El caso ProCultura ha tenido consecuencias insospechadas. Es que no solo ha puesto incómodos al Gobierno y al oficialismo, sino que también ha situado a la Fiscalía en el centro de los focos, al igual que a los gobiernos regionales.
El alcance de la investigación -que tiene en la mira al psiquiatra Alberto Larraín, fundador de Procultura- ha llevado además a la oposición a articular toda una ofensiva, por los sospechosos destinos de los dineros que recibía la institución y los posibles vínculos entre el médico protagonista del caso y funcionarios oficialistas.
A continuación, el detalle de las cinco aristas abiertas en el Caso ProCultura, que se ha convertido en el emblema -incluso más que Democracia Viva- de las investigaciones por convenios de fundaciones con el Estado.
Fiscalía
La reciente remoción del fiscal Patricio Cooper de la investigación de ProCultura es, quizás, la arista sobre la cual más atención se ha puesto en los últimos días. El persecutor fue reemplazado por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien quedó a cargo de las diligencias.
Es que Cooper vivió un duro revés la semana pasada, luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta declarara ilegal el "pinchazo" a Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín. De esas grabaciones se extrajo una conversación entre la psiquiatra y el presidente Gabriel Boric, en la cual se hablaba del médico, de la posibilidad que tuvo de llegar al Gobierno y del rol de la exministra Izkia Siches para "bloquearlo", entre otros asuntos.
Es que el equipo de abogados de Huneeus había interpuesto un recurso de amparo ante el tribunal de alzada, denunciado "espionaje" e ilegalidad al interceptar las comunicaciones de la especialista, cuyo contenido llegó a la prensa y desató un sismo tanto para la exesposa del fundador de ProCultura como para el Ejecutivo.
El fallo criticó duramente al Ministerio Público, señalando que las diligencias vulneraron derechos fundamentales y se realizaron al margen de la Constitución.
Según explicó a El Mercurio Cristián Riego, abogado y académico de la Universidad Diego Portales (UDP), "está bien que la Corte ordene que se elimine ese material, que se destruya como prueba, que no tenga ningún valor, pues es totalmente ilícito".
Agregó, en relación a la salida del fiscal Cooper, que "dado que hay tantas personas importantes involucradas, se prefiere a un fiscal que no tenga estos cuestionamientos".
"El Ministerio Público debe ser más cuidadoso con respecto a las solicitudes que plantea y los tribunales más exigentes a la hora de otorgar estas medidas", indicó por su parte Diego Muñoz, abogado y académico de la Universidad del Desarrollo (UDD) al mismo medio.
La remoción de Cooper no dejó a nadie indiferente. Es que mientras desde la oposición criticaron la decisión del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, en el oficialismo se mostraron más que conformes.
En todo caso hay quienes señalan que la situación judicial de Huneeus no está aún clara. Es el caso de Sergio Ramírez, abogado querellante en representación del Partido Republicano.
Según señaló a El Mercurio, "quien conociendo el origen delictual de esos fondos obtuvo esos dineros, para lo que sea, podría ser autor de lavado de activos. Sin distinción, incluida la exesposa de Alberto Larraín. Si ella se fue de viaje y después se descubre que ese viaje fue pagado con los fondos de ‘Quédate’ (uno de los programas de Procultura), ella podría ser sujeto de lavado de activos".
El traspaso de dinero
Uno de los aspectos que ha llamado la atención en medio del caso ProCultura ha sido la cantidad de fondos que la fundación comenzó a recibir una vez que inició el actual Gobierno. Es que durante la administración del expresidente Sebastián Piñera el monto más alto que llegó a la fundación liderada por Larraín alcanzó los $316.849.723.
En tanto, en 2022 ese número subió abruptamente, según información recopilada por el medio citado. Ese año habría llegado a los $3.282.841.556, mientras que en 2023 a los $2.065.268.801. Mientras, en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet el monto más alto que llegó a la fundación fue de $556.776.285. Esto, en el año 2016.
Según una de las presentaciones del fiscal Patricio Cooper hay dineros de ProCultura que habrían derivado en "financiamiento irregular de la campaña del actual Presidente". Aunque el mismo Alberto Larraín, a través de un comunicado, negó que eso fuera así. También se habló de un posible tráfico de influencias.
