Se avecina un intenso debate en torno a la reforma electoral, y uno de los puntos que ha generado mayores diferencias son las recientes indicaciones del Gobierno sobre el voto de personas extranjeras.
En esa línea, el Ejecutivo defiende la restricción del sufragio para inmigrantes, estableciendo que los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años —mayores de 18 años y sin condenas por pena aflictiva— solo podrán votar en elecciones municipales y plebiscitos comunales. Además, deberán presentar un certificado de antecedentes de su país de origen ante el Servel.
Desde la oposición han acusado al Gobierno de haber presentado estas indicaciones con un cálculo electoral en mente, argumentando que la exclusión de extranjeros de las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales beneficiaría al oficialismo.
El presidente de la comisión de Constitución de la Cámara, Miguel Ángel Calisto (Ind.- Partido Demócrata) respaldó que "hay que regular la forma en que votan los extranjeros en nuestro país, tratando de asegurar que quienes voten evidentemente sean personas íntegras y que no hayan cometido ningún delito". Sin embargo, a su juicio, en las indicaciones del Ejecutivo "se ve una marginación de muchos extranjeros que hoy cumpliendo con los requisitos y estando legalmente en nuestro país son puestos en la misma condición de quienes son irregulares y eso no se puede permitir".
"Ese es el caso de los profesionales venezolanos, por ejemplo que trabajan incluso en servicios públicos quienes por haberse roto las relaciones diplomáticas con Venezuela por parte del dictador Maduro no podrán ahora conseguir un certificado de antecedentes con menos de 30 días de antigüedad o aquellos refugiados de esos países que están en guerra, como Ucrania. Esto es francamente vergonzoso y creo que el Gobierno debe regular, pero más bien debe desistir, pues hay otras formas más honestas de ganar elecciones que hacerlo por secretaría pensando que el voto de inmigrantes representan a un determinado sector político".
El presidente de la comisión de Gobierno del Senado, Manuel José Ossandón (RN), comentó a El Mercurio que "estamos hablando de una ley que lo único que busca es que no voten los extranjeros. Creo que el Gobierno debiera ser más honesto y decir de frente que por conveniencia electoral no quiere que vote ningún foráneo, especialmente los venezolanos".
Por su parte, la senadora Luz Ebensperger (UDI) argumentó que es necesario regular el voto de los extranjeros y que se soliciten antecedentes penales. No obstante, subrayó que "no parece correcto, como quiere el Ejecutivo, que puedan sufragar en algunas elecciones y en otras no".
Por su parte, el diputado del Partido Republicano, Jose Carlos Meza acusó que "nuevamente el Gobierno improvisa en materia electoral, y presenta cambios a la ley de última hora, probablemente con la calculadora en la mano".
"Desde Republicanos vamos a defender siempre el voto universal, secreto, libre e informado, y así como los chilenos avencindados en el extranjero pueden votar, creemos que los extranjeros que entraron por la puerta, de manera legal, llevan un tiempo razonable en el país y son un verdadero aporte a la sociedad, también deben tener el derecho de votar. Esta discriminación propuesta por el Gobierno muestra claramente su ímpetu: castigar al inmigrante legal y premiar al ilegal. Si estas propuestas no vienen acompañadas con medidas de tolerancia cero a la inmigración ilegal, un cierre definitivo de todos los pasos clandestinos, y una barrera física contundente, serán la muestra mas potente del compromiso del Gobierno con la inmigración ilegal", añadió.
En respuesta a la ola de cuestionamientos desde la oposición, el diputado Jorge Brito (FA) valoró la propuesta del Gobierno y aseguró que "esto viene a resolver un asunto pendiente".
"La oposición en vez de buscarle la quinta pata al gato y criticar por criticar debiese valorar que el Gobierno está proponiendo resolver un asunto que debiese estar vigente para las elecciones de final de este año, por eso les animamos a que contribuyan a su pronta tramitación", cerró el legislador.
