El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago realizarán hoy la audiencia para revisar la solicitud presentada por el abogado representante de la diputada Karol Cariola (PC), Juan Carlos Manríquez, con el que se busca la nulidad de la diligencia de entrada, registro e incautación del teléfono celular y computador de la congresista.
La operación se realizó en el marco de una arista derivada del caso Sierra Bella a raíz de un eventual tráfico de influencias por las gestiones de la parlamentaria con la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), en beneficio del empresario chino Bo Yang.
Expertos coinciden en que si se excluyen l
os elementos incautados en el registro, se podría afectar al proceso investigado de la arista. Según consigna El Mercurio, para los investigadores "urge" que hoy valide la incautación y, por lo tanto, el acceso al teléfono requisado a la diputada.
El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, junto con la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, diseño la presentación ante el tribunal con la que se busca evitar que se "frenen" las pesquisas.
El defensor de Cariola, quien ha señalado que la orden de incautación es nula y que las actuaciones posteriores están "viciadas", afirmó que "esperamos que el tribunal conozca los antecedentes que se le han presentado, las propuestas que podamos hacer todos los intervinientes, para que se resuelva el estado actual del proceso y este pueda seguir adelante en condiciones de legalidad y regularidad".
¿Qué es y cuándo se aplica incidente de nulidad?
Luis Bobadilla, abogado y académico de la Universidad de Santiago (Usach), dijo a Emol que el objetivo de la acción es que los elementos obtenidos a raíz de la diligencia sean considerados "ilegales y por ende no sean válidos para una investigación".
Diego Palomo, abogado y especialista en Derecho Procesal de la Universidad de Talca, afirma que sí es factible solicitar la nulidad de la diligencia siempre que se ajuste a los requisitos legales.
Basándose en diversos artículos de Código Procesal Penal -algunos de ellos son el 159 y 36, en los cuales se aborda que las diligencias solo se pueden anular cuando se considera una actuación judicial "defectuosa" de forma o de fondo que solo sean reparables por la declaración de nulidad, además de que el tribunal debe fundamentar las resoluciones que dicte-, afirma que si bien "es factible anular la diligencia", esto requiere de que "se trate de errores formales de la dictación de la resolución que autorizare la misma, no pudiendo entrar en detalles de fondo, salvo que la resolución no se encontrare fundada en sí".
En ese sentido, agrega que "si la resolución judicial no se encontrare fundada, sí es posible anular la misma" o si bien se interpreta que la misma "violó algún derecho fundamental que está inserto en la resolución".
Por otro lado, Rodrigo Ríos, abogado penalista y académico de la U. Finis Terrae, afirma que la acción de la defensa de la parlamentaria "se basa en que la información que tuvo a la vista el tribunal para autorizar las medidas intrusivas en contra de la diputada Cariola era incompleta y que ocasionó un perjuicio que solo puede ser reparado anulando todo lo que se hizo en esa diligencia de entrada, registro e incautación en el domicilio de la diputada".
¿Cómo afecta esto a la investigación?
Gustavo Balmaceda, abogado penalista y académico de la U. Finis Terrae, señala que "la factibilidad de la petición resulta dudosa".
"Aunque existen protocolos procedimentales rigurosos para la confiscación, el hecho de que la operación contara con la aprobación de un juez constituye un impedimento significativo para lograr la declaración de nulidad. Como señala el académico Javier Couso, resulta sumamente improbable que un allanamiento ordenado judicialmente sea declarado nulo por considerar que el momento elegido fue poco criterioso", expone.
En ese sentido, advierte que "el recurso de nulidad presentado por la defensa de Cariola representa un desafío interpretativo respecto a los límites entre la eficacia investigativa y el respeto a las garantías procesales".
Bobadilla argumenta que la investigación de la arista que involucra a la parlamentaria surgió a raíz de las pericias que se realizaron en el teléfono de Hassler y, de aceptarse la nulidad de la diligencia, "afectarían el proceso investigativo" debido a que la Policía de Investigación estaría impedida de someter a pericias el teléfono celular y computador de la congresista.
"De accederse a esta petición, lo obrado por la fiscalía y policía en la ejecución de dicha diligencia quedaría anulado y no tendrían efectos procesales los resultados de esas actuaciones", complementó el penalista Ríos.
