A poco más de cinco meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias, aún no están definidas las reglas que regirán el proceso, tanto para la ciudadanía como para los candidatos y los partidos políticos.
Además, persisten dudas respecto a las condiciones para los vocales de mesa y las normativas aplicables al comercio. Todos estos temas ya generaron conflictos en los comicios del año pasado, cuando se eligieron autoridades municipales y regionales.
Multa asociada al voto obligatorio
Uno de los principales problemas es que todavía no se ha aprobado en el Congreso el proyecto de ley que establece las multas asociadas al voto obligatorio. Sin estas sanciones, el sufragio pasaría a ser voluntario. Aunque el año pasado existía un consenso transversal entre las fuerzas políticas y el Gobierno sobre la necesidad de no legislar este asunto a último momento, lo cierto es que el proyecto aún no ha sido votado en el Senado y ni siquiera ha comenzado su tramitación en la Cámara de Diputados.
La iniciativa que está congelada en el Senado contempla sanciones por no votar que van desde 0,5 a 5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, entre aproximadamente $34 mil y más de $340 mil, con destino a beneficio municipal. En contraste, la normativa del año pasado fijó una multa única de cerca de $33 mil para todos los electores que no cumplieran con su deber cívico.
Voto de los extranjeros
Otro punto relevante del proyecto se refiere al derecho a voto de los extranjeros avecindados en Chile.
El Ejecutivo propuso, mediante una indicación que fue declarada inadmisible por la comisión de Gobierno Interior del Senado, que los ciudadanos extranjeros solo pudieran votar en elecciones municipales, y solo si contaban con residencia definitiva, excluyendo a quienes tienen residencia temporal. En ese marco, el Ejecutivo ha manifestado en diversas oportunidades su intención de alcanzar un acuerdo sobre esta materia.
¿Elección en dos días?
Por otro lado, este mismo proyecto reguló el año pasado que las elecciones se realizaran en dos días, considerando la alta concurrencia de votantes —por ser de carácter obligatorio— y el número de papeletas, que en las elecciones regionales y municipales eran cuatro: alcaldes, concejales, gobernadores regionales y consejeros regionales.
Este año, si bien no se ha incluido esta disposición en la iniciativa legal, la mitad de las regiones del país contará con tres papeletas —presidente, diputados y senadores—, lo que también podría ralentizar el proceso de votación.
Servel pide celeridad
Ayer, en su Cuenta Pública, la presidenta del Servicio Electoral de Chile, Pamela Figueroa, subrayó la necesidad de avanzar en la tramitación de los proyectos para contar con reglas claras con suficiente antelación.
"Para nosotros lo más importante es que se tomen decisiones, se legislen estas materias en los tiempos necesarios para que el Servel pueda incorporarse si es que hay modificaciones en la organización del proceso electoral. Y eso lo hemos reafirmado y hemos estado disponibles para nuestro apoyo técnico que es nuestro rol como servicio autónomo (...) es muy importante que eso se pueda decidir prontamente", señaló Figueroa.
Consultada sobre los plazos óptimos para definir las modificaciones legislativas, señaló que son "lo antes posible. El padrón electoral se elabora con bastante anticipación. Hasta el 28 de junio las personas pueden cambiar de domicilio electoral. Por tanto, ese sería como el último hito. Y, por tanto, cualquier legislación que afectara al padrón tiene que ser antes de esa fecha. Y con respecto a las multas, lo antes posible también (...) es importante que la ciudadanía conozca con anticipación cuál va a ser la decisión del Congreso en ese sentido".
Vocales de mesa
Otro tema que generó debate el año pasado, tras las elecciones regionales y municipales, fueron las condiciones en que desempeñaron sus funciones los vocales de mesa.
El conteo de votos se extendió hasta la madrugada del día siguiente, lo que provocó reclamos en diversos centros de votación, ya que muchos vocales debían cumplir con sus responsabilidades laborales o académicas al día siguiente.
