Por el delito de malversación de caudales públicos se querelló el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra del diputado Joaquín Lavín León (ex-UDI), su exasesor Arnaldo Domínguez, además de Juan Silva, dueño de la empresa MMG SpA y Felipe Vásquez, propietario de Modo 74 SpA. De acuerdo al organismo, los cuatro investigados habrían "perpetrado una serie de conductas que les permitieron desviar y obtener recursos directamente del Congreso Nacional", dice el documento, y agrega que Vásquez y Silva, dueños de Modo 74 y la empresa MMG, habría efectuado "maniobras dolosas" para ello. El modus operandi, según el CDE, apuntaría a la elaboración de "facturas ideológicamente falsas", las cuales "eran emitidas con conocimiento y a solicitud del diputado, mediante instrucciones directas a Arnaldo Domínguez", dice la acción judicial. Tales documentos fraudulentos serían un mecanismo de los involucrados "para ocultar el ilícito",
