Luego de que la Contraloría General de la República revelara que, entre 2023 y 2024, 25.078 funcionarios públicos o de entidades que cumplen esa función a nivel nacional habrían incumplido el periodo de reposo indicado en su licencia médica y viajado fuera del país durante ese mismo lapso o parte de él, desde el Congreso Nacional se alertó sobre la situación y se anunciaron medidas para enfrentarla.
El diputado Miguel Mellado (RN) señaló que "esto es muy grave, Y como es muy grave, nosotros como bancada de Renovación Nacional vamos a hacer una denuncia en la Fiscalía por fraude al fisco. Ya basta de abusos. Basta que le metan la mano al bolsillo a todos los chilenos. Estas licencias se pagan con plata de todos los chilenos. Por lo tanto, la denuncia por fraude al fisco va".
A su vez, el diputado Tomás Lagomarsino (PR), dijo que "nos indigna, nos conmociona que 25.078 funcionarios públicos, mientras estaban con licencia médica, hayan salido del país, lo cual claramente habla de que dichas licencias médicas eran y son injustificadas y que tensionaron y todavía tensionan el presupuesto de salud impidiendo que las cosas que tienen que recibir los pacientes de Chile las reciban, eso es malversación de recursos fiscales".
Agregó que "son recursos de todos los chilenos que deberían ser utilizados para entregar medicamentos, para operar pacientes, para comprar insumos médicos, para construir nuevos hospitales y no, estos chilenos, estos funcionarios públicos la ocupan para irse de viaje los lindos, esto es intolerable y vamos a pedir que se investigue con la mayor premura y severidad posible".
El diputado Daniel Lilalayú (UDI) señaló que "como bancada vamos a oficiar a todos los organismos pertinentes que sean necesarios para perseguir a aquellos funcionarios públicos que han lesionado la fe pública, que están ocupando recursos todos los chilenos y también de aquellos que los emiten".
Asimismo, el jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente, Henry Leal, señaló que "vamos a pedir al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que de oficio inicie las acciones legales para perseguir la restitución del robo en que han incurrido más de 25.000 funcionarios públicos".
"Vamos a oficiar a cada ministerio, a cada gobierno regional y a cada municipalidad para que se persiga la restitución de estos fondos públicos. De no hacer nada, aumentaremos la impunidad. No estamos disponibles para eso", añadió.