En ese contexto, parlamentarios del oficialismo presentaron un proyecto de ley —actualmente en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados— que establece que los trabajadores que se desempeñen como vocales de mesas receptoras de sufragios tendrán derecho a un permiso laboral de un día, el cual podrán utilizar, a su elección, dentro de los cinco días posteriores a la respectiva elección.
Asimismo, el proyecto especifica que dicho permiso no será aplicable en el caso de plebiscitos, elecciones primarias o una eventual segunda vuelta presidencial o de gobernadores regionales.
En cuanto a los estudiantes que cursen estudios en instituciones adscritas al Sistema de Educación Superior, se contempla el derecho a justificar su inasistencia a evaluaciones académicas si desempeñaron funciones como vocal de mesa en una elección supervisada por el Servicio Electoral, y dicha función se hubiera ejercido el día inmediatamente anterior a la ausencia justificada.
Sin embargo, este proyecto aún no ha sido despachado al Senado y no cuenta con ningún tipo de urgencia legislativa.
Apertura del comercio
Otro flanco que deberá resolverse de cara a las próximas elecciones es el funcionamiento del comercio.
Según constató El Mercurio, la Cámara de Centros Comerciales de Chile planteó la necesidad de revisar la normativa vigente que impide la apertura de todos los establecimientos comerciales durante la jornada electoral. Advierten que el comercio no debería seguir acumulando días de interrupción debido a los feriados irrenunciables asociados a los comicios.
La presidenta del gremio, Katia Trusich, argumentó que la experiencia en las elecciones municipales y regionales del año pasado demuestra que la apertura de locales no tuvo impacto negativo en el desarrollo de las votaciones.
En esa elección, realizada el 26 de octubre, el comercio funcionó con normalidad. Sin embargo, el 27 de octubre fue declarado feriado legal obligatorio e irrenunciable. Aun así, se permitió la atención en grandes tiendas, supermercados y otros locales, siempre que no se encontraran dentro de recintos que compartieran una misma razón social o personalidad jurídica. Es decir, malls, strip centers y galerías comerciales no pudieron abrir sus puertas.
En este contexto, Trusich sostuvo que para las próximas elecciones —las primarias del 29 de junio, la primera vuelta presidencial y parlamentaria del 16 de noviembre, y una eventual segunda vuelta presidencial el 14 de diciembre— esperan que esta situación se modifique, permitiendo la apertura de todos los establecimientos comerciales.
"Lo que está ocurriendo en la práctica con esta discriminación, donde se cierran algunos comercios nada más, bajo la misma razón social, y no otros. Por ejemplo, un supermercado tiene que cerrar por estar dentro de un centro comercial, y al frente puede haber un supermercado abierto porque queda a la calle", indicó.
Para ello, afirmó que están trabajando con el Ministerio del Trabajo, parlamentarios y el Servel. "Hoy día ya no queda casi justificación para seguir cerrando discriminatoriamente, e insisto, a solo una parte del comercio", dijo.
Reforma al sistema político
Finalmente, tampoco hay claridad respecto a las normas que regirán a los candidatos que busquen un escaño en la Cámara de Diputados. La reforma al sistema político, al igual que el proyecto que establece las multas por el voto obligatorio, se encuentra detenida en el Senado.
En paralelo, el Gobierno informó que en junio ingresará un proyecto de ley complementario para darle viabilidad política a dicha reforma.
La moción, impulsada por senadores tanto del oficialismo como de la oposición, busca —entre otras cosas— establecer que los partidos políticos deberán alcanzar al menos el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional en la elección, para poder participar en la asignación de escaños en la Cámara.
Esta normativa, que aún no ha sido sometida a votación en el Senado y que también debe ser tramitada en la Cámara de Diputados, contempla una disposición transitoria. Esta señala que, de manera excepcional para la elección de 2025, los partidos políticos podrán obtener representación parlamentaria con un 4% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional.