Entre septiembre de 2022 y diciembre de 2023, se identificaron además transferencias por más de $77 millones a Alberto Larraín y más de $33 millones a María Constanza Gómez, lo que también forma parte de la investigación.
La Fiscalía investiga, asimismo, si parte de los fondos desviados fueron utilizados para financiar campañas políticas. Se han identificado transferencias por más de $53 millones a candidatos, incluyendo a Sebastián Balbontín, pareja de Alberto Larraín.
Las gobernaciones
Las gobernaciones regionales también se han visto sacudidas por el caso ProCultura. Es que se señala que gran parte de los fondos que aumentaron a partir de 2022 llegaron provenientes de estas instituciones. Según información del Ejecutivo -recogida por El Mercurio- un 35% fue asignado por la Gobernación de la Región Metropolitana y otro 31% por la Gobernación del Biobío.
Afirman, así, que solo un 18% provendría de los ministerios, mientras que otro 16% provendría desde otras gobernaciones. Desde el Frente Amplio, de hecho, han señalado que son el actual gobernador de la RM, Claudio Orrego y el exgobernador del Biobío quienes estarían más involucrados. Esto, debido a sus contactos anteriores con el psiquiatra al mando de ProCultura.
El mismo ministro del Interior, Álvaro Elizalde, apuntó a las gobernaciones. "Corresponden (los recursos), en su gran mayoría, a gobiernos regionales, que son instituciones autónomas, que no dependen del Presidente de la República", explicó.
Entre 2022 y 2023, los GORE transfirieron más de $4.187 millones a ProCultura, representando el 78,3% de los recursos públicos recibidos por la fundación en ese período.
Uno de los convenios "emblema" ligado a las gobernaciones es el convenio "Quédate", de prevención del suicidio. En septiembre de 2022, el Gobierno Regional Metropolitano, liderado por Orrego, firmó un convenio por $1.683 millones para el programa. El mismo día de la transferencia, ProCultura habría invertido los fondos en un fondo mutuo.
"Fuimos estafados", apuntó Orrego, en una sesión extraordinaria del Consejo Regional. Solo $600 millones se ejecutaron por ProCultura.
En noviembre de 2022, en tanto, el GORE de Antofagasta firmó un convenio por $460 millones para pintar tres fachadas del casco histórico de la ciudad.
La oposición
La oposición ha iniciado una dura ofensiva en contra el Gobierno en el marco del caso ProCultura. La bancada de Renovación Nacional (RN) anunció el envío de oficios al Servicio de Impuestos Internos (SII) y a la Contraloría General de la República para indagar posibles evasiones tributarias y falta de control en los convenios suscritos con ProCultura.
Chile Vamos, asimismo, solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) ampliar la querella presentada en 2024, incorporando nuevos antecedentes que apuntan a un posible financiamiento irregular de campañas políticas, incluyendo la presidencial de Gabriel Boric.
Por otro lado, la remoción del fiscal Patricio Cooper, quien lideraba la investigación, ha sido interpretada por la oposición como una maniobra para proteger al oficialismo, intensificando las tensiones políticas.
"Hay muchas dudas sobre si ese dinero fue a financiar campañas políticas y los chilenos necesitan y merecen saber toda la verdad", dijo la candidata presidencial de la oposición, Evelyn Matthei.
Oficialismo y Gobierno
Desde el Frente Amplio -cuando salió a la luz el contenido de las escuchas telefónicas- criticaron duramente al fiscal Patricio Cooper e incluso hablaron de un posible "espionaje político", lo que generó críticas tanto dentro como fuera de su coalición.
Gonzalo Winter, candidato presidencial del Frente Amplio, se distanció de las declaraciones de Martínez, reconociendo que utilizar el término "espionaje político" fue inapropiado.
En tanto, la ministra (s) Vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry ha negado cualquier vínculo del presidente Boric con el caso, afirmando que "el Presidente ni siquiera ha sido citado a declarar como testigo" y que "no tiene absolutamente ningún vínculo".
El Gobierno también se ha distanciado de la tesis del Frente Amplio acerca del "espionaje político". Así, al menos, lo señaló ayer el propio ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.
"Yo creo que puede haber sido un juicio apresurado (...) Es una calificación que yo he dicho que no comparto. No la comparto desde el punto de vista ni conceptual ni, por cierto, jurídico. Creo que no había ningún antecedente para sostener eso", dijo la autoridad, en entrevista con Meganoticias.
