Municipalidad de Valparaíso.
El Mercurio/Archivo
A poco más de un mes desde que Camila Nieto asumiera como alcaldesa de Valparaíso, El Mercurio Valparaíso informó sobre la presentación de seis recursos de protección a finales de 2024 por parte de exfuncionarios municipales vinculados a la administración de Jorge Sharp. Los demandantes acusaron despidos arbitrarios y acciones ilegales por parte del nuevo gobierno comunal, solicitando ser reincorporados a sus cargos.
Tras varias semanas de espera, la Corte de Apelaciones de Valparaíso dio a conocer su fallo respecto a tres de esos recursos, dos de los cuales resultaron favorables para los trabajadores desvinculados, abriendo la posibilidad de que retomen sus funciones. Entre ellos se encuentran Virsela Peirano, quien se desempeñaba en la Dirección de Administración y Finanzas, y Pedro Jorquera, del Departamento de Fiscalización de la Dirección de Seguridad Ciudadana.
Cabe recordar que todos los exfuncionarios que emprendieron acciones legales contra el municipio de Valparaíso tenían contratos vigentes hasta fines de 2024. Sin embargo, el 13 de noviembre de ese mismo año, un día antes de renunciar al cargo para enfocarse en sus proyecciones parlamentarias, Jorge Sharp firmó un decreto que extendía sus contratos durante todo 2025. A pesar de ello, a finales de noviembre, mientras la concejala del PC Alicia Zúñiga ejercía como alcaldesa subrogante, varios de ellos fueron notificados de que sus contratos no serían renovados.
Error administrativo
El principal argumento considerado por la Corte para fallar a favor de los excolaboradores de la gestión de Sharp fue que la única notificación que recibieron por parte del municipio fue un correo electrónico enviado el 29 de noviembre, donde se les informó que, a diferencia de lo estipulado en el decreto firmado por Sharp, sus contratos no serían renovados para 2025.
Se trata, según la abogada que los defiende, Ambar Muñoz, de que en derecho "hay un aforismo que asegura que las cosas se deshacen de la misma forma en que se hacen", dejando claro que "acá se trató de desvincular a los trabajadores de forma incorrecta, ya que lo que correspondía era hacerlo por decreto alcaldicio, tal como hizo el exalcalde cuando renovó las contratas".
A pesar que los mecanismos de desvinculación estaban claros, la abogada contó que "a los funcionarios solo se les envió un simple correo electrónico". Sobre qué pasó con el Decreto 574, que revocaba la decisión de renovar contratas, Ámbar Muñoz asegura que "aparece sólo para efectos de la Corte, ya que antes nosotros no teníamos conocimiento, ni mis representados fueron notificados de su existencia".
Según ella, "hubo un error administrativo por parte del municipio y por eso la Corte de Apelaciones lo que está haciendo es devolver a la legalidad que corresponde, con los trabajadores que deberán ser reincorporados". "Ahora los funcionarios deberán incorporarse a sus trabajos y el municipio les deberá pagar todo el tiempo que no estuvieron", explicó la abogada, convencida de que los demás recursos también serán favorables para los exfuncionarios y que, en caso de llegar a la Corte Suprema, se ratificarán los fallos vigentes.
Dudas de concejales
Leonardo Contreras, concejal de RN, le causa extrañeza que "sin ser notificados de un decreto posterior para revertir las contratas de 2025, los exfuncionarios únicamente reciban un correo de no renovación que no tiene el valor jurídico para dejar sin efecto el decreto que firmó Sharp". Con esa información, dice que ve "una trampa y por ello vamos a pedir una fiscalización al Departamento de Personal y también a la Dirección de Asesoría Jurídica para determinar las responsabilidades del caso".
"Es un error manifiesto, improcedente, que se intente dejar sin efecto un decreto alcaldicio a través de un correo electrónico", agregó, mostrando, según dijo, "serias sospechas de que esto sea una artimaña de la gente de Sharp y que el error administrativo lo cometieron cercanos a su gestión, porque esto se hizo cuando Camila Nieto todavía no asumía el cargo".
Por otro lado, el edil Miguel Vergara (Partido Republicano) considera que "este error pone en evidencia una falencia en la gestión administrativa de la municipalidad que, bajo la actual administración, debería haber buscado un proceso adecuado para invalidar el decreto".
Junto con ello, criticó "el silencio cómplice por parte de muchos funcionarios que siguen aportillando la nueva gestión, y por ello es vital investigar cada rol que cumplen".
Su llamado es a la alcaldesa Nieto para "hacer una limpieza exhaustiva y sacar las manzanas podridas que quieren seguir profitando de los recursos de los porteños".
