Fue en el "Contraforo sobre inversiones ¿verdes? en América Latina y el Caribe", realizado el 23 y 24 de abril recién pasados, donde la exconvencional Elisa Giustinianovich expuso "las decepciones que ha significado tener un gobierno que se ha declarado en un inicio ecológico y que, lamentablemente, ha seguido en la misma línea capitalista disfrazada de verde con estas políticas económicas neocoloniales que estamos viendo hoy".
En las exposiciones, varios representantes del mundo ambientalista mostraron su descontento con el Plan de Desarrollo de Hidrógeno Verde (H2V), que impulsa el Ejecutivo y que sigue, con matices, la línea de la estrategia nacional que lanzó el expresidente Sebastián Piñera sobre la materia en 2020.
"El hidrógeno verde es un gas que se produce con energías renovables como la solar o eólica, lo que significa que es sostenible, ya que se obtiene sin generar emisiones contaminantes. Es clave para alcanzar la descarbonización del planeta y cumplir con los compromisos adquiridos en la lucha contra el cambio climático", se lee en el sitio web del Gobierno de Chile.
Se trata de uno de los candidatos a convertirse en el "combustible del futuro" y en cuya producción Chile podría ser clave por condiciones como la alta radiación en el norte y fuertes vientos en el sur, ambas necesarias para producir el H2V. Además, la ubicación geográfica del país permitiría exportarlo hacia Asia, Europa y América del Norte.
Pero la oposición a esta industria desde sectores ambientalistas ha ido creciendo en la medida en que se presentan proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), convirtiéndolo en uno de los nuevos blancos de críticas.
Más de 70 organizaciones rechazaron el modelo de H2V en una carta publicada en junio de 2023 y un año más tarde, 30 agrupaciones se opusieron al proyecto integral para producción y exportación de amoníaco verde HNH Energy en el extremo sur del país, por considerar que era una iniciativa "fuera de escala para el territorio". Agregaron que "no deja de sorprendernos que la gran apuesta del *gobierno ecológico', liderado por un Presidente magallánico, sea convertir a Magallanes en una zona de sacrificio".
Entre los firmantes de las declaraciones, varios se repiten: Chile sin Ecocidio, Chile Sustentable, Terram, Greenpeace, Modatima, Ecosistemas, entre otras agrupaciones.
Los argumentos que se encuentran en redes sociales para oponerse a la industria son de varios tipos, desde el gran tamaño que tendrían las plantas de H2V y el eventual impacto en la fauna, hasta cuestiones de carácter más político.
El
director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, acusa al Ejecutivo de "continuar con una lógica extractivista", sin un proceso amplio de información, participación pública y consulta indígena. "El plan de H2V en Chile es esencialmente para la exportación, va en la línea de necesidades energéticas de una transición de países del norte global, que les permite seguir viviendo una vida acomodada y sin cuestionamiento a costa de nuestros derechos", asegura.
Se encienden las alertas
Las declaraciones de algunos ambientalistas preocupan a actores de la industria. Fuentes aseguran que el sector se enfrenta a "opositores extremos" impulsados por grandes ONG nacionales y transnacionales, así como organizaciones locales que buscarían impedir el desarrollo de proyectos levantando "objeciones infundadas" e implementando estrategias que buscan desprestigiar al modelo de energía verde.
La preocupación es que Chile, con sus condiciones climáticas y privilegiadas, pierda competitividad frente a Perú o Brasil, donde la certificación de los permisos ambientales para grandes iniciativas puede durar cerca de un año y medio, mucho menos de lo que estarían tardando en Chile.
También sería menos costoso avanzar con los permisos en otros países, pues conocedores de la industria estiman que en Chile se requieren de US$ 30 millones a US$ 50 millones para realizar todos los estudios y documentos y poder ingresar al SEIA, lo que consideran un "impuesto agregado".
Igualmente, los planes del hidrógeno en Chile son grandes. "Solo los proyectos ingresados al SEIA ya suman una cartera de más de US$ 40 mil millones, con el potencial de crear más de 16 mil empleos en zonas que urgen de reactivación como Mejillones, Taltal y Magallanes", enfatiza Marcos Kulka, director ejecutivo del gremio H2 Chile.
Según el último Barómetro de la Región de Magallanes de Cadem, de abril de 2024, realizado entre residentes de Punta Arenas, Natales y Porvenir, el sector económico de la región con mayor proyección es el hidrógeno verde, y el 82% tiene una imagen "más bien positiva" de esta industria.
Oportunidad única
Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente e investigador del Centro de Acción Climática de la PUCV, cree que hay que darles tiempo a los proyectos y que "parafraseando al Quijote, están luchando contra molinos de viento que no existen".
Agrega que "todos emiten opiniones sin ver que hay un proceso (...). Me parece peligroso porque el diálogo no se hace con ganas de escuchar, sino que simplemente con poner tu propio punto de vista".
Por su parte, Felipe Scott, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias aplicadas de la U. de los Andes, postula que "hay que sopesar desde el punto de vista ambiental el no hacer esto. Está la pérdida de inversión y también que seguiríamos usando combustibles fósiles, contribuyendo al calentamiento global". Y recalca: "La conjunción de los inversionistas, del mercado, del gobierno, es una oportunidad económica que probablemente no se va a repetir2.
