Senadores de la Unión Demócrata Independiente (UDI) propusieron un proyecto de ley que busca declarar la educación parvularia, básica y media como un "servicio esencial" para evitar las paralizaciones o manifestaciones que afecten la continuidad de aprendizaje de los estudiantes.
La iniciativa ingresada el pasado jueves 17 de abril contempla que cualquier suspensión de actividades escolares deberá contar una autorización previa del Ministerio de Educación (Mineduc).
En concreto, esta "propuesta para garantizar la continuidad de la educación" en establecimientos tanto particulares subvencionados como para aquellos pertenecientes al sistema público, como lo son los Servicios Locales de Educación (SLEP).
Citando que la educación y la libertad de enseñanza son derechos complementarios que se encuentran garantizados en la Constitución Política de la República, los senadores fundamentaron su propuesta en que "se obliga a garantizar la continuidad del proceso educativo como una de las obligaciones esenciales del Director del Establecimiento, a fin de resguardar el derecho constitucional al pleno desarrollo de la persona y el deber de educar que asiste complementariamente al establecimiento educativo".
Además, subrayan que la iniciativa interviene el Estatuto Docente en materias relativas a la huelga en el Código del Trabajo.
También, en que "el estatuto docente es el cuerpo legal que da vida al derecho constitucional a la educación, que es el bien jurídico protegido, en tanto que el Código del Trabajo solamente refiere la relación contractual del docente con el establecimiento", y en que "es en el Estatuto Docente en el que se encuentran las facultades del Director que pudieren permitir incorporar la obligación de continuidad del servicio de educación".
Ante esto, la propuesta postula que se incluya que se garantice el derecho a la educación consignado en la Constitución,
"teniendo el deber de precaver la continuidad del proceso educativo frente a eventuales procesos de paralización de la actividad de los docentes, sea cual fuere la causa de ella incluyendo el ejercicio de derechos laborales que les asistan".
Al respecto, el senador y presidente de la Comisión de Educación del Senado, Gustavo Sanhueza, mencionó que "presentamos este proyecto porque ya es hora de poner fin a los abusos que afectan siempre a los mismos: los niños más vulnerables de Chile. No puede ser que cada conflicto político, paro o problema administrativo termine con salas vacías y estudiantes sin clases".
"Por eso queremos que la educación parvularia, básica y media sea reconocida como un servicio esencial. Porque el derecho a aprender no puede seguir dependiendo de presiones gremiales ni de calendarios políticos. Hoy estamos del lado de los estudiantes y sus familias, no de quienes usan la educación como campo de batalla ideológica", zanjó el senador UDI.
Cabe señalar que la propuesta cuenta con el apoyo de los senadores Iván Moreira (UDI), Felipe Kast (Evópoli), Juan Castro Prieto (IND-RN) y Alejandro Kusanovic (IND).
Rechazo del gremio
Tras conocerse la iniciativa, desde el Colegio de Profesores y Profesoras de Chile la criticaron y la calificaron como "antidemocrática".
Al respecto, el gremio expresó "su total y absoluto rechazo al proyecto de reforma constitucional que pretende modificar el artículo 19 Nº 10 de la Constitución para declarar la educación parvularia, básica y media como un servicio esencial, con el objetivo de impedir las movilizaciones y sancionar a quienes las promuevan, participen y organicen".
"Consideramos que este proyecto es una amenaza para el legítimo derecho a manifestarse y reclamar mejoras en las condiciones laborales y salariales. La historia de lucha de los trabajadores y trabajadoras para poder manifestarse por las diversas problemáticas que nos afectan es larga y ardua. En el caso de las y los profesionales de la educación, los problemas de financiamiento, remuneraciones, infraestructura, entre otros, son motivos legítimos para denunciar, reclamar y movilizarse", mencionaron a través de un comunicado.
Además, puntualizaron que "este proyecto de ley es un retroceso injusto, desatinado y antidemocrático, ya que las movilizaciones de trabajadores y trabajadoras son una forma de manifestación y ejercicio de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, reunión, asociación y el derecho a petición, consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales".
"Consideramos que este proyecto no va en el sentido de mejorar las condiciones de la educación pública en nuestro país, que es lo más importante. En lugar de eso, pretende instalar obstáculos y restricciones a los movimientos sociales que solo buscamos sacar a la luz deficiencias, injusticias y abusos", concluyeron desde el Colegio de Profesores.
En esa línea, el presidente del gremio, Mario Aguilar, agregó en diálogo con Emol que "lo que busca este proyecto es vulnerar un derecho fundamental, consagrado tanto en la Constitución que nos rige en nuestro país, como en convenios internacionales que Chile ha firmado, que establecen el derecho a huelga, el derecho a movilizarse por conquistar condiciones de trabajo adecuadas y que es un derecho esencial que todo trabajador y trabajadora debe tener".
"Este es un proyecto engañoso y por supuesto que no estamos para nada de acuerdo con él. Nosotros ya emitimos una declaración al respecto, estamos disponibles a movilizarnos para impedir que este atentado a la libertad sindical, este atentado a los derechos laborales se pueda consagrar. Esperamos que ese proyecto de ninguna manera sea aprobado", sostuvo Aguilar.
