El escándalo de las licencias médicas no sólo ha develado el uso fraudulento por parte de más de 25 mil funcionarios públicos, que detectó Contraloría, sólo entre 2023 y 2024, sino que también que, entre los casos más "mediáticos", donde se ha conocido el contexto donde se dio el viaje al extranjero, ha tenido sus propias particularidades.
Por ejemplo, el jefe de división de políticas regulatorias y estudios de la Subtel, Raúl Domínguez, renunció la semana pasada luego que se hiciera público que, mientras estaba con licencia médica, viajó a Europa. De hecho, en 2023, a raíz de una denuncia anónima, ya se había apuntado a presuntas infracciones administrativas que habría cometido el también amigo de la infancia del Presidente Gabriel Boric, en un viaje a Asia.
Según consignó Ex-Ante, aunque se ordenó abrir una investigación sumaria -y se designó como investigadora a una funcionaria a contrata de Transportes-,
en más de un año no se informaron avances ni resultados de esa indagatoria interna.
Hay otros casos que marcan un contraste: según reveló El Mostrador, al interior de la Junji -que además es la institución con más licencias médicas irregulares detectó Contraloría-, ocurrió que un subdirector de recursos financieros denunció a una subalterna de su área, luego de conocer que, estando con licencia durante 60 días, había salido del país y presumiblemente iba a clases presenciales en una entidad de educación superior. El entonces subdirector solicitó a la PDI un informe que ratificó que la funcionaria había estado cerca de una semana en Brasil y la isapre rechazó su licencia médica.
Pese a que la jefatura de la mujer solicitó que se abriera un sumario, el resultado fue sobreseimiento de responsabilidad adminsitrativa, sin sanciones ni amonestaciones. Una vez con el resultado en mano, la funcionaria denunció al subdirector por acoso laboral, la Junji abrió un sumario en su contra y aunque apeló, finalmente fue destituido.
La lista de actividades con licencia médica suma y sigue. Según expuso ayer la contralora general de la República, Dorothy Pérez, en la comisión de Salud del Senado, algunas licencias médicas fueron utilizadas para estudiar en el extranjero, otros viajaron para potenciar emprendimientos propios, e incluso, para realizar actividades políticas de campaña.
Ayer, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, reconoció, en conversación con Radio Duna, que "el exceso de licencias respecto a la situación previa a la pandemia equivale más o menos a 10 días de licencia en promedio por funcionario. Eso, considerando que el total de licencias hoy día es algo más de 30 días promedio, que significa un aumento de 40% a 50% respecto a la situación previa de la pandemia".
Lo anterior equivale a unos 35 mil funcionarios de los 400 mil que hay en el Gobierno central, y si eso se traspasa a recursos, significarían unos US$300 millones para esos 10 días en exceso de licencias médicas.
Cargos políticos y autoridades "de paso"
En muchos casos, los criterios de contratación y permanencia en los cargos públicos están más amparados en lo político que en lo netamente ejecutivo. Esto, dicen conocedores del área, lleva a que se generen situaciones donde tanto jefes como subordinados hagan "vista gorda" a algunas situaciones que puedan resultar reñidas con la ética o con el uso de recursos públicos, entre otras irregularidades.
Eric Latorre , director del magíster de Gobierno y administración pública de la U. Autónoma, comenta que muchas veces existe una "la normalización de estas conductas incluso alcanza los rangos de jefatura, y hace que al final del día sean acciones que todos realizan, por ende quedan en un castigo".
"La normalización de estas conductas incluso alcanza los rangos de jefatura, y hace que al final del día sean acciones que todos realizan, por ende quedan en un castigo".
Eric Latorre, U. Autónoma
El académico comenta que muchas autoridades y sobre todo aquellas que son de un nivel político, nombradas por influencia, "en muchos casos son incompetentes, no tienen las capacidades de gestión ni técnicas que se debe tener para asumir debidos cargos. Ejemplos de esto tenemos diversos desde embajadores, jefes de servicio, jefes de división, parejas de diputadas que son recomendados para ocupar cargos, etc.".
Y también se da que algunas autoridades, sobre todo aquellas que están más bien "de paso", entienden que sus asignaciones políticas "tienen cero compromiso con la debida gestión, por lo que no evitan enfrentarse con las asociaciones de empleados que son muy poderosas, están permanentemente en una actitud de amenaza, y hay una captura en ese contexto de la estructura del aparato público donde efectivamente muchas veces las autoridades tienen mucha dificultad para tomar decisiones. En ese sentido están capturados por un estatuto que hace virtualmente imposible destituir a una persona o al final del día, simplemente no se implementa ningún tipo de acción".
Para José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto Res Publica, "se hace cada vez más relevante el rol que tienen los gremios en el mundo público, que hacen muy difícil sancionar o incluso despedir a trabajadores que incurran en este tipo de conductas. Estos gremios se han transformado algunas veces en verdaderos carteles que terminan defendiendo intereses particulares y no el buen funcionamiento del servicio en que trabajan".
"Costos internos"
Por su parte, Alejandro Gómez, Magíster en derecho Regulatorio y director del Diplomado de Derecho Municipal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales USS, apunta también a los "procesos" involucrados en iniciar un procedimiento disciplinario.
Por una parte, sostiene que en ocasiones, "las jefaturas no reaccionan con la debida prontitud o severidad ante irregularidades como el uso indebido de licencias médicas por razones prácticas y estructurales".
Esto, porque "iniciar un procedimiento disciplinario requiere nombrar a un fiscal o investigador y un ministro de fe, lo que implica desconcentrar a funcionarios de sus tareas habituales, afectando el funcionamiento general del servicio por falta de personal y tiempo".
En segundo lugar, porque "enfrentar una posible destitución tiene costos internos: genera tensiones en el equipo, provoca reticencias entre los funcionarios, y si se concreta la desvinculación, deja una vacante que tarda en llenarse debido a los procesos concursales. Todo esto lleva a que algunas jefaturas opten por no actuar, priorizando la operatividad diaria por sobre la sanción".
"Servicios públicos remolones"
En el caso concreto de las licencias médicas, el exsuperintendente de Salud, Manuel Inostroza, comentó que existen diferencias estructurales respecto a los permisos otorgados para el sector público y el privado.
Entre las más relevantes, apuntó a la escasos incentivos para recuperar los pagos por licencias. "Como esto lo paga el Estado, o sea, lo pagamos todos los chilenos, vía impuesto, a veces hay poco incentivo a recuperar", dijo, añadiendo que muchas veces los servicios públicos "no rescatan de Fonasa y de Isapre ese pago del subsidio".
"Entonces, al final es una plata que se paga en un 100% porque no se rescata la fuente de financiamiento", apuntó.
Asimismo, advirtió sobre otro punto observado por Contraloría: "Cuando los trabajadores del sector estatal le rechazan una licencia médica (…) los servicios públicos son bien remolones para pedir la devolución de la plata", lo que implica que, aunque haya rechazo formal por parte del Compin o la Suseso, "esa plata tuvo mala vida (…) y no se lo descuentan".
En contraste, "en el sector privado están todos los incentivos, porque si no, es plata que pierde el empleador. Entonces normalmente esas platas se exigen rápidamente", subrayó.
