El jueves 27 de febrero es el plazo fatal para que se concrete el desalojo de la megatoma de San Antonio, donde viven más de 10 mil personas, que en su mayoría, se asentaron desde 2019.
El terreno usurpado pertenece a la inmobiliaria San Antonio, que en 2023 puso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso -el que fue acogido para desalojo-, pero una serie de fallos y dilaciones ha llevado a que el tribunal de alzada ahora determinara que el tiempo está agotado y se debe concretar la medida. Eso sí, de manera "razonable y paulatina".
Lo anterior implica que el desalojo se desarrolle por divisiones cuadriculares y se proteja la integridad, especialmente, de los grupos más vulnerables, como niños, niñas y adolescentes, personas de la tercera edad y con discapacidad.
De todos modos, los habitantes de los paños usurpados afirman que pueden haber consecuencias incluso fatales si se concreta el desalojo. Así lo planteó a El Mercurio de Valparaíso, Karina Ayala, vocera del Comité Nuevos Aires de la toma: "Lo que se está haciendo ahora es hacer un enfrentamiento entre los pobladores y la fuerza pública, donde (habrá) más de algún herido, algún muerto. Toda esa responsabilidad de lo que pase aquí se le endosamos al Gobierno, porque el Gobierno no se puso los pantalones", expresó.
El diagnóstico de Ayala no se aleja del que tiene Diego Pereira, abogado representante de la inmobiliaria San Antonio, dueña de los terrenos. Ayer, en conversación con Emol, afirmó que si bien hay voluntad de los propietarios para vender y evitar el desalojo, el Gobierno "no cumplió" con compromisos asumidos que podrían haber dado un mejor desarrollo a este proceso.
"Bajo esas condiciones de incumplimiento constante de los compromisos que ellos habían asumido con nosotros en las reuniones, hoy, faltando nueve días para el desalojo efectivo mediante la intervención de Carabineros, no existe ningún tipo de acercamiento real y efectivo. O sea, no tenemos ningún punto de encuentro con el Gobierno", subrayó.
Esto, mientras el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y el subsecretario del Interior, Luis Cordero, esperan reunirse con los propietarios el lunes, con la intención de llegar a un acuerdo que les permita tener "más tiempo" para buscar alguna salida habitacional a los pobladores, o para poder revisar la eventual compra del terreno de 257 hectáreas cuyo precio llega a 0,69 UF el m2.
En conversación con Emol, expertos revisan las eventuales soluciones que podrían abrirse para las familias si es que se concreta el desalojo. La mayoría coincide en que se trata de un escenario "de gravedad", que no tuvo solución oportuna y que requerirá de un plan integral para lograr, en alguna medida, encauzar lo que ocurra después del 27 de febrero.
Vista de la megatoma en San Antonio, la que abarca 257 hectáreas. Foto: El Mercurio.
"El escenario es de gravedad"
Para Uwe Rohwedder, urbanista de la U. Central, se ve complejo que se llegue a un acuerdo por el precio fijado, y "para no seguir generando otro precedente para solucionar estos temas, ya que estamos en número creciente en tomas en los últimos años. El escenario es de gravedad, ya que un desalojo de 10mil personas y 4 mil familias con niños".
En esa línea, sostiene que el no tener un plan de reubicación, aunque sea pasajero o temporal, "puede, por un lado incrementar la gente sin casa y por otro, puede esperarse una resistencia de parte de los ocupantes que se habían organizado en cooperativas para acceder a subsidios. El único subsidio a estas alturas que se podría ocupar es uno de arriendo para que se puedan ubicar en la zona".
Por su parte, Pablo Allard, Decano de la Facultad Arquitectura UDD, comenta que "estas son tomas recientes, post-estallido. Por lo que hubo tiempo para evitar su consolidación y buscar alternativas. La alcaldesa Frenteamplista del momento (Macarena Ripamonti) no se atrevió a desalojar a tiempo antes que se consolidara, pese a las solicitudes de los propietarios".
"El problema de romantizar las tomas y usarlas como herramienta política para mostrar la idea de David contra Goliat, o de los inmobiliarios voraces contra las familias pobres es que al final demuestra ser más injusto con miles de familias que llevan años esperando una solución", subraya.
En esa línea, recuerda que la toma "no solo afecta el derecho de propiedad y un gran proyecto urbano, sino además compromete el camino de acceso al mega puerto de San Antonio, que es una infraestructura crítica para el desarrollo futuro del país".
¿Es viable el desalojo masivo?
