Prácticamente sin cruzar palabras con los medios que la esperaban en el exterior de la Fiscalía Regional de Coquimbo, la exsenadora PS Isabel Allende ingresó al edificio del ente persecutor pasado el mediodía de ayer para entregar su primera declaración —en enero guardó silencio— en la investigación por la fallida compraventa de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, al Estado, causa en la que figura como imputada. La otrora legisladora, a quien el Tribunal Constitucional (TC) destituyó en abril, estuvo acompañada de su abogada, Paula Vial. Adentro, en tanto, la esperaba el fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la jurisdicción, Ricardo Soto, y no el persecutor regional, Patricio Cooper, quien dirige el caso por eventuales delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias. La suscripción de ese contrato por parte de Allende, como parte de los herederos del exmandatario, le costó su cargo y una carrera parlamentaria de más de 31 años, pues el TC ratificó por una amplia mayoría de ocho votos contra dos que infringió la prohibición constitucional de celebrar contratos con el Estado.
