Esta tarde, la Cámara de Diputados se pronunció sobre el informe elaborado por la comisión investigadora respecto a los convenios y programas ejecutados por la fundación ProCultura desde 2019.
Cabe señalar que dicha comisión sesionó entre noviembre del año pasado y marzo de 2025, es decir, antes de que salieran a la luz nuevos antecedentes sobre el caso. Entre ellos, las conversaciones del director ejecutivo de la cuestionada fundación, Alberto Larraín, en las que se insinuaba un eventual financiamiento a la campaña del Presidente Gabriel Boric. Asimismo, el reemplazo del fiscal jefe de Coquimbo, Patricio Cooper, quien estaba a cargo de la investigación.
Con 81 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones, se aprobó el informe de la comisión, presidida por el diputado Andrés Longton (RN).
El documento aprobado señala que "resulta posible establecer algunos elementos que permiten visualizar con mayor precisión la cuestionable entrega y posterior ejecución de 30 convenios financiados con recursos públicos por parte de la Fundación Procultura, desde el año 2019 hasta la fecha. En efecto, se observa que esta Fundación ha recibido importantes sumas de dinero provenientes principalmente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo mediante su programa de Asentamientos Precarios y Recuperación de Barrios, de diversos Gobiernos Regionales y municipalidades, totalizando una cifra aproximada de 6.000 millones de pesos distribuidos en al menos siete regiones del país (Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Metropolitana, Ñuble, Biobío y Magallanes)".
Asimismo, el texto sostiene que "los antecedentes recabados permiten apreciar un posible modus operandi sistemático caracterizado por la asignación directa de fondos, una deficiente fiscalización administrativa, debilidades en los procedimientos internos de validación y supervisión por parte de organismos técnicos, y la frecuente tercerización de actividades hacia empresas vinculadas con la fundación, como también una vinculación política o cercanía afectiva, constituyendo así un potencial mecanismo de desvío y defraudación de fondos públicos".
En resumen, "la Comisión ha detectado que los hechos vinculados a la Fundación Procultura no constituyen 31 casos aislados o excepcionales, sino más bien una problemática recurrente y sistémica que involucra diversas instituciones y actores públicos. Este escenario obliga a considerar con urgencia la necesidad de robustecer los controles administrativos, mejorar sustantivamente los mecanismos de fiscalización y adoptar medidas de prevención efectivas para evitar la reiteración de estos patrones excesivamente discrecionales en futuras asignaciones de recursos públicos a fundaciones y corporaciones sin fines de lucro".
También se destaca "la clara incapacidad demostrada por las instituciones públicas para recuperar efectivamente los cuantiosos recursos públicos asignados irregularmente a la Fundación Procultura. Los antecedentes recopilados revelan la existencia de severas deficiencias administrativas, jurídicas y procedimentales, que han dificultado notablemente la posibilidad real para defender y rescatar oportunamente su patrimonio fiscal".
Finalmente, el informe responsabiliza al exsubsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, a los gobernadores regionales —en particular al de la Región Metropolitana, Claudio Orrego— y al Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
El diputado Andrés Longton (RN) señaló: "Acabamos de aprobar por una amplia mayoría un informe lapidario y contundente de la Comisión Investigadora acerca del caso Procultura que me tocó presidir. Solo unas pocas abstenciones de izquierda en un informe que establece responsabilidades claras de una fundación que de la noche a la mañana se aprovechó de que este gobierno asumía, para aprovechar las relaciones íntimas de cercanía o amistad, para defraudar a los más vulnerables y haciéndose con facilidad de recursos públicos".
