De los proyectos que actualmente se encuentran a la espera de su resolución de calificación ambiental (RCA), un tercio corresponde al sector eléctrico. Según datos de la Cámara Chilena de la Construcción, el total de las iniciativas en "estado de calificación" dentro del SEIA alcanza un monto cercano a los US$ 100 mil millones y, dentro de este stock, el rubro con mayor participación es el de energía, con un 34,4%.
Las iniciativas de la industria eléctrica no están exentas de problemas y, de hecho, son varios los conflictos que enfrentan tanto generadoras como transmisoras. Fuentes conocedoras del sector indican que la principal resistencia a los proyectos proviene desde las ONG o grupos de abogados "que transforman esto en un sistema de vida y financiamiento".
En ese escenario, Camilo Charme, director ejecutivo de Generadoras de Chile, espera mayor apoyo del Estado. A su juicio, la transición energética es clave para alcanzar la carbononeutralidad, "un objetivo estratégico del Estado de Chile, respaldado por tratados internacionales y por la Ley Marco de Cambio Climático", pero cree que el Ejecutivo no ha asumido un rol de liderazgo para la implementación de "la infraestructura energética que el país necesita".
"Ese liderazgo debe ejercerse en los territorios, armonizando criterios entre los servicios sectoriales, dialogando con los gobiernos locales y explicando a las comunidades la urgencia de concretar proyectos de energías renovables y transmisión que ya cuentan con aprobación ambiental", puntualiza Charme. Para el dirigente gremial, el Estado debiera garantizar que las iniciativas se materialicen "sin dilaciones que pongan en riesgo la transición energética y el futuro climático de Chile".
Pero en el sector creen que las ONG trabajan más rápido, que las comunidades se encuentran saturadas con la cantidad de consultas y que urgen planes públicos de educación y difusión, de lo contrario, los conflictos permanecerán.
Aquí algunos casos que muestran los problemas que están haciendo crujir la industria.
Negociación "casa a casa"
Javier Tapia, director ejecutivo de la Asociación de Transmisoras de Chile, advierte que "buena parte de los conflictos con las comunidades se originan en inflexibilidades normativas". Afirma que, una vez obtenidos los permisos para operar, las empresas deben entablar diálogo con cada comunidad a lo largo del trazado, lo que representa un desafío especialmente en proyectos que atraviesan varias regiones. Por ejemplo, el proyecto de transmisión Kimal-Lo Aguirre contempla una extensión de casi 1.400 kilómetros, desde Antofagasta hasta la Región Metropolitana, y considera la instalación de 2.691 torres.
Una vez obtenida la resolución de calificación ambiental (RCA), las torres deben instalarse tal como lo indica el trazado propuesto, sin moverse nada desde el punto georreferenciado indicado en la resolución. Esto, según Tapia, impide negociar la posición de una torre dentro de cierto rango, lo que genera problemas con propietarios de terrenos.
Para ilustrar el problema indica que una línea hoy día demora unos siete a diez años en terminarse y la mitad de ese tiempo se debe a la tramitación de permisos y la negociación con las comunidades. Construir, en cambio, es relativamente rápido.
Protestas con incendios y amenazas
En el sector de transmisión eléctrica, un caso emblemático de conflicto con comunidades fue el de la línea Cardones-Polpaico, desarrollada por ISA InterChile, filial de la colombiana ISA Energía.
Durante su construcción, la empresa denunció que se enfrentó a graves episodios de violencia, especialmente en la zona de La Dormida, donde se destruyeron materiales, se incendiaron instalaciones y trabajadores fueron amenazados por encapuchados armados, lo que obligó a suspender las faenas y generó importantes retrasos.
ISA demandó al Estado de Chile ante el
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por no concederle las prórrogas solicitadas ante estas dificultades y el tribunal falló parcialmente a su favor, ordenando pagarle cerca de US$ 20 millones.
Central a la espera de consulta indígena
En la industria de la generación de electricidad, uno de los proyectos símbolos de la "permisología" es la central hidroeléctrica Los Lagos, de la compañía estatal noruega Statkraft.
La iniciativa lleva un 98% de construcción. A pesar de que obtuvo su resolución de calificación ambiental en 2009, la Corte Suprema emitió un fallo en noviembre de 2021 que mandató al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) a realizar una consulta indígena debido a hallazgos arqueológicos en las inmediaciones del proyecto.
La country manager de la empresa, María Teresa González, denuncia que "la demora producto de la implementación de la consulta indígena es inexplicable" y agrega que "a mayo de 2025 aún no finaliza la segunda etapa del proceso de consulta, que considera cinco etapas". Así, el inicio de operaciones se mantiene incierto.
