La bancada de diputados de RN oficiaron al Consejo de Defensa del Estado (CDE), para que ejerza acciones legales tras conocerse irregularidades con vacunas contra la influenza y el covid-19.
Según han señalado, 4 mil 800 millones de pesos sería el costo de 1,2 millones de vacunas contra la influenza perdidas durante la campaña respectiva de 2024. Lo que se sumaría a otras de irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en la administración de miles de dosis contra el coronavirus entre los años 2022 y 2023.
Razones suficientes para que la bancada de Renovación Nacional, representados por su jefe, Miguel Mellado y la subjefa, Carla Morales, junto a los integrantes de la comisión de Salud de la Cámara, María Luisa Cordero y Andrés Celis, ingresaran un oficio al CDE para que se interiorice de los antecedentes que "dan cuenta del perjuicio al patrimonial fiscal", expuestos arriba.
En el escrito se detalla además que un reciente informe de la Contraloría General de la República detectó graves irregularidades entre los años 2022 y 2023, en el proceso de inmunización contra el covid-19. Se habla de la utilización de 18.132 dosis vencidas; el suministro de 70 dosis que perdieron la cadena de frío; 436 inoculaciones con número de RUN de personas fallecidas; disconformidad entre las declaraciones de recepción e ingreso efectivo de vacunas en 341.082 dosis; además de la disconformidad entre los registros de vacunas vencidas por parte de la CGR (3.214.565) y el Ministerio de Salud (2.947.189).
Los continuos problemas que vienen de las mismas instancias que deben proteger la salud de los chilenos, demuestra una gestión "negligente y deficitaria", según se expone en el oficio. Añadiendo que existe también "un perjuicio cuantioso para el Patrimonio del Estado que puede tener como causa el actuar culpable de los funcionarios involucrados, así como eventualmente punible".
Ante lo expuesto, los parlamentarios de la bancada de Renovación Nacional, piden al CDE, "imponerse de los antecedentes que darían cuenta del perjuicio fiscal verificado con ocasión de las serias irregularidades ocurridas en los procesos de inmunización con el coronavirus y contra el virus de la influenza"; que se dirijan "al Ministerio de Salud para requerir la información necesaria"; además de "ejercer las acciones legales para hacer efectiva la responsabilidad tanto civil, como criminal de quienes así les sea exigible".
El diputado Mellado señaló que "un derroche como este no puede ser impune, particularmente en el escenario de estrechez fiscal que atravesamos. Acá no puede pagar Moya, y esta gobierno debe entender que una negligencia de esta magnitud deben ser investigada y sancionada, ojalá penalmente".
El diputado Celis finalizó señalando que "hechos como los dados a conocer por la Contraloría, donde se cuestiona el destino de más de un millón 200 mil dosis de vacunas, solo colaboran a profundizar la desconfianza ciudadana hacia un proceso de inmunización que ha estado bajo un ataque irresponsable. Por eso hemos pedido al Consejo de Defensa del Estado que intervenga con urgencia y adopte medidas para perseguir no solo las eventuales responsabilidades administrativas, civiles y penales, sino que también se determine el daño patrimonial que ha sufrido el fisco".
