La normativa permite a los tribunales acceder a la información financiera de los deudores y establece dos mecanismos efectivos para el pago de pensiones adeudadas desde cuentas bancarias, instrumentos financieros y fondos de pensiones. La ley es impulsada por el Gobierno, a través del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.
De esta forma, a mayo de 2025 los tribunales de familia han ordenado pagar un total de $2.496.135.793.791, es decir, el equivalente a más de 52 teletones. Estos recursos han sido o serán transferidos a más de 282 mil familias afectadas por el no pago de pensiones alimenticias.
"Hasta hace algunos años, la deuda de pensión de alimentos y la expresión 'papito corazón' eran vistas casi como una muestra de picardía, más que como lo que hoy reconocemos: una situación grave. El abandono parental no solo es reprochable, sino que constituye una falta con consecuencias profundas en el desarrollo de niños y niñas", sostuvo la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.
Y agregó que "aunque el afecto y el cuidado no pueden imponerse por ley, sí existen responsabilidades mínimas, como el pago de la pensión de alimentos, que deben ser exigidas. En ese sentido, el Estado tiene un rol fundamental: garantizar el acceso a la información disponible y actuar en base a ella".
Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, indicó que "lamentablemente, antes de la existencia de esta ley y de la implementación del Registro de Deudores, las mujeres se hacían cargo del cuidado y del pago de las necesidades de cada uno de sus hijos, a pesar de que los padres habían sido demandados o se había tratado de cobrar las pensiones. Las cifras, que dio la ministra Orellana dan cuenta de que esta ley está logrando sus objetivos, lo que implica que un gran conjunto de niñas, niños y adolescentes están recibiendo algo que les corresponde, que son los dineros para cubrir sus necesidades básicas".
Asimismo, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, manifestó que "una de las medidas que se han tomado en esta coordinación e interoperabilidad del Estado es conectar el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos con el Registro Social de Hogares, para que cuando las familias con niños y niñas no están recibiendo la pensión de alimentos, se vea reflejado Registro Social de Hogares y, eventualmente, va a bajar de tramo en la calificación socioeconómica. Y al revés: el hogar de un padre que no está pagando la pensión de alimentos, que aparecía con menos ingresos, ahora podría subir de tramo en el RSH".
Actualmente, existen más de 270 mil inscritos con deuda vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias; 96% de ellos son hombres. Esta deuda afecta a más de 385 mil niños, niñas y jóvenes con derecho a recibir una pensión para su manutención.
Sin embargo, gracias a estos avances, desde la creación del registro más del 53% de los deudores que han ingresado al registro han pagado sus deudas o han llegado a un acuerdo de pago ante tribunales. Es importante señalar que, de incurrir nuevamente en deuda, la persona puede ser inscrita nuevamente en el registro de deudores y se puede activar el proceso nuevamente.
