El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.
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El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió esta jornada a la situación del cerro Chuño, Región de Arica, lugar azotado por problemáticas en torno al crimen organizado, siendo incluso -según estableció la Fiscalía- la base de operación del clan Los Gallegos, el brazo operativo del Tren de Aragua.
Tras el primer Consejo Regional de Seguridad Pública y Prevención del Delito, el secretario de Estado participó en un punto de prensa y fue consultado respecto a la demolición de la toma. "Cerro Chuño (...) es un gran ejemplo de un conflicto de seguridad serio, crónico, cuyo origen son tropiezos permanentes del Estado", dijo, pero también remarcó que el origen de la toma "es una mala decisión sanitaria", además de "una mala decisión de vivienda social y que termina produciendo un problema sanitario de magnitud".
Lo anterior, según Cordero,
se suma a una "intervención a destiempo por parte del Estado en la demolición original", lo que llevó a generar "condiciones favorables para que pudieran intervenir ahí organizaciones criminales".
Por esa senda, añadió que "la erradicación y sobre todo la demolición en el caso de cerro Chuño es un mandato, a esta altura legal, con indiferencia de cuál es la administración", precisando que "cuál es el plan de intervención más eficaz, es el que se ha estado trabajando y viene aparte del desalojo de cerro Chuño, que ya se ejecutó".
Si bien adelantó que existen intervenciones "programadas" para el sector, recalcó que "el Estado también tiene que ser cuidadoso respecto a las investigaciones penales que están en curso, pero eso es un proceso que está en desarrollo".
"Se está trabajando con las policías, pero también se está trabajando coordinadamente con el Ministerio Público respecto a las investigaciones que están en curso", afirmó.
Consultado sobre la demolición de las viviendas, el ministro dijo que "es posible" nuevas intervenciones, sin embargo, evitó entregar detalles al respecto.
Historia del lugar
La historia del asentamiento parte entre los años 1984 y 1986, con la empresa chilena Promel, que importó desde Suecia a la compañía Boliden alrededor de 20 mil toneladas de barros metálicos que contenían mercurio, arsénico y plomo con la finalidad de ser procesados. Años más tarde, la firma se declaró en quiebra, sin haber tratado estos residuos, y los dejó a la intemperie cerca de las poblaciones Cerro Chuño y Los Industriales de Arica, provocando intoxicación en sus habitantes y serios daños en la salud.
En mayo de 2012 se publicó en el Diario Oficial la Ley 20.590 que "establece un programa de intervención en zonas con presencia de polimetales en la comuna de Arica", y entre otras cosas, acuerda reubicar a las familias con el compromiso de demoler las viviendas del sector para que nadie quede expuesto a contaminación.
Sin embargo, son varias las autoridades de la zona quienes critican que aquello no se ha cumplido. De hecho, aquello dio pie para que personas que buscaban un lugar donde vivir, se hicieran parte de la toma de casas que siguen en pie.
