Continúa la polémica entre el gobernador de la Región Metropolitana,
Claudio Orrego, y la aseguradora Aspor por el no cumplimiento del pago de una póliza de más de $1.000 millones de pesos de indemnización de los dineros de un
proyecto con la Fundación ProCultura.
En concreto, el conflicto radica en que la aseguradora Porvenir S.A. (Aspor) no ha accedido a realizar el pago de cinco pólizas de garantía asociadas al convenio, las que superan las 31 mil UF, equivalentes a más de $1.000 millones.
Estas pólizas fueron exigidas por el Gobierno Metropolitano tras el término anticipado del proyecto "Quédate", una iniciativa que estaba orientada a la prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental y cuyo proyecto estaba a cargo de la cuestionada Fundación ProCultura.
A través de varias cartas enviadas a El Mercurio, Orrego y Aspor se han visto envueltos en una pugna por la resolución del caso, que llegó hasta tribunales.
En concreto, el gerente general Aseguradora Porvenir S.A. (Aspor), Juan Eduardo Ovalle, envió nuevamente este sábado una réplica al gobernador sobre el tema y zanjó que el debate estaría concluido y "ahora, corresponde que los tribunales se pronuncien".
"Estimo necesario precisar algunos puntos, siempre con el ánimo de contribuir a una discusión de interés público de manera transparente. Aspor no se ha negado ni ha dilatado el pago de la póliza. Lo que ha hecho, dentro del marco legal, es ejercer su derecho a recurrir a los tribunales para que sean estos los que determinen si corresponde efectuar dicho pago, en atención a la gravedad de los hechos actualmente investigados en el caso Procultura", comenzó la misiva del gerente.
En esa línea, enfatizó en que "lo que está en análisis judicial es si existe materia asegurada, lo que es una distinción jurídica fundamental".
Además, agregó que "resulta contradictorio además que el gobernador, al mismo tiempo que exige el pago de una póliza de garantía vinculada a fondos cuyo destino final aún no ha sido debidamente aclarado, realice una defensa pública del programa 'Quédate' en base a sus cifras de gestión".
Esto, porque Orrego mencionó ayer en una misiva al citado medio que "el programa 'Quédate 1.0' operó durante 11 meses, atendió a 11.500 personas en los hospitales Salvador y Félix Bulnes, además de vía chat y web, capacitó a 4.500 personas de 32 municipios y 13 centros de Salud Mental, existiendo respaldo de todo ello junto a las rendiciones de gastos por $673 millones. De hecho, el programa continúa ejecutándose a través del Servicio de Salud en alianza con la Universidad de Chile y tres fundaciones. Salvar vidas no puede estar al arbitrio de una aseguradora que decide cuándo y cómo cumplir con la ley".
El gerente afirmó también que "Aspor ha pagado sin inconvenientes otras pólizas reclamadas por programas ejecutados por la Fundación Procultura. En este caso específico, sin embargo, y por las razones que hoy conoce la justicia, se ha tomado una decisión distinta".
"Como compañía, creemos en la importancia de que los hechos se esclarezcan en las instancias competentes, y que el Estado de Derecho prevalezca para resguardar tanto la fe pública como la certeza jurídica. Siempre estaremos disponibles para intercambiar visiones de manera respetuosa y abierta", apuntó Ovalle.
"En este caso, ya hemos expuesto públicamente nuestros argumentos, por lo que consideramos concluido este debate en esta tribuna. Ahora, corresponde que los tribunales se pronuncien", cerró el gerente de la Aseguradora Porvenir S.A.
