Varias esquirlas ha traído para el Gobierno el nuevo capitulo de la frustrada compra de la casa del expresidente Salvador Allende: La difusión de la escucha telefónica al exasesor de Presidencia, Miguel Crispi.
Fue por el caso Procultura que el fiscal Patricio Cooper solicitó acceso al teléfono del entonces jefe de asesores del Segundo Piso. La difundida estos días fue la conversación que Crispi sostuvo el pasado 7 de enero con su madre, Claudia Serrano (PS) y que motivo la apertura de una investigación de oficio por el intento de adquisición de la residencia de Guardia Vieja.
En el intercambio el frenteamplista comenta que la exsenadora "llamó hasta al portero del ministerio. Hueveando, hueveando, hueveando, que se haga, que se haga, que se haga así… Ella tiene mucha responsabilidad y también el abogado".
La develación de esta conversación ha derivado a la molestia de la familia Allende. "Lo dicho por el Sr. Crispi en ese llamado es falso y constituyen una falta de respeto a mi familia. No intervine de ninguna manera en la venta de la casa de mi padre. Como hemos reiterado seguimos las instrucciones del gobierno. Que el Sr. Crispi explique sus dichos a la brevedad", emplazó la exsenadora mediante un comunicado.
Sobre estos dichos ahondó en La Tercera la abogada Paula Vial, que representa a Allende y a la exministra, Maya Fernández. "Él (Crispi) tiene que dar las explicaciones, pero acá se enloda el nombre de Isabel y de toda la familia Allende por una pataleta de Miguel Crispi, que se defiende de su propia inoperancia, por la forma en que se lo enrostra a su mamá", aseveró.
Si bien el frenteamplista renunció a su cargo el pasado 10 de marzo, sí asumía como estrecho colaborador del Presidente en la fecha a la que corresponde la conversación, lo que deja en una situación incómoda el espaldarazo que Boric extendió a Allende al trascender la decisión del Tribunal Constitucional de destituirla de su cargo.
"El pueblo de Chile le debe mucho a Isabel Allende", aseveró el Mandatario desde India al conocerse el fallo. "Respetando las instituciones como me corresponde, puedo afirmar que tengo plena certeza de su integridad, y que jamás, jamás ha intentado sacar ventajas pequeñas. Siempre ha tenido a Chile por delante. Mi sincero cariño y eterno respeto en estos momentos duros", agregó.
Zigzagueo
Otra consecuencia para el Ejecutivo que se desprendió de la filtración del "pinchazo" a Crispi, fue la errática salida comunicacional para abordar la solicitud que Cooper hizo con el objeto e intervenir el teléfono del Presidente.
La información develada por Ex Ante indicaba que el persecutor solicitó acceder al móvil del Mandatario por el caso Procultura y que tribunales desestimó la petición.
En base a esto es que la ministra de Ciencias y vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, decide, cerca de las 7:00 de este lunes, emplazar a la Fiscalía.
"A propósito del trascendido que salió hoy en la prensa nos parece muy relevante precisar algunos puntos. Las conversaciones que tienen los jefes de Estado son conversaciones que en muchos casos son por ejemplo con Presidente de otros países, son conversaciones que abordan temas estratégicos como migraciones, como en economía, como en materia de seguridad y por lo tanto, por esta razón, por la naturaleza que tienen las conversaciones de los jefes de Estado en general, es que tienen un estándar de protección que es más alto, porque si son conocidas por terceros podrían eventualmente comprometer la seguridad y esa es la gravedad del asunto", sostuvo.
En esa línea, indicó que "nosotros lo que esperamos es que el Ministerio Público, que el Fiscal Nacional Ángel Valencia pueda confirmar o negar este trascendido de prensa, porque por ahora lo que tenemos es simplemente eso, un trascendido (...) Estamos a la espera de que la sea la propia Fiscalía quien pueda aclarar si es que este trascendido que se conoció hoy es cierto o no es cierto y a partir de ahí, bueno, tomar los recuerdos que sean necesarios".
Pero del mensaje de la portavoz del Ejecutivo tomó distancia el propio ministro de Seguridad, Luis Cordero. "Yo creo que lo correcto es que todos actuemos en la rectitud de la Constitución y de la ley", formuló.
"El Ministerio Público tiene atribuciones, las ejerce y la solicita autorización judicial, así opera el Estado de Derecho en Chile, nosotros no nos vamos a hacer cargo de trascendidos, entre otras razones quiero advertir, por una cuestión que legalmente, por lo menos para nosotros, es muy relevante, y es que las investigaciones, especialmente en el caso de Procultura, están sujetas a una reserva reforzada por el tipo de delitos que se están investigando, especialmente el lavado activo. Existe una norma en la ley que refuerza el secreto y en consecuencia cualquier referencia pública implicaría infringir la ley en esos términos", expuso.
Con todo, señaló que "el Gobierno lo único que pide es que se cumpla la ley. Las filtraciones implican una sanción a la ley. En el caso de las investigaciones de delitos con secreto reforzado implica responsabilidades mayores. El Gobierno lo único que pide es que se cumpla la ley, no le corresponde estar pidiéndole rendiciones de cuentas a nadie, simplemente cumplir la ley".
En la región de Los Lagos, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, fue requerido por lo sostenido por la vocera. "Lo que nosotros finalmente hemos planteado y es el sentido de lo que usted llama exigencia es que se respete de manera irrestricta el Estado de Derecho y habiendo una investigación que es reservada, obviamente cuando hay un trascendido que eventualmente sería el resultado de una filtración, obviamente creemos que lo que corresponde es que se cumpla con la ley".
"Obviamente la ministra Aisén hace público un parecer respecto a la importancia obviamente que se actúe siempre en el marco del Estado de Derecho", precisó.