A juicio de los expertos, las opciones ante un desalojo masivo son prácticamente nulas en este punto, a menos que se logre llegar a un acuerdo entre los propietarios y el Estado.
Alejandro Orellana, arquitecto y académico del departamento de Arquitectura de la U. de La Serena, comenta que "
la alternativa de desalojar de una vez es impracticable, porque no se tiene de capacidad logística (personal de la fuerza pública, maquinaria, transporte, etc.), tampoco se tienen alternativas inmediatas de vivienda para las familias desalojadas lo que podría generar una grave crisis social. También puede generar enfrentamientos o episodios de violencia que tengan consecuencias fatales y se agrave más el problema".
Iván Poduje, ex candidato a alcalde por la comuna de Viña del Mar y director de Atisba, coincide con el diagnóstico, y subraya que el Estado en este momento "no tiene muchas alternativas", y que el desalojo es "política y físicamente inviable". Considerando la magnitud del asentamiento y que se trata de familias con niños, "la verdad es que no hay ninguna opción de erradicar o sacar por las fuerzas a esas personas", tanto por escasez de fuerza policial y por los factores humanitarios.
"Tampoco hay viviendas donde localizar a esas familias, ni albergues. Por lo tanto, la verdad es que esto no tiene salida. La única salida es que se llegue a un acuerdo entre el propietario y el Estado", subraya.
Una de las miles de casas instaladas al interior de la megatoma de San Antonio, las que presentan distintas materialidades en su construcción. Foto: El Mercurio.
¿Qué opciones le quedan al Gobierno?
En el caso de que no hubiera un acuerdo entre los propietarios y el Estado, y se debiera avanzar en el cumplimiento de lo dictado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, los expertos apuntan a que una opción es el desalojo "por etapas", aunque también ven varios contras en esto. Otra vía, es un plan multidimensional de varios pasos, que replique en cierta forma lo que se hizo en 2005, con la toma de Peñalolén.
"El desalojo escalado podría acotar el conflicto social y alargar el proceso, pero las dificultades logísticas de esto también son enormes y tampoco asegura que no se produzcan hechos de violencia", comenta Orellana.
0,69 UF por m2 es el valor que han fijado los propietarios para vender el terreno usurpado
Para Allard, la solución
debería ser multidimensional, con un plan claro, con metas y fechas, que siga varios pasos, que aunque reconoce que son complejos, "se logró hacer con la toma de Peñalolén y así se evitaron tomas posteriores después del 27F".
"En primer lugar, habría que sacar a los usurpadores aprovechadores, es decir, familias o personas que ya tienen una vivienda o no son elegibles de subsidio. Que participaron en la toma como una oportunidad para acceder a una propiedad gratis o a bajo costo", comenta.
En segundo lugar, señala que se deben "implementar aldeas de emergencia para quienes deben ser desplazados o están están en zona de riesgo, similares a las que se hicieron el 2010 para el 27F, que duraron 4 años en terrenos fiscales o arrendados. Fueron cerca de 5 mil familias y todas accedieron a una vivienda definitiva dentro del plazo definido".
Como tercer elemento, añade que se debe generar un subsidio o bono de arriendo a adultos mayores que no requieren ser propietarios; en cuarto lugar, apunta a "intervenir y desmantelar la operación de los narco loteadores".
En quinto punto, el arquitecto comenta que el Serviu deberá "comprar algunos terrenos o desarrollar proyectos en terrenos que estén disponibles para construir viviendas definitivas lo más cerca posible de la toma".
"En sexto lugar, avanzar en la compra por parte de la cooperativa de 3.200 familias de la toma que ya están inscritas. Esta operación contaría con financiamiento del BancoEstado y garantía del Estado. Sin embargo, el punto de conflicto sigue siendo el valor del metro cuadrado. Mientras el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) propone 0,58 UF, los propietarios exigen 0,69 UF"; y por último, "iniciar un programa de radicación y urbanización de aquellas familias que puedan quedarse".
A nivel macro, Rohwedder añade que "se necesita trabajar como política pública en la disminución del déficit habitacional, en base a acuerdos importantes; de presupuesto para acelerar la construcción de viviendas, entendiendo que se ha avanzado con el banco de terrenos y tendríamos suelos disponibles".
"También es urgente trabajar alianzas estratégicas con constructoras, innovar en la optimización de los procesos constructivos, reevaluar traer o montar alguna empresa de prefabricación de viviendas con el cuidado por zona geográficas clima y culturas", cerró.
