El escándalo de los
más de 25 mil funcionarios públicos que viajaron al extranjero pese a estar con licencia médica ha remecido al país. Y es que lo detectado por Contraloría ha provocado renuncias e innumerables críticas, de todo el espectro político y social.
A raíz de esto surge la interrogante de que si estos recursos se pueden devolver. De ser así, cuál fórmula sería la más indicada. Y el tema ha generado diversas propuestas.
Tanto
José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano, como
Ximena Rincón, senadora y precandidata de Demócratas, coinciden en que se debe retener la devolución de impuestos.
"Controlar de que
nadie que haya cometido un fraude pueda recibir devolución de impuestos. Cualquier persona y sobre todo un funcionario público que pretenda recibir una devolución de impuestos que se olvide, no la va a recibir. En tercer lugar, que no puedan nunca más ejercer un cargo público sea en la administración pública o de elección popular", señaló quien hoy marcha segundo en las encuestas.
Mientras que la parlamentaria presentó un proyecto de ley, en conjunto con otros pares, en el que establecen que
"tienen que devolver los recursos al Estado en un plazo de 30 días o de lo contrario el dinero que defraudaron tiene que ser descontado de su liquidación de la declaración de renta". Sin embargo,
el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aterriza un poco esta opción.
"Hay maneras mucho más rápidas que actuar a través del sistema tributario. El sistema tributario o la declaración de impuestos tiene que mantener una cierta consistencia en el tiempo, uno no puede recargarlo de tanta responsabilidad. Y la verdad es que donde hay mecanismos para efectuar la cobranza tienen que utilizarse, probablemente sería mucho más rápido que estar esperando la próxima operación renta".
Las propuestas de las comisiones de Salud
A la hora de buscar alternativas, en el Congreso son varias las ideas que surgen y provienen de parlamentarios miembros de las comisiones de Salud del Senado y la Cámara de Diputados.
El presidente de la instancia en la
Cámara Alta, Iván Flores (DC), comenta que "sea el sumario administrativo, sea la investigación penal, luego de que se han hecho denuncias, o sea el Consejo Defensa al Estado, va a obligar a restituir los dineros. Aquí claramente hubo un pago mal pagado de un subsidio del Estado, independientemente de lo que significa penalmente un fraude al fisco. De tal manera entonces que, si el sumario administrativo, por un lado, concluye que debe haber una destitución, eso lo que hace, independientemente de que la persona pudo haber renunciado antes, es marcar a esa persona para eventuales futuras postulaciones. Lo mismo pasa con el resultado de la investigación penal en caso de encontrarse culpable. Pero aquí
hay platas públicas mal usadas que tienen que devolver. En el caso de que sea efectivamente terminado el sumario, encontrando culpabilidad de un hecho doloso".
Su par Juan Luis Castro (PS), estima que "la fórmula para restituir la plata tiene que ver con que de inmediato
se pida la nulidad o rechazo de la licencia de manera retroactiva. Esto se puede hacer según indica la Superintendencia de Seguridad Social y por lo tanto automáticamente eso deriva de la devolución del dinero gastado en algunos casos en el mismo subsidio y en otros casos además por los reemplazos que tuvo que hacer la autoridad local o jefe de servicio para cubrir esos días que ese trabajador irresponsable no estuvo. O sea es un gasto público, en otras palabras defraudado. Ahí hay un mecanismo muy concreto y que permitiría hacer expedito esto".
Añade que "otro mecanismo es entregarle también la facultad de aplicación de las sanciones, que en la Contraloría se llama juicio de cuenta, de manera inmediata y no que tenga que la Contraloría proponerle eso a un servicio, que muchas veces no lo acoge. Entonces para que no quede nada, la Contraloría debiera tener esa atribución de exigir en el marco de un juicio de cuenta la restitución automática. Otra cosa es en lo penal que haya capacidad también de recuperación de lo que se denomina el fraude de subvenciones. O sea instrumentos hay. La cosa es tener la voluntad política de aplicarlo".
Desde la misma instancia, el
senador Sergio Gahona (UDI) considera que "puede haber juicios penales en caso de delitos, y juicios civiles para cobrar por los excesos. Los sumarios también pueden fijar
multas para perseguir restituciones".Mientras que en la comisión de Salud de la Cámara, su presidenta,
Helia Molina (PPD), estima que "la fórmula concreta creo se tendría que evaluar en cada caso particular y de acuerdo al resultado de los sumarios y acciones que determine la Dipres o el Consejo de Defensa del Estado como de los montos involucrados. Si determinan que hay fraude al Fisco o malversación de fondos públicos lo correcto sería reintegrar los montos defraudados, y la forma tendrá que determinarla el órgano fiscalizador, pero creo que más allá de la renuncia o despido,
se debe considerar la restitución de los dineros, porque son platas del Estado y de todos los chilenos".Ana María Gazmuri, del Partido Humanista, comenta que "es clave que el Consejo de Defensa del Estado actúe con firmeza para
recuperar los fondos malversados, y que se evalúe la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos en casos graves".
Para el
independiente Hernán Palma, "me imagino que esos mecanismos debiesen estar estipulados y si no lo están, tenemos que generar la fórmula para que se hagan las devoluciones correspondientes, porque me parece de verdad grotesco lo que está pasando. Otra posibilidad, que es que
la gente devuelva lo que no trabajó trabajando horas extras. No te olvides que hay gente acá que se le pagaron horas extras, que no las hicieron, que es otro escándalo. Entonces, bueno, que trabajen, como trabajan los obreros, como trabajan los profes, como trabajan los empleados públicos, que no son justamente estos directivos públicos que son realmente un descaro".
En la UDI los miembros de la comisión también entregan sus propuestas. "Que la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado actúen a la brevedad para ejercer las acciones penales a fin de lograr la sanción penal y el acuerdo reparatorio en la
devolución de los recursos mal habidos", dice Daniel Lilayú.Marta Bravo, también gremialista, complementa que la devolución
"puede ser a través de juicios de cuentas o incluso la intervención del Consejo de Defensa del Estado, que tiene por mandato defender los intereses patrimoniales del país".
Y
Andrés Celis (RN), aporta que "la restitución de fondos por el mal uso de licencias médicas es un tema que debe ser abordado tanto por las instancias judiciales como administrativas. Como parlamentarios, debemos abogar por un proceso transparente, eficaz y ejemplar, que garantice que lo defraudado retorne a las arcas fiscales. Quienes hicieron un uso indebido de las licencias
debieran devolver los montos de forma voluntaria, sin esperar a que sea la Contraloría o los tribunales los que los obliguen a hacerlo. El daño al sistema de salud es grave y no puede quedar impune".
Pese a todas estas propuestas,
Cecilia Céspedes, economista de la Universidad de Los Andes, expresa que "yo
veo bastante difícil la devolución de los recursos. Este es un problema demasiado masivo porque al final aquí solamente está chequeado las personas que viajaron fuera de Chile, pero en el fondo uno tendría que revisar en este tema todas las licencias que no correspondían. Y estamos hablando que en ese periodo de dos años fueron cinco millones de licencias. Probablemente un porcentaje importante son licencias que no correspondían".
