Un complejo escenario atraviesa por estos días el
gobernador de la RM, Claudio Orrego, a raíz de la última detección de Contraloría en torno a presuntas irregularidades en gasto electoral, lo que se suma a otras polémicas que han marcado los últimos meses y que han repercutido en la gobernación regional metropolitana.
El hallazgo más reciente del ente contralor fue la constatación de gastos que podrían estar relacionados con actividades políticas y la campaña electoral, así como contrataciones directas sin respaldo normativo, que además de la RM, incluye a otras cinco gobernaciones regionales, en una fiscalización que incluyó los meses entre enero y septiembre de 2024.
En el caso específico del Gore RM, se detectó el pago de más de $31 millones por un servicio de asesoría "para la gestión institucional GS 2024", sin embargo, en la revisión de las sesiones se halló que no se abordaron temas de coaching -como señalaba el contrato-, sino que habían referencias explícitas a "la contingencia política y la campaña electoral" de Orrego para su reelección.
También se detectó un gasto de más de $51 millones por trato directo, para la adquisición de bienes y servicios, pero sin justificar el cumplimiento normativo correspondiente. Además, se detectaron irregularidades en la contratación de dos empresas; una, por más de $46 millones donde no se acreditaron condiciones contractuales; y otra, por más de $109 millones, sin respaldo de la idoneidad del proveedor.
Ayer, el Gobierno Regional Metropolitano salió "descartar cualquier utilización de recursos públicos para fines distintos a los cuales fueron contratados", junto con negar "rotundamente cualquier financiamiento a la campaña del gobernador Claudio Orrego".
Pugna con aseguradora
Otra de las polémicas que han surgido desde el Gore RM está vinculada a la pugna que mantiene con la aseguradora Porvenir S.A. (Aspor), a la que acusa por no acceder a realizar el pago de cinco pólizas de garantía asociadas a un convenio con ProCultura. Las pólizas fueron exigidas por el Gobierno Metropolitano tras el término anticipado del proyecto "Quédate", iniciativa que estaba orientada a la prevención del suicidio.
De acuerdo a Orrego, la aseguradora Aspor se ha negado a pagar más de $1.000 millones correspondientes a lo no ejecutado del proyecto.
"Lejos de cumplir con lo que establece la ley, la aseguradora inició un conjunto de acciones dilatorias y resquicios para no pagar la indemnización que le correspondía al beneficiario, en este caso, el Gobierno de Santiago", acusó Orrego en una carta enviada a El Mercurio a fines de mayo.
Sin embargo, a través del mismo medio, Juan Eduardo Ovalle, gerente general de Aspor, negó las acusaciones de Orrego y anunció que llevaron el caso a la Justicia. "No es efectivo, como afirmó el gobernador, que nuestra compañía se haya negado al pago de las pólizas contratadas por Fundación Procultura a favor del Gore Metropolitano. Dada la existencia de hechos actualmente investigados, y que son de público conocimiento, y nuestro deber de proteger el principio de buena fe -pilar del sistema asegurador-, hemos recurrido a tribunales para que determinen si corresponde o no efectuar dicho pago".
Asimismo, Ovalle subrayó que las acciones legales del Gore en el juicio civil han sido rechazadas, tanto en primera instancia como por la Corte de Apelaciones de Santiago, "siendo la justicia la que mantiene suspendido temporalmente el pago y ha dado curso a la demanda que hemos interpuesto", subrayó.
Declaración en caso ProCultura
A mediados de mayo, el gobernador Orrego confirmó algo que hasta entonces se había evitado hacer público: que prestó declaración en calidad de imputado en el caso ProCultura.
La información se había dado a conocer a inicios de ese mes por Ex-Ante, donde se apuntaba a que la declaración del gobernador ocurrió el 17 de diciembre de 2024, tres semanas después de ser reelecto en segunda vuelta como candidato independiente.
La indagatoria apuntaba a un hecho ocurrido en junio de 2022, cuando Orrego propuso al Consejo Regional Metropolitano que se nombrara a Alberto Larraín -fundador de ProCultura- como director de la Corporación de Desarrollo, que era presidida por el mismo Orrego. Sólo 21 días después se autorizó la entrega de los más de $1.000 millones que hoy el Gore RM reclama, por el programa "Quédate".
El pasado 14 de mayo, durante el pleno ordinario del consejo, Orrego se tomó unos minutos para abordar este tema. "Alguien me preguntaba si es verdad que declaraste, sí, declaré yo en la causa ProCultura en diciembre del año pasado, voluntariamente. Podría haber hecho uso del derecho a guardar silencio, (pero) fuimos, no solamente yo, sino que cerca de 10 funcionarios del gobierno regional que tuvieron algún rol en la aprobación de dicho proyecto".
"Segundo: alguien estaba bastante impresionado de que fuera levantado el secreto bancario", continuó el gobernador. "Yo quiero decirle a este consejo regional que si el fiscal me hubiera pedido que yo levantara el secreto bancario lo hubiera hecho voluntariamente. Yo me enteré la semana pasada, y en todo caso, celebro que se haya hecho, porque es una de las cosas buenas cuando hay transparencia, y se demuestra lo que siempre he dicho, que yo soy una persona que vive de su sueldo (...) no le deseo a nadie que sus cuentas estén en boca de todo el mundo, pero bueno, son los costos de tener estas responsabilidades", añadió.
Descartó financiamiento irregular
En la misma jornada del 14 de mayo, Orrego arremetió contra una publicación de prensa que apuntaba a presunto financiamiento irregular de su campaña para su reelección.
"A mí esta semana se me imputó que mi cuenta del Servel tenía que ver con el escándalo de ProCultura, y yo les quiero decir consejeras y consejeros que eso es falso y es malicioso, por dos razones. Todos los que estamos aquí fuimos candadidatos, y todos sabemos que la cuenta del Servel es algo que el Servel te autoriza a ti, es una cuenta pública y tiene solo un objetivo, que es recibir y sacar plata para tu campaña, que después va a tener que ser validada por el Servel", dijo Orrego. "No es mi cuenta personal, es la cuenta del Servel en el Banco Estado", agregó.
En esa línea, detalló que "yo pedí dos créditos, eso es público, al BICE y al Banco Estado, que fueron depositados en esa cuenta (del Servel). Y después, como en esa cuenta, para pagar las cosas de campaña, se paga con vale vista nominativo a los proveedores, porque el Banco Estado no te permite pagar de otra manera".
Con todo, el gobernador subrayó que "la plata que ocupé para mi campaña es la plata que yo quedé de los créditos públicos (...) nunca en mis 35 años de servicio público me habían imputado algo tan grave y no lo voy a dejar pasar".
