Durante la mañana de este sábado las directivas de Chile Vamos se reunieron con abogados para analizar la reciente información conocida en el marco del caso ProCultura. En concreto, que la Fiscalía investiga la posibilidad de que dineros entregados a la fundación "derivaron en financiamiento irregular de la campaña" del Presidente Gabriel Boric.
Tras la cita, las dirigencias de los partidos (UDI, RN y Evópoli) confirmaron que presentarán querellas y oficiarán a organismos públicos como el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
"Hace 18 meses, en múltiples regiones, presentamos varias querellas y la verdad es que el resultado de las investigaciones va mucho más allá de lo que nosotros mismos sospechábamos. Esto es mucho más grave y es mucho más escandaloso de lo que nosotros imaginábamos. Siete regiones, 30 causas, cerca de 20 o 25 mil millones de pesos de eventual fraude convertirían este caso en el más grande de corrupción desde el retorno a la democracia", dijo el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.
Agregó que "nosotros vamos a seguir presentando querellas, vamos a oficiar, en primer lugar, a los organismos públicos que podrían ayudar a la investigación, entre ellos, por ejemplo, al Consejo de Defensa del Estado (CDE), al mismo Servicio Electoral (Servel), y otras organizaciones públicas para que se hagan parte y hagan su parte del trabajo".
"Estamos frente a un caso que es realmente grave y penoso y, por lo tanto, nosotros vamos a seguir insistiendo con las herramientas que nos entrega la ley para llegar hasta el fondo de esta situación", complementó.
El presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, sostuvo por su parte que "los hechos que hemos conocido los últimos días son de la máxima gravedad. Estamos hablando de un fraude al fisco de más de 20 mil millones de pesos. Recursos que podrían haber sido utilizados en cualquier otra urgencia que tiene Chile hoy día".
Hasta el momento, continuó, "no hemos recibido ni una explicación del Gobierno. Le exigimos al Gobierno del presidente Gabriel Boric y a todos quienes hayan estado involucrados que aclaren su participación en estos hechos. Desde Chile Vamos tendremos tolerancia cero con la corrupción y buscaremos todas las medidas que tengamos a nuestro alcance para buscar esclarecer esta situación, dar con los responsables y hacer justicia".
Por último, la secretaria general de RN, Andrés Balladares, expresó que este caso "solo nos lleva a la indignación máxima de cómo durante meses y años distintos miembros de partidos oficialistas con organizaciones como la Fundación ProCultura, idearon sistemas para destinar fondos públicos de gobiernos regionales o de distintas instituciones para otros beneficios".
"Esto viene a explicar la preocupación de muchos personeros del oficialismo, de partidos oficialistas, respecto a las actuaciones del fiscal Cooper, que nos ha demostrado que llevó una investigación responsable, los fiscales de las distintas regiones hicieron su trabajo y hoy día lo que tenemos que procurar es seguir cada una de las líneas de las aristas, ya sea de financiamiento ilegal de la política o de distintos delitos que estamos viendo que han cometido, como también el que la Fiscalía pueda hacer su trabajo en las distintas entidades públicas, como el Consejo de Defensa del Estado o el Servicio Electoral", añadió.
Hay que mencionar que la información se conoció en la solicitud judicial del fiscal regional de Coquimbo Patricio Cooper -quien encabeza el caso ProCultura- para intervenir el teléfono del Presidente, la que fue denegada. "Tenemos una confesión de que dineros provenientes de convenios que se adjudicó ProCultura derivaron en otros fines, específicamente, en financiamiento irregular de la campaña del actual Presidente de la República (Gabriel Boric). La posible veracidad de esta afirmación se puede fundar en el antecedente anterior, es decir la estrecha relación entre Larraín Salas y el actual Presidente de la República", se lee en la petición.
CEI 61
Desde la Comisión Especial Investigadora (CEI) 61, encargada de reunir información relativa a determinados actos del Gobierno en relación con los convenios y programas ejecutados con fondos públicos por la Fundación Procultura desde el 2019 a la fecha, también entregaron sus opiniones al respecto.
