Mantenerse fuera de los nuevos antecedentes del caso Procultura, que vinieron con la filtración de una conversación telefónica sostenida entre el Presidente Gabriel Boric y la psiquiatra Josefina Huneeus, fue la estrategia de La Moneda para no enquistar la trama en el Gobierno.
Que las instituciones funcionen de acuerdo a la norma era la premisa a la que se limitó a sostener el Ejecutivo los primeros días de trascender la interceptación telefónica. Si bien se evitó abordar las arremetidas que el Partido Comunista y el Frente Amplio dirigieron a la Fiscalía, fue la insistencia de la segunda colectividad, de su tesis de "espionaje político" de parte del fiscal Patricio Cooper contra el Mandatario, la que atizó la polémica.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, fue el primero en afirmar que ofensivas de los partidos contra el Ministerio Público "no corresponde". Luego, el titular de Seguridad, Luis Cordero, sinceró que "yo dificulto que el fiscal Cooper o alguno de sus miembros hubiesen utilizado sus atribuciones para espiar al Presidente de la República" y aseguró que de lo contrario, "no solo me hubiera querellado, sino que probablemente además hubiese tomado una decisión más drástica".
El secretario de Estado exhortó a esperar los resultados del sistema de justicia "por la sanidad del sistema democrático". Esto ya que el FA no aguardó a que se dirimiera el recurso de amparo que Huneeus esgrimió a la Corte de Apelaciones contra el acceso de la Fiscalía a su teléfono, para acusar espionaje contra el Presidente.
De tal manera, el hecho de que el partido del Mandatario esté empleando una ofensiva contra la Fiscalía -por un caso que involucra a la propia colectividad y al Presidente- no es baladí para el Gobierno. Hoy, en un nuevo consejo de gabinete, Boric volvió a insistir en el respeto al Estado de Derecho.
"La justicia, la fiscalía, las diferentes instituciones tienen que hacer su trabajo y tienen el deber de hacerlo bien en el marco de un Estado de Derecho y la existencia de instituciones de justicia autónomas y fuertes es un bien esencial para la democracia y para la existencia misma de un Estado de Derecho", dijo, apuntando que "en ese sentido, los principios y las convicciones democráticas y de respeto al Estado de Derecho no sirven si es que son meramente declaraciones de buenas intenciones y se ponen a prueba justamente cuando son los propios o uno mismo quien está bajo la lupa".
Gobiernos regionales
Si bien la línea del Ejecutivo para sofocar la trama era hacer énfasis en que el 92% de los fondos entregados a Procultura en el 2022 provinieron de los gobiernos regionales y de la Seremia de Antofagasta, esta se vio tensionada por la confrontación del gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca.
La autoridad regional replicó con molestia el señalamiento que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, hizo a las gobernaciones por los recursos entregados al organismo. "Corresponden, en su gran mayoría, a gobiernos regionales, que son instituciones autónomas, que no dependen del Presidente de la República", dijo esta semana.
Como réplica, Mundaca evidenció que, de un total de 94 operaciones realizadas a Procultura, 72 corresponden a convenios con el nivel central, 18 al nivel regional y apenas 4 con municipios. "El ministro del Interior falta a la verdad cuando señala que son los gobiernos regionales los responsables del traspaso de fondos a Procultura y los datos son abrumadores", denunció, inquiriendo: "¿Por qué enlodar al resto de las instituciones sin hacerse cargo de sus propias responsabilidades?".
Este jueves, Elizalde indicó que "estamos hablando de cosas distintas. El gobernador tengo entendido que se refirió a un número de proyectos en un número extendido de años. Yo me he referido en particular al aumento que hubo de recursos con convenios para la Fundación Procultura, y sobre ese punto en particular, los antecedentes que he dado son oficiales, fácilmente contrastables y corresponden a la realidad".
