El jueves y viernes, respectivamente, la ministra de Defensa,
Maya Fernández y la senadora
Isabel Allende, comparecieron vía Zoom ante la Fiscalía -en calidad de imputadas- en el marco de la investigación por presunto fraude al fisco, a raíz de la querella contra el Presidente Gabriel Boric que presentó el abogado Raimundo Palamara.
Esto, por la fallida compraventa que la sobrina y nieta del exPresidente Salvador Allende suscribieron con el Estado, para vender la casa del exMandatario, ubicada en Guardia Vieja, en Providencia.
Tanto la ministra como la senadora usaron su derecho a guardar silencio. Ambas están representadas por la abogada Paula Vial -quien ha llevado casos mediáticos como el de Nicolás López y el exfutbolista Jorge Valdivia-, y fue precisamente la abogada y su equipo jurídico quienes le aconsejaron a las imputadas que tomaran esta vía: no declarar.
Esto ha abierto una serie de críticas en el mundo político contra las involucradas, puesto que si bien se trata, en efecto, de un derecho, se ha puesto en duda la verdadera "intención de colaboración" con la indagatoria. Esto, pese a que la defensa de ambas ha insistido en que están dispuestas a cooperar en este proceso.
El viernes, Vial emitió un comunicado donde explicó que Allende guardó silencio por su recomendación, "y declarará cuando lo consideremos oportuno, una vez que tengamos acceso a los antecedentes de la investigación y a la imputación".
"Quiero reiterar lo que la senadora Allende ha señalado en todo este proceso: Colaborará siempre con las instituciones y toda su actuación se ha dado en el marco de la buena fe", añadió.
Críticas del mundo político
La posición de hacer uso del derecho a guardar silencio ha abierto cuestionamientos incluso en el oficialismo. Según consigna El Mercurio, legisladores han señalado que el silencio contribuye a que persistan los cuestionamientos en torno al proceso de adquisición del inmueble.
En tanto, desde la oposición, diputados RN pidieron ayer al Presidente Gabriel Boric que le solicite la renuncia a la ministra Fernández, y señalaron, respecto de su negativa de responder a la fiscalía que "si bien es una garantía de naturaleza procesal, deja entrever una falta de transparencia y al menos un déficit en el compromiso de la ministra por esclarecer los alcances de lo ocurrido".
Desde el Gobierno, de todas formas, ha persistido la defensa hacia la ministra y senadora. Ayer, la titular del Interior, Carolina Tohá, advirtió que "el ejercicio de los derechos nunca puede ser visto como un obstáculo a las investigaciones. Son parte de las alternativas que la ley considera".
Quien sí prestó declaración -y la única hasta el momento- fue la ex ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, también en calidad de imputada. Ayer, la removida ministra -a causa de la polémica de la compraventa- compareció por más de tres horas ante el fiscal Patricio Cooper.
Qué implica usar el derecho a guardar silencio
En conversación con Emol, abogados penalistas detallan qué implica hacer uso del derecho a guardar silencio en una indagatoria. Cristian Riego, abogado penalista de la UDP, comenta que el derecho a guardar silencio "es una manifestación del derecho de los imputados a actuar con autonomía dentro del proceso. O sea, el imputado puede hacer en el proceso lo que a él le parezca. Puede hablar, puede no hablar, puede entregar información o puede no entregar información, según le convenga. En consecuencia, siempre puede quedarse callado".
"En el caso de estas declaraciones iniciales, la ley incluso obliga al fiscal o al policía que le tome la primera declaración a informarle de ese derecho para que la persona pueda estar en condiciones de decidir si habla o no habla", añade.
Por su parte, Gustavo Beade, abogado penalista de la U. Austral, agrega que "el fundamento de ese derecho es que las personas no pueden sentirse obligadas a declarar, como por ejemplo un testigo que tiene una obligación de declarar bajo juramento, porque si existiera esa obligación las personas podrían autoincriminarse, que es lo que se quiere evitar. Lo que se trata de esto es que las personas acusadas de delitos cuando estén preparadas puedan dar la información que quieran dar y en la forma en la que quieran darnos".
El "deber político" vs "la estrategia"
Explicado aquello, Riego comenta que en este caso en concreto sobre la fallida compraventa, se trata de "una situación complicada, porque no cabe duda que cualquier imputado tiene derecho a guardar silencio, pero los ministros de Estado tienen el deber, yo diría político, de ser transparentes con la población y de dar a la ciudadanía explicaciones acerca de sus conductas, de sus políticas, del uso de recursos, etcétera, etcétera".
"Creo que un ministro, o en general una autoridad o un político importante, cuando hace uso de derecho a guardar silencio en un asunto de interés público, vinculado con su ejercicio como ministro o como autoridad, debe renunciar. No puede pretender ampararse en el derecho a guardar silencio para no dar explicaciones acerca del desenvolvimiento de su rol como funcionario público. Y a mí me parece, por tanto, que la ministra, al hacer lo que hizo, traicionó su deber frente a la ciudadanía", comenta.
A juicio de Beade, y en el caso específico de la senadora Allende, comenta que "parece razonable que después de todo lo que se dijo y todas las derivaciones que tuvo el caso, lo mejor es esperar y tener claridad sobre cuál es la acusación, que puede ser una acusación que no sea tan contundente o que exija que ella tenga que responder a esa acusación de alguna forma, y probablemente puede ser que su estrategia sea esperar que esa acusación vaya perdiendo fuerza. Entonces no tiene ningún sentido decir algo en este momento".
"Pero más allá de eso, existe una regla bien general que probablemente sea contradictoria con lo que muchas personas puedan pensar, donde se dice que 'bueno, si es culpable, si es inocente, entonces por qué no se defiende, si está callándose entonces quiere decir que es culpable'. Todas esas formulaciones que uno hace habitualmente en el proceso de penal no se aplican", aclara.
