El director del Servicio de Migraciones (Sermig), Luis Thayer, abordó la
posible llegada masiva de extranjeros a Chile tras las investiduras de Nicolás Maduro en Venezuela y Donald Trump en Estados Unidos.
En esa línea, Thayer mencionó a EFE que "Chile no incentivará nuevos flujos migratorios" ni "cambiará su política migratoria fronteriza por una crisis en algún país de la región".
"Primero, hay que integrar a quienes ya están en el país y resolver las tensiones que se puedan dar o los problemas de integración y regularidad" señaló la autoridad.
En ese sentido, el director del Sermig señaló que pese a que "es prematuro" hablar de una nueva ola migratoria, el Gobierno "seguirá aumentando el control fronterizo y reduciendo el ingreso irregular".
Desde el Servicio Nacional de Migraciones calculan que los ingresos irregulares al país cayeron cerca del 37% en 2024 en comparación con el año 2023, y un 48% con respecto a 2022. Además, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 6,6 % de la población extranjera residente en Chile se encuentra en situación irregular.
Sobre esto, Luis Thayer señaló que "tener personas en situación irregular es un problema para la seguridad del país, para la integración y para la convivencia".
Cabe recordar que desde el Gobierno "están analizando" la posibilidad de abrir un
proceso de regularización acotado a cerca de 180.000 personas, quienes se empadronaron voluntariamente en 2023 y que tienen un arraigo laboral o familiar en el país.
"Esto distinguiría este proceso de cualquier otro realizado antes en Chile y en la región, en los que se han pedido pocos requisitos", precisó Thayer.
"Avances significativos con Bolivia"
Uno de los episodios que han marcado el primer período de gestión de Thayer, se encuentran las tensiones con Bolivia y Venezuela por su negativa de recibir a migrantes deportados desde Chile. Pese a esto, el director del Sermig celebra "logros significativos" en esta materia con Bolivia.
En diciembre de 2024 las ciudades de Santiago y La Paz firmaron un acuerdo histórico en el que ambos se comprometieron a aceptar el retorno de sus ciudadanos y de migrantes de terceros países.
Según explicó Thayer, esto "destrabó el impedimento de la reconducción y es el principal avance que hemos tenido en términos de colaboración migratoria con países vecinos".
Con una población total de 19,6 millones de personas, Chile acoge a cerca de 1,6 millones de migrantes, de los cuales casi un 33% son venezolanos, el principal grupo de extranjeros en el país que desde julio de 2024 no cuenta con apoyo consular por la orden de cierre de la Embajada de Venezuela en Chile por parte de Nicolás Maduro.
"2024, el año con más expulsiones administrativas desde 2018"
El Presidente Gabriel Boric prometió a finales de 2023 que se expulsarían más de 2.000 migrantes en 2024. Sin embargo, Thayer confirma que el año pasado hubo un total de 1.091 expulsiones, de las cuales 683 fueron vía administrativa, "el doble del promedio de expulsiones administrativas que se materializaron entre el 2008 y el 2021".
"El 2024 es el año en que más expulsiones administrativas se han producido desde 2018", agregó.
Además, Thayer descarta que a medida que ha ido avanzando el mandato el Gobierno haya endurecido su postura con la migración: "No ha habido ningún cambio, más bien estamos implementando el programa".
Recuerda que Boric enfatizó durante su campaña presidencial la necesidad de reducir la migración irregular y, junto con las Fuerzas Armadas, retomar el control en la frontera con Perú y Bolivia, que según Thayer, tuvo "una gestión deficiente en el pasado".
Resistencia a la migración
La inmigración, que en los últimos años ha aumentado de forma exponencial en Chile, se ha convertido, según varias encuestas ciudadanas, en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía: "Hay una cierta resistencia en la sociedad", asegura Thayer.
El Ejecutivo impulsó un proyecto de ley en junio de 2023 que aún se tramita en el Congreso para ampliar las causales de sanciones por varios delitos, aumentar los requisitos para la nacionalidad chilena, elevar las penas a los responsables de tráfico de extranjeros y, entre otras, retirar la residencia a quienes cometan infracciones reiteradas relacionadas con la convivencia (que incluyen riñas, ruidos molestos y venta ambulante).
Thayer sostuvo que con este proyecto "buscamos prevenir los conflictos entre nacionales y extranjeros y que, si se dan, los gobiernos locales tengan herramientas para abordarlos".
Thayer espera que el proyecto se apruebe dentro del primer trimestre de 2025, aunque debido al receso legislativo en el Congreso, solo queda el mes de marzo para conseguir su tramitación.