"Valoramos que la justicia haya establecido con claridad que en un Estado de Derecho no todo vale". Así celebró este viernes por la tarde la defensa de Josefina Huneeus al fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que declaró ilegal la intercepción que sufrió el teléfono de la psiquiatra por orden de la Fiscalía en el marco de la investigación por el caso ProCultura.
"Recibimos el fallo con la misma seriedad con la que fue redactado. Se trata de una resolución extensa, rigurosamente fundada, que confirma lo que veníamos sosteniendo desde un inicio:
Josefina Huneeus fue objeto de una interceptación telefónica ilegal, sin ser imputada ni existir sospechas fundadas que lo justificaran", señaló Alejandro Awad, abogado de Huneeus.
Y agregan: "La Corte ha acogido el recurso de amparo y ha declarado que sus derechos fundamentales fueron gravemente vulnerados, reconociendo el impacto que esta medida tuvo sobre su libertad personal y su vida privada".
"Antes de emitir una opinión más acabada, corresponde estudiar el fallo en detalle y en su mérito con la misma seriedad con que actuó la Corte. Pero desde ya, valoramos que la justicia haya establecido con claridad que en un Estado de Derecho no todo vale, y que los límites deben respetarse, incluso —y sobre todo— en contextos investigativos", concluyeron.
La Corte de Apelaciones señala que las interceptaciones al teléfono de la psiquiatra están "fuera del marco constitucional". "No se pueden aceptar las explicaciones dadas en la vista del recurso, cuando invocándose el 'principio de objetividad', se pretende que el tribunal admita que los agentes policiales a cargo de ejecutar la medida intrusiva decretada tardaron casi dos semanas en 'advertir', 'comprobar' o 'darse cuenta', que el usuario de la línea interceptada no era el 'imputado Larraín'".
"Lo cierto es que desconocemos el tono de voz de la amparada y del imputado Larraín, pero resulta chocante aceptar que los funcionarios policiales fueran incapaces de descubrir que se trataba de una voz femenina y no masculina. Las explicaciones dadas subestiman la inteligencia, no solo de los juzgadores, sino de cualquier ciudadano de la República y no pueden, desde luego, validar las actuaciones en referencia", añaden los jueces.
"Desde ya resulta extraño que el acusador institucional se comporte como policía y no ajuste sus actuaciones a la legalidad vigente, más anómalo resulta que la jueza de garantía no advirtiera la ilicitud ramplona devenida en el actuar de los agentes policiales y decidiera acceder a la petición fiscal, con una resolución de formato que validó las graves vulneraciones de garantías que hoy se denuncian", subrayan los magistrados.
