El Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de los Juzgados de Policía Local de Chile (INJPL) ha manifestado su preocupación ante lo que consideran un "
eventual colapso del sistema".
La entidad denuncia la intervención de recursos humanos y materiales de varios juzgados, que no responderían a aspectos técnicos sino, más bien, políticos, e insta a que la selección de los jueces de Policía Local tome en cuenta la trayectoria y experiencia de los funcionarios del sistema judicial, con el objetivo de profesionalizar el cargo y asegurar que quienes sean nombrados tengan conocimientos previos en la materia.
A estas preocupaciones también se suma la sobrecarga de causas que enfrentan los jueces de Policía Local.
El vicepresidente del principal gremio de jueces y secretarios abogados del país, Patricio Thomas Soto -Juez de Policía Local de la comuna de Panguipulli (Los Ríos)- enfatizó sobre la importancia de que los nombramientos se realicen bajo criterios técnicos y no político-partidistas, para garantizar una correcta administración de justicia.
"Es preocupante pensar que un Juez de Policía Local en una capital de región, que además es asiento de Corte, pueda ser ejercido por un profesional sin experiencia ni conocimiento previo de la justicia local, cuando hay postulantes con años de trayectoria en el sistema", advirtió Thomas, el cual asumió en enero de este año, junto a la nueva directiva, que preside el juez de Lampa (RM), Francisco Ríos.
El dirigente gremial explicó que, si bien la Corte de Apelaciones de cada región realiza una primera selección de los candidatos, la decisión final recae en el alcalde en ejercicio, lo cual considera que podría dar lugar a influencias políticas.
Falta de recursos y sobrecarga de causas
Además de la preocupación por los nombramientos, el gremio alerta sobre la excesiva carga de trabajo en los Juzgados de Policía Local, los cuales acusan carecen de los recursos y el personal necesario para poder gestionar el creciente número de casos.
"No es posible que cada cuatro años, con los cambios de administración municipal, algunos jueces de Policía Local debamos estar viendo afectadas nuestras labores y las de nuestros funcionarios, por los caprichos políticos del alcalde de turno y sus asesores."
Patricio Thomas Soto, Juez de Policía Local de la comuna de Panguipulli
"El Poder Judicial cuenta con 1.490 jueces distribuidos en 448 tribunales, mientras que los Juzgados de Policía Local solo tienen 377 jueces para igual número de juzgados. Pese a esta diferencia, el Congreso sigue asignando nuevas competencias a los JPL, sin dotarlos de recursos adicionales", explica Thomas.
A esto se suma el hecho de que actualmente hay siete proyectos de ley en discusión que ampliarían las funciones de los Juzgados de Policía Local, lo cual incrementaría su carga de trabajo.
De esta manera, los jueces advierten que, sin los recursos adecuados, el sistema se encuentra "al borde del colapso".
"Este es un problema que ha ido en crecimiento y es la realidad que viven muchos Juzgados de Policía Local del país y es urgente corregir. No es posible que cada cuatro años, con los cambios de administración municipal, algunos jueces de Policía Local debamos estar viendo afectadas nuestras labores y las de nuestros funcionarios, por los caprichos políticos del alcalde de turno y sus asesores. Este tipo de situaciones va justamente en contra de un principio básico en democracia, que es la Separación de los Poderes o Funciones del Estado", agregó Thomas.
Multas electorales
Uno de los principales factores que genera sobrecarga en los Juzgados de Policía Local es la gestión de infracciones electorales, específicamente relacionado al incumplimiento de la obligación de votar.
"La infracción por no votar es la que más nos sobrecarga. Una solución sería que el Servel administre estas multas a nivel administrativo, y que solo los casos con reclamos lleguen a los JPL. Esto haría más eficiente el uso de los recursos públicos y evitaría la saturación de los tribunales", sugirió Thomas.
También recomendó la implementación de notificaciones electrónicas para este tipo de infracciones, lo cual "reduciría costos y facilitaría la gestión de los casos".
