"Por la naturaleza que tienen las conversaciones de los jefes de Estado en general, es que tienen un estándar de protección que es más alto, porque si son conocidas por terceros podrían eventualmente comprometer la seguridad y esa es la gravedad del asunto", sostuvo, indicando que "nosotros lo que esperamos es que el Ministerio Público, que el Fiscal Nacional Ángel Valencia pueda confirmar o negar este trascendido de prensa (...) Estamos a la espera de que la sea la propia Fiscalía quien pueda aclarar si es que este trascendido que se conoció hoy es cierto o no es cierto y a partir de ahí, bueno, tomar los resguardos que sean necesarios".
El emplazamiento, que llamó la atención por la apelación directa a Valencia y por la contradicción de una definición del propio Ejecutivo, que es no hacerse cargo de trascendidos de la prensa- tuvo como telón de fondo la molestia de Frente Amplio sobre los "pinchazos" a Crispi. Tanto su timonel, Constanza Martínez, como el secretario general, Andrés Couble, acusaron "intencionalidad" política de la fiscalía.
En una entrevista radial al día siguiente, Etcheverry fue consultada por su llamado y si es que este había sido respondido por el Ministerio Público. "Esto es un proceso en curso. Como le decía ayer, nosotros hicimos la declaración que hicimos porque era importante relevar aquel punto, pero hoy día no tenemos nada nuevo que agregar. No, no ha habido novedad".
A partir de entonces, distintos personeros de Gobierno fueron a desescalar el tono empleado por la vocera. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, apuntó que "nosotros no nos vamos a hacer cargo de trascendidos" y aclaró que "el Gobierno lo único que pide es que se cumpla la ley. Las filtraciones implican una sanción a la ley. En el caso de las investigaciones de delitos con secreto reforzado implica responsabilidades mayores. El Gobierno lo único que pide es que se cumpla la ley; no le corresponde estar pidiéndole rendiciones de cuentas a nadie".
En tanto, el titular de Interior, Álvaro Elizalde, fue requerido por los dichos de la vocera en la Región de Los Lagos. "Obviamente la ministra Aisén hace público un parecer respecto a la importancia obviamente que se actúe siempre en el marco del Estado de Derecho".
"La ministra señaló que, primero que todo, nos preocupa la filtración. Eso es uno de los aspectos que señaló y en ese sentido, el Presidente de la República, el día miércoles, creo que ya dio por cerrado el tema".
Ministro Gajardo
En la Cuenta Pública de la Fiscalía, fue el Presidente Gabriel Boric quien abordó el asunto en tono de conciliación.
"Cuando se generan tensiones en las instituciones, siempre hay que volver a los principios de justicia, y yo como Presidente de la República, como Jefe de Estado, tengo una profunda convicción en que hay que dejar que las instituciones funcionen y que nadie, nadie en Chile está por sobre la ley", sostuvo.
Este viernes, fue el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien defendió a Etcheverry, sin pronunciarse del emplazamiento. "Hay que cuidar que se mantenga reservada para que se pueda llegar al fin de la investigación. Entonces, sobre un trascendido de una divulgación periodística, tenemos esta noticia y la preocupación central del Ejecutivo es esa, en el fondo (...) La ministra señaló que, primero que todo, nos preocupa la filtración. Eso es uno de los aspectos que señaló y en ese sentido, el Presidente de la República, el día miércoles, creo que ya dio por cerrado el tema".
Con todo, el secretario de Estado aseguró que "en el caso de que, eventualmente, estas medidas intrusivas puedan afectar la seguridad nacional, el Código Procesal Penal establece que esa autorización la tiene que dar la Corte Suprema". "Nuestro sistema institucional y nuestro sistema normativo tiene los resguardos para proteger los derechos fundamentales de las personas", concluyó.
Como sea, las críticas a la vocera vinieron tanto de la oposición como del oficialismo. El presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), consideró que en el Ejecutivo "no están teniendo reuniones muy seguidas, al parecer". "He visto una línea que ha seguido el Ministro Cordero, que me parece correcta, que es mantenerse ajeno, pero la vocera, al parecer, no ha entendido la diferencia que existe entre los poderes de Estado".
En esa línea se expresaron los diputados socialistas, Raúl Leiva y Leonardo Soto. "Yo no solicitaría explicaciones en caso alguno al Ministerio Público, porque el Ministerio Público es autónomo en la investigación, y quien efectivamente tiene que controlar esas medidas intrusivas y estas técnicas especiales de investigación es la justicia, son los tribunales de justicia", dijo Leiva.
Mientras que Soto apuntó que "el Ministerio Público es un órgano que tiene autonomía constitucional y por ello no debe entregar explicaciones al Gobierno por diligencias investigativas que decreta dentro de su competencia. Incluso, el Presidente de la República no está por sobre la ley y puede ser objeto de una investigación como cualquier ciudadano. Por tanto, hay una confusión en el equipo de Gobierno que dio las primeras declaraciones".
