Contraloría General de la República.
Aton
Una semana cargada de hitos protagonizó la Contraloría General de la República, a través de una serie de acciones e informes que tuvieron impacto en distintas áreas del Estado.
El organismo encabezado por Dorothy Pérez reveló un informe que encendió las alarmas: Más de 25 mil funcionarios públicos habrían mal utilizado licencias médicas para salir del país durante los períodos de reposo indicados por profesionales de la salud.
El cruce de datos se originó a partir de una resolución exenta del año 2014, donde se suscribió un convenio de colaboración entre la Policía de Investigaciones (PDI) y la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) -a cargo del Ministerio del Trabajo- para verificar que a quien se le haya otorgado la licencia médica estuviera cumpliendo con su reposo tal como estipula la regulación: en su domicilio.
El hecho gatilló una serie de cuestionamientos en el mundo político y la Fiscalía inició por oficio una investigación. Asimismo, el Ejecutivo ordenó la realización de sumarios en los distintos servicios y ministerios. Además, anunciaron que se remitirán los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.
Horas después, otro informe de la entidad apuntó directamente a médicos que, mientras estaban con licencia médica, habrían continuado realizando partos en clínicas privadas, lo que abrió un nuevo flanco de cuestionamientos sobre el uso del sistema de licencias.
Asimismo, la Contraloría obtuvo un triunfo clave en el ámbito judicial. La Corte Suprema reafirmó este viernes un criterio clave sobre el principio de "confianza legítima" en el empleo público.
El máximo tribunal del país confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca que rechazó un recurso de protección presentado por Ignacio Tarud Miquel, funcionario a contrata del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez; quien solicitó a la Contraloría pronunciarse al respecto.
La Corte Suprema validó la postura institucional de la Contraloría, estableciendo que la configuración de la confianza legítima —cuando involucra elementos controvertidos como la rebaja de grado sin supresión del cargo— debe resolverse en sede judicial y no administrativa.
Finalmente, el viernes la Contraloría cerró la semana con otro hito: tomó razón del reglamento de le la ley de aborto en tres causales, específicamente en lo relativo a la objeción de conciencia.
Este trámite era clave para el Gobierno, ya que destrabó el camino para que La Moneda anunciara el ingreso del proyecto de ley de aborto libre, compromiso presidencial que será concretado la próxima semana, a pocos días de la última Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric.
