Luego de que la Contraloría General de la República (CGR) revelara que más de 25.000 funcionarios públicos salieron del país mientras mantenían licencia médica entre 2023 y 2024, la
contralora Dorothy Pérez asistió a una sesión especial del Senado para abordar los puntos del escándalo que ha remecido a los organismos públicos del país.
En concreto, Pérez entregó detalles del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°9 del ente fiscalizador, en que se apuntó que un total de 25.078 funcionarios públicos ocuparon permisos para incumplir su reposo médico y viajar al extranjero, lo que contempló a un total de 777 entidades estatales que hoy enfrentan sumarios administrativos.
"En concreto, se cruzaron las bases de datos de salidas del país que tiene la PDI y las licencias que entrega la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso)", detalló la contralora.
Según explicó Pérez, el trabajo abarcó los años 2023-2024 y se revisaron 5.147.997 licencias médicas entregadas a dichos trabajadores que se cruzaron con 1.231.362 salidas del país.
En la exposición, la contralora mencionó casos sensibles como el que "un candidato a consejero regional que hizo uso de licencia médica por 140 días durante el año 2024 y que de forma paralela a esta licencia médica, en realidad se encontraba realizando actividades de campaña por su candidatura".
Añadió también uno de la Dirección de Presupuestos (Dipres), "donde detectamos una funcionaria con 332 días de licencia médica que en ese mismo lapso que estaba con licencia en la Dipres, ejercía como particular sus labores de psicóloga con boletas de honorarios. Comprobamos a través del cruce con el SII que ella emitía estas boletas de honorario en el mismo periodo y adicionalmente aparecía en sus redes sociales informando públicamente sus actividades recreativas que todas demostraban que no estaba cumpliendo con el reposo ordenado en su licencia médica".
Su exposición también confirmó que se está levantando información para efectuar el cruce entre licencias médicas de funcionarios inscritos en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) y la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca).
Además, detalló que se busca realizar este CIC todos los años, "específico para licencias médicas, pero también para otras materias".
"Vamos a entregar esta fiscalización masiva todos los años. ¿Y cuál es el objetivo de hacerlo todos los años? Desincentivar a las personas que trabajan en el sector público a incurrir en esta irregularidad para que sepan que estamos observando esta situación. Y eso podría significar un ahorro cuantioso de recursos al sector público", enfatizó la contralora.
Agregó también que se busca fiscalizar a quienes durante un período de reposo de salud realizan trabajos para otros empleados o de forma particular, ante lo que sostuvo que "queremos hacer esto de manera masiva. Nos vamos a demorar un poco porque nuestras capacidades son muy escasas y limitadas, pero vamos a entregar a la ciudadanía y a las autoridades los resultados a la brevedad posible".
Aparte del cruce de datos con la PDI, también afirmó que se busca hacer lo mismo con otros entes de transporte para fiscalizar el incumplimiento de licencias con viajes dentro del territorio nacional: "Estamos viendo múltiples vías, pero en todas ellas nos vamos dando cuenta de que nos faltan atribuciones para pesquisas de algunas bases de datos. Y nosotros necesitamos solicitar a los poderes colegisladores que pudieran reforzar nuestras facultades en algunos puntos específicos para poder obtener los resultados".
"Nosotros solicitamos al Ejecutivo, al Senado y a la Cámara de Diputados que evalúen la posibilidad de que las atribuciones de la Contraloría incorporen mayores potestades para contar con bases de datos adicionales a las que hoy podemos requerir", apuntó la contralora.
Control de dineros públicos
Pérez también hizo ver la necesidad del ente fiscalizador de acceder a informes financieros de organismos estatales para poder tener un control del uso de dineros públicos.
En la instancia, la contralora solicitó a los senadores que "se evalúen mayores atribuciones para nuestra institución para requerir bases de datos o solicitar cartolas de bancos de servicios públicos o que podamos aplicar directamente sanciones luego de hacer una auditoría".
Al respecto, mencionó que "en la mayoría de los países, las contralorías y órganos de control externos tienen atribuciones para requerir las cartolas de bancos de los servicios públicos, no de los funcionarios ni de las autoridades. Estoy hablando de la cartola donde se invierten los fondos públicos y nosotros no tenemos esa atribución. Tenemos que pedirle 'por favor' al servicio público en cuestión si es que quisiera entregarnos la cartola del banco donde está depositado el dinero que nosotros tenemos que ir a fiscalizar".
En esa línea, se busca "poder saber si los dineros se están fugando. Por que si no, llegamos cuando ya los dineros desaparecieron".
Celeridad a proyectos
La contralora Pérez apuntó también a que se pueda dar celeridad en el Congreso a la tramitación de los proyectos que podrían "ser una ayuda" en la fiscalización de organismos públicos.
"Queremos también insistir que no sólo se trata de más atribuciones para la Contraloría. Di una lista de proyectos que ustedes conocen bastante mejor que yo, que son muy interesantes y que tienen herramientas útiles y potentes y que los distintos gobiernos han impulsado y que están en tramitación: Transparencia Municipal, Lobby 2.0, prevención de conflictos de interés", relató la contralora.
"Hay una serie de recursos, el que apunta a determinar quién es el beneficiario final de las contrataciones públicas y de las transferencias. Todo ese tipo de medidas legislativas realmente podrían ayudar mucho a la transparencia y a la prioridad", afirmó Pérez.
