En un cónclave realizado el pasado fin de semana, el
Frente Amplio (FA) definió su hoja de ruta política para este año, centrando sus esfuerzos en el proceso de
reconstrucción tras los megaincendios que afectaron a la región de Valparaíso en 2024, y en la consolidación de una
candidatura presidencial.
El debate sobre la reconstrucción se da en la misma semana en que el Gobierno removió al director del Serviu, creando tensiones en el oficialismo. La crisis alcanzó un punto crítico cuando los damnificados amenazaron con una huelga de hambre para obtener el Bono de Acogida.
El anuncio del delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, fue lo que generó rechazo en los afectados, el cual declaró que "con la entrega de este Bono de Acogida en enero, consideramos que la etapa de ayudas tempranas está concluyendo". Además, el bono presenta una categorización entre familias "hábiles", las cuales recibirían 10 UF, e "inhábiles", las cuales recibirían 5 UF, para el proceso de reconstrucción, causando un descontento entre los damnificados.
A pesar de que el conflicto sobre el Bono se solucionó, según El Mercurio Valparaíso la respuesta a los afectados aún estaría lejos de consolidarse y el FA plantea la "urgente necesidad de dar respuesta a los dolores de la gente en la región", advirtiendo la obligación de "enfrentar de mejor manera el proceso de reconstrucción".
Reacciones
En cuanto a la reconstrucción, la core de Marga Marga, María Elena Rubilar, lo plantea como "tema muy sensible en mi provincia, en que dos comunas fueron afectadas y es urgente que este proceso se agilice". En ese sentido se mostró crítica con su propio gobierno, convencida que "los vecinos y vecinas no pueden seguir esperando una solución habitacional o que ahora sí les toque bono o no, a casi un año del incendio".
Por otro lado, el senador Juan Ignacio Latorre hace un llamado a "no hacer utilización política y electoral con el dolor de las víctimas", añadiendo que "hay una dimensión ética fundamental en cómo se aborde lo que se ha realizado y lo que está pendiente".
La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, acusó al gobierno de actuar con "poca diligencia y empatía" y se comprometió a trabajar por la salud mental y la reconstrucción de la comunidad.
