Mañana se cumple el plazo de 72 horas fijado por el Ministerio de Hacienda para que todos los ministerios y servicios del Estado inicien los sumarios administrativos tendientes a esclarecer responsabilidades en torno al informe de la Contraloría que reveló el uso irregular de licencias médicas entre los años 2023 y 2024.
En particular, el informe apunta a 25 mil funcionarios públicos que habrían viajado al extranjero mientras estaban con licencia. A esta ofensiva se han sumado también el Poder Judicial y el Poder Legislativo, que anunciaron investigaciones internas para revisar los casos que involucran a sus propios funcionarios.
En este contexto, desde La Moneda se ha desplegado para evitar que el escándalo quede radicado exclusivamente en el Gobierno central. El mensaje que ha buscado instalar el Ejecutivo es que se trata de un fenómeno de larga data y de carácter estructural, que involucra a diversas instituciones del Estado, más allá de la administración actual o de afinidades políticas.
No obstante, el viernes fue especialmente complejo para el Gobierno, luego de que se conociera que Raúl Domínguez —jefe de la División de Políticas Regulatorias y Estudios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y amigo del Presidente Gabriel Boric desde la infancia en Punta Arenas— viajó a Europa mientras se encontraba con licencia médica. La revelación causó un fuerte impacto y minutos después de que la noticia se hiciera pública, Domínguez presentó su renuncia al cargo.
La polémica siguió escalando. Más tarde se supo que el exministro Marcos Barraza (PC) figura en la nómina de los 25 mil funcionarios que habrían viajado estando con licencia médica, cuando se desempeñaba como jefe de gabinete de la alcaldesa Irací Hassler en la Municipalidad de Santiago. Aunque Barraza negó haber hecho un uso indebido del sistema, su caso también será revisado en los sumarios en curso.
La vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, se refirió al impacto que ha generado la situación. "El abuso de licencias médicas es inaceptable, es algo que como Gobierno no vamos a tolerar, y cualquier persona que haya abusado de una licencia médica o haya ido más allá de lo que la ley dispone va a ser sancionada durante esta gestión de Gobierno. Eso es el compromiso que hemos hecho todos porque efectivamente nos parece algo inaceptable", afirmó.
Etcheverry también recalcó que esta problemática no es nueva ni exclusiva del Ejecutivo actual. "Hay informes que fueron emitidos por la Contraloría. La Contraloría dispuso de un plazo para que se inicien los sumarios, que son los procesos de investigación para entender qué pasa en cada uno de los casos particulares. Además de eso, como Gobierno hemos tenido una agenda que es anterior a este caso (...) un trabajo que ha sido liderado desde el Ministerio de Hacienda para abordar el desafío del ausentismo, que es un problema que —hay que ser muy claros— no es de este año o del año pasado, sino que es un problema que se acarrea en el Estado hace mucho tiempo".
La vocera insistió en que este no es un fenómeno restringido al Ejecutivo: "Hay, por cierto, una acción de ciertas personas que están en el Gobierno central, pero también —y lo conocimos todos en las noticias que han salido en los últimos días— en los municipios, que son organismos autónomos, incluso en las universidades del Estado, en distintos organismos del Estado, que tienen que abordarse".
Desde Hacienda, el ministro Mario Marcel también apuntó a una mirada de largo plazo. En entrevista con Mesa Central, explicó que "el tema de las licencias es más amplio. Es más amplio porque pensemos que las licencias médicas en el sector público crecieron sistemáticamente hasta el 2022. Solo recién en el 2023 hubo una baja. Y el gasto en licencia, el costo de licencia para el conjunto del sistema, sector público, sector privado, también ha estado creciendo. Ya llega a los 2.000 millones de dólares. Entonces, tenemos un problema".
Agregó que desde el Gobierno se viene trabajando desde mediados de 2023 en una agenda específica sobre este tema: "Nosotros lo levantamos ya a mediados del 2023, ya cuando tuvimos el primer dato de licencia del 2022. Luego, cuando se discutió la ley de presupuesto del 2024, o sea, fines del 2023 (...) hicimos el siguiente cálculo: toda la gente que estaba contratada por honorarios COVID, que se decía que eran muy necesarios los servicios de salud, era equivalente al exceso de licencias que había en los servicios de salud".
En paralelo, la bancada de diputados del Frente Amplio solicitó una sesión especial en la Cámara para abordar con urgencia el escándalo.
"Esto con la finalidad de abordar las medidas que adoptará el Estado, considerando que los hechos afectan transversalmente a servicios públicos, municipios y organismos autónomos del Estado a nivel central y regional, poniendo en entredicho la credibilidad del aparato público y el principio de probidad en la función pública", expresaron desde el colectivo.
