El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó el anuncio realizado ayer por el Presidente Gabriel Boric en la última Cuenta Pública, donde comprometió transformar Punta Peuco en un "penal común", dándole fin a "como se le ha conocido".
"He instruido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, modificar el decreto que creó dicho establecimiento, abandonando su condición especial y transformándolo en un penal común que permita segregar a las personas según los requerimientos de Gendarmería", lanzó el Mandatario.
En conversación con T13, el secretario de Estado afirmó que lo anterior implica que Punta Peuco "va a seguir siendo un establecimiento penal en el cual van a poder ingresar el conjunto de las personas que cometan delitos y no solo circunscritos a aquellas personas que o
violaron gravemente los Derechos Humanos o cometieron crímenes de lesa humanidad en el marco de la dictadura militar".
Agregó que el centro de reclusión tiene una capacidad para albergar 112 internos, sin embargo, hay 139 presos actualmente en el centro.
Consultado sobre si los condenados van a seguir en ese centro, el titular de Justicia aseveró que "lo más probable es que continúen en ese penal", ya que "Gendarmería tendrá que evaluar si eventualmente hay alguna persona que corresponde que sea trasladada a otro penal. Y eventualmente también evaluar si hay personas que deben ingresar a ese penal".
"No hay ninguna justificación para que existan penales exclusivos para los violadores de los Derechos Humanos", afirmó Gajardo.
La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, lanzó que "no cuesta nada revertirlo (...) vamos a ver si lo hace". Consultado al respecto, el titular de Justicia sostuvo que "nosotros esperaríamos que todos los sectores políticos tuvieran un alto compromiso con los Derechos Humanos", por lo que "esperaríamos que la medida que estamos tomando el día de hoy sea continuada por cualquier otro posible Presidente o Presidenta el día de mañana, por el compromiso que tienen con el valor de los Derechos Humanos y la importancia que eso tiene para nuestra democracia y para nuestro sistema institucional".
También narró que para concretar la medida "tenemos que dictar el nuevo decreto supremo (...). Va a la Contraloría para la toma de razón. La Contraloría siempre tarda algunos meses en la toma de razón y, una vez que ocurra eso, podemos comenzar con los planes de segregación para este nuevo establecimiento penal", completó.
