Si bien el error en las cifras de la cuota de captura industrial de merluza común ha concentrado la atención en los últimos días durante la tramitación del proyecto que establece el fraccionamiento pesquero, otro frente que el Gobierno deberá abordar es el rechazo a la licitación de la cuota adicional de jurel, de la cual dependía el financiamiento de la iniciativa.
En ese contexto, el Ejecutivo acogió la propuesta presentada la semana pasada por el diputado Leonidas Romero (Partido Nacional Libertario), la cual ha estado siendo evaluada en los últimos días por los ministerios de Economía y de Hacienda.
Se trata de una patente especial que se cobre sobre las autorizaciones de captura de cuotas que vienen de las transferencias de otros estados para la aplicación del tratado internacional.
Grau explicó que "la industria, cuando captura un recurso, por el derecho a capturar ese recurso, no dependiendo cuánto saca, paga un pago al Estado. Sin embargo, cuando la industria obtiene una cuota del extranjero, en el caso del jurel me refiero, sucede que las empresas chilenas compran el derecho a captura de empresas extranjeras, pero cuando capturan eso, que lo hacen en nuestra zona económica exclusiva, no pagan por aquello".
El ministro de Economía aseguro que "este es un buen camino por distintas razones. El primero, porque hay un tema de ‘equidad horizontal’, es decir, por hacer algo parecido, pagar lo mismo al Estado de algo razonable, que a uno le gusta promover en los esquemas recaudatorios por parte del Estado. Lo segundo es que no es una licitación, que es donde teníamos la diferencia".
"Lo tercero es porque, de acuerdo a nuestros cálculos iniciales (…) estaríamos recaudando algo por sobre los 20 mil millones de pesos si básicamente se ocupara este mecanismo y se cobrara por el derecho a pescar esos recursos en la zona económica exclusiva. Por lo tanto, pagando un precio razonable por ejercer ese derecho a trabajar esa cuota, lograríamos un monto cercano a el desafío financiero que tenemos y que es muy importante para el Ejecutivo", añadió.
El abogado Francisco Saffie - en representación del Ejecutivo - añadió que "lo que nosotros estamos diciendo es que al momento de realizar el acto administrativo o la resolución a través de la cual se da esa autorización y reconocimiento al acto privado por el cual se transaron estos derechos, se cobre la patente que es esta autorización para realizar una determinada actividad económica. Lo más equivalente que uno podría encontrar es una patente de alcohol o una patente municipal".
En los próximos días, los equipos técnicos del Gobierno y de los parlamentarios se reunirán para evaluar la propuesta. En una próxima sesión —probablemente el 27 de mayo— también se presentará un informe financiero.
