El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien dirige la indagatoria.
El Mercurio (archivo)
Desde hace casi dos años, el Ministerio Público puso en marcha una serie de investigaciones por el eventual uso irregular de recursos públicos asignados a distintas fundaciones, luego de que a mediados de junio de ese año surgiera el denominado caso Democracia Viva, que provocó una crisis política -pues, la mayoría de los involucrados militaba en Revolución Democrática (RD)- y esta se instaló en La Moneda. Figuras del FA incluso debieron declarar ante la fiscalía, como fue el caso del exasesor del Segundo Piso Miguel Crispi, cuyo teléfono se supo recientemente había sido interceptado en el marco de la arista ProCultura. Y esta semana, uno de los antecedentes que se ha conocido es que no fue sólo Crispi el interceptado, sino que habría habido intervenciones "masivas", según se dijo a este medio. Ciper, en ese sentido, publicó ayer una cifra específica, indicando que al menos 42 celulares fueron "pinchados" con autorización judicial y que entre ellos estaría también el dispositivo de Alberto Larraín, cercano al FA y al presidente Boric.
