"Daña la imagen presidencial" y "hace que el Gobierno no pueda dar vuelta la página". Esas son algunas de las apreciaciones que tienen analistas políticos, respecto a lo conocido recientemente en el marco del caso Allende.
Y es que según trascendió este fin de semana, el exjefe de asesores del Presidente, Miguel Crispi, mantuvo una conversación su madre, la socióloga Claudia Serrano (PS), en la que él aseguraba que Isabel Allende y el abogado de la familia tenían "mucha responsabilidad" en lo ocurrido.
"O sea (Isabel Allende) llamó hasta al portero del ministerio. Wev..., wev..., wev..., que se haga, que se haga así... Ella tiene mucha responsabilidad y también el abogado de la familia Allende", expone el mensaje que fue publicado por La Tercera.
Dicha conversación que se efectuó el pasado 7 de enero, cuando el teléfono de Crispi estaba interceptado en el marco de la investigación ProCultura que dirige el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, motivó a la Fiscalía a indagar la fallida compra de la casa del exmandatario.
La exsenadora salió a rechazar las declaraciones el sábado, asegurando que "lo dicho por el Sr. Crispi en ese llamado es falso y constituyen una falta de respeto a mi familia". Además, señalando que "no intervine de ninguna manera en la venta de la casa de mi padre. Como hemos reiterado seguimos las instrucciones del Gobierno. Que el Sr. Crispi explique sus dichos a la brevedad".
Poco después, el abogado del exjefe de asesores, Guillermo Chahuán, advirtió que "el señor Crispi declaró ante el Ministerio Público que esta fue una conversación informal con su madre, que nunca tuvo conocimiento de presión alguna que hubiera realizado la exsenadora Isabel Allende, y que sí tuvo conocimiento de que la familia Allende estaba representada formalmente por un abogado, quien efectivamente monitoreó el avance del proceso y no advirtió la inhabilidad".
En ese contexto, el analista político de la Universidad de Talca, Mario Herrera Muñoz, afirma a Emol que el principal flanco abierto es que "trae nuevamente conflictos a La Moneda".
"Todos los escándalos políticos de este Gobierno han terminado con alguna situación en la que han participado gente de confianza del Presidente. En los casos Fundaciones, estaba en duda el nivel de información que manejaba Crispi. El caso Monsalve llegó al corazón del Gobierno, teniendo que dar explicaciones el propio Presidente y la ministra Carolina Tohá. El caso de la compra de la casa de Allende tiene las mismas características. Es un escándalo que daña la imagen presidencial y debilita la relación entre los partidos", puntualizó.
Asimismo, agregó que "esto es especialmente complejo en año presidencial, considerando, además, que la relación entre el Frente Amplio y el Socialismo Democrático ya estaba debilitada".
En cuánto a qué consecuencias podría traer, expone que "probablemente la alianza de Gobierno continúe. En año electoral sería particularmente perjudicial una salida del Socialismo Democrático tanto para el Frente Amplio -porque los aleja de la moderación-, como para los partidos de la antigua Nueva Mayoría, dado que sería asumir que no fueron capaces de liderar en unidad. Sin embargo, es probable que se dañe aún más la imagen presidencial con el consecuente efecto que eso trae sobre la conformación de las listas parlamentarias y sobre la posibilidad de que resulten electas. Una coalición con un Presidente con baja aprobación y dividido, genera, normalmente, malos resultados electorales".
Marco Moreno, director Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, manifiesta por su parte que lo sucedido hace que la fallida compra de la casa "siga o se vuelva a instalar en la agenda, o más bien no sale de la agenda, y eso dificulta, por supuesto, al Gobierno poder avanzar con los temas que pueden ser su prioridad en estos meses, porque sigue instalada la duda respecto de la participación que tuvo el Gobierno y el propio Presidente en relación con este tema".
"Lejos de disipar o aclarar la situación, la escucha del exjefe del Segundo Piso con su madre solo la profundiza, y eso evidentemente hace que el Gobierno no pueda dar vuelta la página en relación con este tema, tenga que salir a dar explicaciones, tenga que estar disponible en la medida en que el caso se judicialice, y por lo tanto, el control de la agenda quede en manos nuevamente de la oposición", complementó.
Para Tomás Duval, analista político y académico de la Universidad Autónoma, "el problema mayor es que las recientes filtraciones telefónicas dañan la coherencia y consistencia del relato político que hasta ahora el oficialismo había tenido sobre el tema".
Esto, "incluso pagando costos importantes con salidas de ministras, asesores, la pérdida del cargo para la senadora Allende, y vuelve a complicarse tanto el Gobierno como el PS y la exsenadora Allende. En esta crisis cuando la verdad no es completa, siempre termina rebotando y dañando a los actores. El mayor problema para el Frente Amplio es aparecer deconstruyendo la figura del expresidente Allende".
Finalmente, Javiera Delgadillo, jefa de carrera de Administración Pública de la Universidad de O'Higgins (UOH), aborda la polémica en torno a la filtración de una conversación privada.
"Es negativo que nuevamente nos encontremos frente a una filtración de material investigativo que se supone tiene carácter de confidencial. Sería pertinente que las instituciones encargadas de resguardar el proceso investigativo den explicaciones. Sin embargo, más allá de eso, creo que esta situación deja nuevamente en evidencia la inmadurez política y la falta de criterio político que poseen diversos integrantes de los equipos cercanos al Presidente, lo cual es muy dañino, pues se espera un mínimo de conocimiento técnico y político de quienes ejercen cargos relevantes para el gobierno de un país", asegura.
Además, considera que lo que pasó "pone en tela de juicio las decisiones que el Gobierno toma y se cuestiona el desconocimiento, desorden o mal manejo con el que se abordan temáticas sensibles".
"Nos encontramos frente a una sucesiva de situaciones que -sin necesariamente existir dolo- terminan por perjudicar la imagen y legitimidad del Gobierno, dado el cuestionable manejo de rostros relevantes del conglomerado de Gobierno. Además, este tipo de acciones permite que existan sectores que utilicen la imagen del expresidente Salvador Allende para deslegitimar su rol e integridad histórica", terminó.
