Molestia causó en la oposición la postura expresada por el Gobierno, luego de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de cesar en su cargo a la senadora
(PS), por su presunta responsabilidad en la fallida compra de la casa del ex Presidente Salvador Allende por parte del Estado.
"Como poder Ejecutivo nos corresponde respetar los fallos del Tribunal Constitucional (TC), pero no podemos sino lamentar una decisión que, de acuerdo a los antecedentes a la vista, generaría un precedente grave", dijo la la vocera (s) de Gobierno Aisén Etcheverry. Reacción que también han compartido otras autoridades de La Moneda.
Al respecto, el presidente de RN, Rodrigo Galilea, planteó en entrevista con EmolTV que "a mí me parece gravísimo que ellos digan eso, que el ministro de Justicia diga eso, que el ministro del Interior diga eso, que la vocera del Gobierno diga eso. A mí me parece absolutamente insensato. Pensémoslo al revés, porque si ellos dicen que esto es un pésimo precedente, ellos querrían decir que el precedente correcto era que el Tribunal Constitucional dijera que no había ningún problema y que la senadora Allende, la familia Allende, la senadora en particular, podía hacer este negocio con esta transferencia con el Estado saltándose olímpicamente lo que dice la Constitución. Eso sí que sería un precedente grave. Eso sería un precedente gravísimo. Querría decir que para algunos la ley y la Constitución simplemente no corren".
"Lo que han dicho los tres ministros es realmente inapropiado. Jamás lo debieron haber dicho. El precedente grave es, por supuesto, lo que ocurrió, pero también es un precedente grave y ellos están acumulando precedentes graves al tratar de justificar algo que no tiene justificación. No tiene justificación. Si por algo el Tribunal Constitucional de manera tan contundente tengan la opinión que tengan respecto de la senadora Allende, dijeron bueno, lo lamentamos mucho, la Constitución es clara, esta prohibición es clara y la sanción además establecida en la Constitución es clara y por tanto no corresponde que los ministros por una especie de solidaridad de partido, de bloque político, vengan a desautorizar y a decir que esto es un precedente grave", recalcó Galilea.
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo que "la ministra Aisén Echeverry dijo que lo que ocurrió ayer con el Tribunal Constitucional y la senadora Isabel Allende es un mal precedente. ¿Por qué es un mal precedente? El Gobierno tiene que explicar por qué cree que es un mal precedente".
"El precedente que fijó ayer el Tribunal Constitucional es que no hay nadie por sobre la ley y que si alguien vulnera la Constitución, el Tribunal Constitucional va a hacer su trabajo. Creo que el Gobierno se ha equivocado en cuestionar al Tribunal Constitucional y decir que cuando las instituciones funcionan eso es un mal precedente. Es decir, que cuando las instituciones funcionan, eso es un mal precedente", refutó Ramírez.
En la misma línea, el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, manifestó que "resulta impresentable la presión que desde el Gobierno, a través de la vocera, y desde el propio Partido Socialista, pretenden ejercer sobre el Tribunal Constitucional, un tribunal que falló conforme a derecho, por una violación flagrante a la norma Constitucional por parte de la senadora Allende".
"A uno puede no gustarle un fallo, pero la presión que está ejerciendo el Gobierno es completamente inaceptable y le exigimos a la vocera y al Gobierno retractarse con estas verdaderas amenazas que está ejerciendo contra el Tribunal Constitucional", sostuvo Coloma.
Por su parte, los diputados de la bancada UDI, Gustavo Benavente y Flor Weisse, exigieron que la vocera se retracte: "Todas las autoridades están en su legítimo derecho a referirse a la trayectoria y a la carrera política que tuvo la senadora Allende. Pero lo que no puede ocurrir es que se califique como un 'precedente grave' un fallo judicial, que fue emanado por un órgano independiente y que jamás debería ser cuestionado, menos aún por la actual administración de turno. Por eso es que las declaraciones de la ministra Etcheverry son incluso temerarias, porque además de ignorar que en nuestro país existe la separación de poderes, nos demuestran que para las actuales autoridades existirían dos tipos de justicia: una para sus amigos y otra para el resto de los chilenos".
Desde el Partido Republicano, su jefe de bancada, Cristián Araya, indicó que "al Gobierno le molesta que impere la justicia y el Estado de Derecho. No han aprendido nada, actúan como niños enojados que no son capaces de asumir ninguna responsabilidad y su actitud da cuenta de un doble estándar inaceptable, porque ahora que el TC falló en contra de uno de los suyos, entonces es un 'precedente grave', pero no dudaron en utilizar esta herramienta, por ejemplo para atacar al gobierno anterior e intentar sacar a un Presidente, del que si bien éramos oposición, fue electo democráticamente".
Para el subjefe de bancada de republicanos, Juan Irarrázaval, "el Gobierno debiera asumir su responsabilidad en este caso y allanarse a que las instituciones funcionen como debe ser en un Estado de Derecho, recordemos que es contraparte del mismo contrato cuestionado. Pero en vez de eso con sus declaraciones sigue pasando por encima de la institucionalidad, no han aprendido nada".
Emiliano García, el jefe jurídico del comité de Diputados Republicanos quien litigó ayer, planteó que "el gobierno debería aclarar por qué cuando las instituciones no funcionan a su favor son 'graves precedentes', pero cuando es al revés no es así. Pasó lo mismo con las filtraciones. Sólo fueron graves para ellos cuando afectaron a la presidenta de la Cámara, Karol Cariola. Incluso pidieron la destitución del fiscal a cargo del caso".