Quién presidió la instancia, el diputado Andrés Longton (RN), dijo que "es tremendamente grave lo que determina la Fiscalía. Todo conduce a que esta fundación se desarrolló fraudulentamente al amparo de este Gobierno, financiándose mutuamente con recursos públicos que terminaron en los bolsillos de ProCultura y aparentemente también para financiar la campaña política del Presidente y de otros candidatos y autoridades más".
"Que el fiscal no se deje amedrentar con quienes buscan de este mismo Gobierno sacarlo, posiblemente para que no llegue al fondo este caso. Esperamos que la investigación siga a fondo y que todos quienes participaron en esta operación fraudulenta sean investigados y el Presidente de una vez por todas transparente y esclarezca toda su participación", precisó.
El diputado Jaime Araya (IND-PPD) manifestó que "sería gravísimo que hayan transitado dineros públicos hacia financiamiento de campañas políticas".
Ahora bien, remarcó que "esto que constituye una hipótesis de investigación, no puede instalarse como una verdad jurídica, por lo tanto, hay que volver a insistir en la presunción de inocencia, en cuidar las reglas del debido proceso, porque recién estamos conociendo los primeros antecedentes para hacer afirmaciones tan categóricas o concluyentes".
"A partir de eventuales formalizaciones se puede tener más claridad, porque ahí se precisan los hechos, los que de confirmarse serían demoledores", enfatizó.
La congresista Yovana Ahumada (PSC) expresó que "si fuera cierto que recursos provenientes de Procultura, contribuyeron a financiar la campaña presidencial de Boric, estamos hablando de un financiamiento ilegal de la política, y lo peor, es que este Gobierno, una vez en el poder, planificó como realizar una vuelta de mano al fundador de ProCultura, entregándole a esta organización millonarios fondos del Estado. Por esto considero que el Gobierno debe salir a dar explicaciones".
Además, "pienso que el fiscal Cooper debe seguir adelante con su investigación y demostrar si efectivamente el Presidente está involucrado en este gigantesco fraude al Fisco que ha significado el Caso Fundaciones. La verdad debe prevalecer y no podemos permitir que la corrupción de unos pocos manche al resto de los políticos. Es necesario que se conozca la verdad, porque nadie está por sobre la ley, ni siquiera el Presidente, por lo que espero que la justicia actúe de manera implacable, caiga quien caiga".
Desde el Partido Republicano, el diputado Cristián Araya (Partido Republicano) sentenció que "los antecedentes que han salido a la luz son de una gravedad tal que el Presidente de la República debe pronunciarse y explicar. ¿Cuánto sabía Gabriel Boric de todo el escándalo de corrupción? ¿Qué otras acciones realizó para poder defender a su amigo personal Alberto Larraín? ¿Qué otras conversaciones nos iremos enterando en el futuro cercano? Espero que el Presidente le dé una explicación clara al país, de lo contrario tendremos que analizar otro tipo de medidas".
Finalmente, el diputado Henry Leal (UDI) advirtió que "ha llegado la hora en que el presidente Boric rompa el silencio y le explique a los chilenos cuál es su participación en los hechos que investiga el Ministerio Público, por eventual tráfico de influencia y silenciamiento ilegal de la política".
"Y es importante, porque estamos hablando de recursos públicos de todos los chilenos que terminaron en ProCultura y luego en campañas del propio Presidente o del oficialismo. Tenemos fundadas sospechas y ahora entendemos por qué se quiere sacar al fiscal Cooper de la investigación. No es por el caso de la diputada Cariola, es porque está investigando tráfico de influencia y financiamiento ilegal de la política en la elección del propio presidente de la República", remarcó.
En ese sentido, dijo que "le exigimos que le pida a sus diputados que retiren el requerimiento que está ante la Corte Suprema. Si no lo hacen, vamos a entender todos que aquí hay una operación del Gobierno para sacar a un fiscal de la República independiente de una investigación que está rodeando el corazón de La Moneda y eso sería inaceptable".
