interpelado por un subsecretario por una denuncia administrativa de una funcionaria de la Secom (del área de márketing) él contesta: "Subse, ¿usted cree que estoy preocupado de dónde se sienta cada quién? En la Secom trabajan más de cien personas". Es decir, ya en ese entonces en la Secom trabajaba más de un centenar de individuos, gran parte periodistas. Una especie de gigante comunicacional al servicio del poder de turno.

Como se indicó en la nota central, el actual director de este numeroso grupo de periodistas y comunicadores es Pablo Paredes, quien está en la lista de los más altos sueldos en el Estado, superando incluso al de la ministra Camila Vallejo. Por su parte, el subdirector, Sebastián Fierro, tiene una remuneración bruta de $6.389.151 y una bonificación mensual de $982.293. Entre el más de centenar de personas que trabajan en la Secom, está contratado a honorarios Juan Carvajal (quien fuera director de esa institución en el primer gobierno de Michelle Bachelet), que recibe un remuneración mensual de $4.637.681 para "posicionar autoridades" y hacer "estrategias comunicacionales". Hace algunas semanas el sitio El Mostrador publicó que el monto total recibido por Carvajal entre 2023 y 2024 alcanzó la cifra de $81 millones.

Lo que se aprecia en el Gobierno Central también está presente en las gobernaciones y, sobre todo, en las municipalidades. "El Mercurio" analizó la situación de tres municipios grandes y una gobernación regional con datos de noviembre de 2024. Estas cifras no necesariamente son las más altas entre las distintas municipalidades y gobernaciones.

Así, a esa fecha en la Municipalidad de Santiago trabajaban 24 periodistas, que ejercían diversas funciones. Al menos 13 tienen relación con labores comunicacionales (seis a contrata, seis a honorarios y uno de planta). En la Municipalidad de Puente Alto trabajaban 14 periodistas (seis en prensa) y en la Municipalidad de La Florida, 16 periodistas, nueve de los cuales ejercían labores de prensa y comunicaciones.

Por su parte, en la Gobernación de la Región Metropolitana aparecen 11 periodistas (ocho que trabajan en comunicaciones).