Días álgidos se viven en materia educativa a raíz de la paralización convocada por el Colegio de Profesores, la que se desarrolló el jueves 15 de mayo, y que ahora los mantiene declarados en "alerta", a la espera de una nueva reunión con el Ministerio de Educación (Mineduc), la que podría desarrollarse la próxima semana.
Esto, en el contexto de llegar a acuerdos por la llamada Agenda Corta, que incluye, entre otros temas, transparencia en la corrección de portafolios y en los criterios de objeción en la evaluación docente, financiamiento basal para la educación pública, terminar con la carga administrativa, no hacer reemplazos durante las horas no lectivas, políticas efectivas de apoyo a la salud mental y contra las agresiones a docentes, y traspasos a los Servicios Locales de Educación (SLEP) sin deudas.
En conversación con Emol, el director de Educación Pública, Rodrigo Egaña, profundizó en el estado de avance del proceso de traspaso a este nuevo sistema de educación pública, los que podrían a llegar a 38 al término de este Gobierno, pero que se ha visto asociado a dificultades, incluyendo financiamiento e infraestructura.
— ¿Cómo han estado observando los llamados a Paro del Colegio de Profesores, en especial el último del 15 de mayo, por la Agenda Corta?, ¿Cuantos colegios dependientes de los SLEP se sumaron?
Nosotros tenemos un sistema general, a través de las seremías de educación, que lleva un reporte, y de acuerdo al informe de la subsecretaria, Alejandra Arratia, más o menos un 24% de la educación que recibe subvención del Estado en términos de docentes, se había plegado al llamado del Colegio de Profesores, y a nivel de los Servicios Locales (SLEP), el levantamiento que hacemos nosotros, es que se llegó a que el 41% de los docentes adhirieron.
— ¿Cómo evalúa esa adhesión desde los SLEP?
Yo no soy llamado a evaluar la adhesión al paro, eso lo tendría que hacer la directiva del Colegio de Profesores. Lo que sí está claro de que cualquier paralización que haya en las actividades educativas, al final repercute en las y los estudiantes que van a perder horas o días de clase. Por lo tanto, la norma general histórica siempre ha sido que cuando hay este tipo de paralizaciones, está en cada establecimiento el compromiso de que haya un una recuperación de las horas que no se realizaron.
— ¿Qué medidas están sobre la mesa para avanzar en los no pagos acumulados a los profesores?
Hay una mesa de trabajo que conduce la subsecretaria de educación que está tratando eh casi la totalidad de la agenda que planteó el Colegio de Profesores, y se van a seguir discutiendo los temas para ver cómo se avanza. Uno de los puntos del petitorio tiene que ver con el nuevo sistema de educación pública; cómo se está haciendo el proceso de traspaso desde el sostenedor municipal al SLEP, y el otro, con las características del modelo de financiamiento que tienen la educación en general, que es este modelo de subvención por asistencia, también para los SLEP.
En cuanto a las deudas específicas, hay que aclarar que cuando se organiza un SLEP y se hace el traspaso, se hace sin transferir la deuda que hubiesen tenido los municipios como sostenedor con sus funcionarios, docentes o asistentes. Es decir, esas deudas quedan en el municipio y no se traspasa al servicio, porque se ha creado un mecanismo para financiarla, lo que implica que una vez que está clara la deuda, el Mineduc, previa autorización de la Dipres, la paga, y posteriormente se le descuenta a través de Tesorería al municipio en cuestión, a través de las cuotas que recibe del fondo común municipal. Una vez hecho el traspaso, se activa este mecanismo que ya está funcionando en las comunas que tenían esta situación.
— ¿Cuál es el estado de avance de los traspasos a los Servicios Locales y cuántos se proyecta concretar al término del Gobierno?
Hoy día tenemos eh 24 Servicios Locales en régimen, más o menos un tercio de la totalidad de lo que va a ser el Nuevo Sistema de Educación Pública, cuando se hayan concretado los 70 que están contemplados. Además, hay 14 servicios que están en preparación, puesto que hay una discusión abierta si es que los servicios de la Región de Coquimbo, Elqui y Costa Central, La Serena, Vicuña, Paihuano y La Higuera, y otros en la región de Valparaíso, se sumarán. Si eso ocurre, pudiéramos estar llegando en enero del próximo año a tener 38 servicios, lo que será un poco más de la mitad de todo el sistema. Es decir, amarzo del próximo año, cuando esté terminando el Gobierno del Presidente Boric, habremos pasado de haber recibido un sistema que tenía 11 servicios implementados, a 38 cuando entregue su mandato en marzo.
— ¿Cuáles han sido los principales desafíos de este proceso de traspasos?
No ha sido menor el proceso de cambiar de sostenedor. El municipio, con todas las desventajas que ha tenido para la educación, tenía cierto elemento a favor, que era, por ejemplo, la facilidad para la gestión financiera, esa gestión financiera que por ejemplo, le permitía asumir deuda, o mantener recursos sin gastar en un año. Esas cosas desaparecen bastante en un servicio descentralizado perteneciente a la administración central.
— ¿Y cuáles han sido las principales ventajas?
Creo que la principal ventaja que se ha constatado ya en los servicios locales que llevan más tiempo, o sea, los que partieron entre 2018 y 2020, es el apoyo que está dando la Unidad Técnico Pedagógica en toda la mejora de los rendimientos académicos. Eso se ha expresado en mejora en el SIMCE para los servicios que partieron en esos años, y ha significado también un aumento importante en cinco puntos en la asistencia escolar; además, ha bajado de manera significativa la tasa de desvinculación escolar, o sea, de pérdida de matrícula que se tenía en las escuelas.
— ¿Cómo se responde a los cuestionamientos que persisten en torno a problema de infraestructura en los recintos?
El último gran programa de mejoramiento de infraestructura escolar pública se tuvo cuando se creó la jornada escolar completa en los años del gobierno del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hace más de 20 años, y posteriormente a eso no ha habido un programa sistemático y de envergadura de mejoramiento de la educación de la infraestructura para la educación pública. Nosotros estamos terminando un catastro, el último se hizo el año 2012-2013, post terremoto, que indicaba gruesamente que había un 20% de la infraestructura que tenía que renovarse, o sea, que tenía que construirse de nuevo, y nosotros creemos que las cifras no van a ser mucho mejores en este catastro que está en curso. Con todo, durante este gobierno se ha estado invirtiendo una cantidad bastante mayor en infraestructura educacional, que tiene que ver tanto con la mantención pequeña que se hace en cada una de las escuelas, como en otras más significativas, como cambiar techos, pisos o instalar un comedor, y otras como la renovación completa del establecimiento.
Ahora, la infraestructura de los servicios locales, es responsabilidad de los servicios, es parte del presupuesto de cada uno. Por lo tanto, en el Gobierno, cuando empezamos a discutir con la Dipres el presupuesto para el año próximo, y una vez que se dictamina la ley de presupuesto, el servicio sabe exactamente de cuánto dinero va a disponer. Esto nos ha permitido empezar a planificar mejor, sumado a que también tenemos un fondo para cubrir emergencias de urgencia en los servicios locales de $7000 millones.
El año pasado fueron $30.000 millones en los 15 servicios que estaban; y el presupuesto que tenemos para el año 25 está en alrededor de $45.000 millones. Entonces, le infraestructura es algo que nos va a seguir complicando en la situación de trabajo de la educación pública por muchos años. Es un problema estructural, heredado, que no es de fácil solución, y hemos estado haciendo el mejor de los esfuerzos para que los recursos rindan más.
