La remoción del fiscal Patricio Cooper del Caso ProCultura no dejó a nadie indiferente.
Es que el persecutor no solo ha estado en el ojo del huracán por las diligencias que derivaron en la escucha de una conversación entre el Presidente Gabriel Boric y la psiquiatra Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín, sino que también por otros casos de alta connotación Pública.
Sierra Bella
Uno de ellos, el de la exclínica Sierra Bella. Cooper fue duramente criticado por sectores del oficialismo en medio de esa indagación. Esto, luego de que el Ministerio Público y personal de la Policía de Investigaciones (PDI) llevaran adelante un allanamiento al domicilio de la diputada del PC Karol Cariola, el mismo día que dio luz a su primer hijo.
Tras la polémica, se determinó que Claudia Perivancich, fiscal regional de Valparaíso, quedara de la arista de investigación por las filtraciones, que involucraban también al empresario chino Bo Yang. En tanto, Cooper continuaría a cargo de la investigación en general.
El escándalo fue de tales proporciones que diputados oficialistas -con el PC a la cabeza, presentaron ante la Corte Suprema una solicitud de remoción del cargo de Cooper, quien intentó que se declarara inadmisible, objetivo que no logró.
Hasta ahora, el persecutor se mantiene en el caso, aunque ya comenzó la siguiente instancia del recurso presentado por los parlamentarios, que son los alegatos.
Casa de Allende
El fiscal regional de Coquimbo también investiga la fallida compra de la casa del expresidente de la República, Salvador Allende. De hecho, ayer la exsenadora Isabel Allende -hija del otrora mandatario- llegó a declarar para la causa.
En el marco de la investigación por ProCultura se dio un "cruce" entre los casos que lleva el persecutor. Esto, luego de que solicitara acceder a escuchas del teléfono de Miguel Crispi -entonces jefe del segundo piso-, lo que llevaría a la Fiscalía a indagar la fallida venta de la casa del expresidente.
Es que una de las escuchas entre Crispi y su madre llamó la atención. "O sea (Isabel Allende) llamó hasta al portero del ministerio. Wev..., wev..., wev..., que se haga, que se haga así... Ella tiene mucha responsabilidad y también el abogado de la familia Allende", decía Crispi.
La fallida compra terminó con las salidas del Gobierno de la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, y de la extitular de Defensa, Maya Fernández.
Y al poco tiempo de haberse filtrado la conversación de Crispi, la exsenadora Isabel Allende fue destituida por el Tribunal Constitucional. La causa sigue en manos de Cooper.
ProCultura
En el marco de la investigación de ProCultura, Cooper solicitó sin éxito la autorización para intervenir el teléfono del Presidente Boric. Esta petición fue rechazada por el tribunal y generó tensiones entre el Ministerio Público y el Ejecutivo.
Pero el persecutor también había solicitado interceptar el teléfono de Josefina Huneeus, exesposa de Larraín y expsiquiatra del Presidente Boric.
Producto de esa interceptación, se grabó una conversación entre Huneeus y el propio Presidente Boric, lo que desató un escándalo. Aunque la conversación no fue utilizada como prueba, sí quedó registrada, siendo conocida posteriormente a través de medios de comunicación.
Esto fue interpretado por La Moneda como una vulneración grave a la privacidad del jefe de Estado. Incluso el Frente Amplio llegó a hablar de "espionaje político". Dicha tesis, no obstante, no ha sido acogida por el Gobierno. Hoy el propio ministro de Seguridad la descartó.
Cabe destacar que en el oficialismo han apuntado a Cooper, además, por las filtraciones de información a la prensa.
Rojas Vade
En septiembre de 2021, el exconvencional Rodrigo Rojas Vade confesó públicamente que no padecía cáncer, enfermedad que había utilizado como emblema durante su campaña a la Convención Constitucional. En realidad, su diagnóstico correspondía a otras afecciones.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte designó al fiscal Patricio Cooper para liderar la investigación por presunta estafa residual. Entre las diligencias realizadas, Cooper solicitó al tribunal el levantamiento del secreto bancario y el acceso a las fichas médicas de Rojas Vade.
Cooper también instruyó la toma de declaraciones a los entonces líderes de la Convención, Elisa Loncon y Jaime Bassa, quienes habían recibido información directa sobre la falsedad del diagnóstico.
En febrero de 2023, Rojas Vade fue condenado por el delito de estafa residual a una pena de 61 días de presidio, con el beneficio de remisión condicional, y al pago de una multa de 11 UTM.
Este caso marcó un antes y un después en la carrera de Cooper, que comenzó a hacerse cargo de investigaciones de alta connotación pública.
