Por primera vez en casi 28 años de atentados en la macrozona sur, víctimas de la violencia recurrieron al Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidades (ONU). Se trata de 31 personas afectadas desde 2006 por múltiples atentados incendiarios, homicidios, desplazamiento forzado y otros hechos de fuerza. Sumando todas las acciones legales que llevan a cabo ante la justicia, acumulan 223 denuncias y procesos penales. Detrás de esas causas, el sistema de persecución penal no registra ninguna condena. El caso fue llevado a la instancia internacional por el abogado Pablo Urquizar, excoordinador de seguridad de la macrozona sur, que destaca que sus representados se han visto "afectados directa y gravemente por múltiples hechos de violencia vinculados a la situación de inseguridad" en el sur.
