Varios cuestionamientos ha tenido la gestión de la superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana, en el marco del escándalo de mal uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos.
La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) es una de las instituciones sumariadas por la Contraloría por eventuales "debilidades" en sus procesos de vigilancia de uso fraudulento de licencias.
En la instancia, Gana defendió su gestión y destacó que "pasamos de hacer 448 investigaciones a 1.000 en 2023, hemos mejorado la precisión, las sanciones también han aumentado, pasando de un 21% a un 82%. Esto habla de la analítica de datos que hemos aplicado que ha permitido inhabilitar a médicos que han tenido comportamiento irregular".
En esa línea, apuntó los dardos contra el Compin e isapres: "La ley dice que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y las isapres son las encargadas de fiscalizar las licencias, y la Suseso está mandatada para controlar estas instituciones".
Los senadores que componen la comisión criticaron que la Suseso no recurriera al uso de un convenio que mantiene con la Policía de Investigaciones (PDI) desde el 23 de junio de 2014, el cual permite verificar que quien esté con licencia médica efectivamente cumpla su reposo en su domicilio.
Al respecto, la superintendenta sostuvo que "es verdad que existe el convenio con la PDI desde 2014, pero se trata de un acuerdo de colaboración que está sujeto a las voluntades, prioridades y capacidades de las instituciones. La materialización requería contar con bases de datos disponibles, desarrollar las capacidades informáticas. Recién con la llegada del nuevo director de la PDI, a finales de 2024, se nos ha requerido información".
"El convenio firmado entre PDI y Suseso señala textualmente que surge la posibilidad de hacer cruces de información. Es decir, se estaba pensando en masividad, incluso en ese momento, pero la materialización de aquello requería poder contar con varios elementos, bases de datos disponibles... Recordemos que la licencia médica electrónica recién después de pandemia empieza a ser masivo y más importante aún, no solo bases de datos, sino que desarrollar las efectivas capacidades informáticas de las instituciones", defendió.
Finalmente, aseguró que "la Compin hoy está tomando las acciones para poder cumplir su rol de fiscalización a las personas en el cumplimiento del reposo". Agregó también que desde la Suseso han elaborado ya 313 informes a la PDI por profesionales de la salud investigados por el uso fraudulento de licencias médicas.
También, la superintendenta ayer descartó la polémica por la circular N°3863 de la Suseso donde se afinan los criterios del incumplimiento de licencias médicas en casos de pre y postnatal, que según parlamentarios, podría ser "un perdonazo".
En concreto, se consignó que "no corresponde aplicar la causal de incumplimiento de reposo respecto de las licencias médicas de pre y post natal, por tratarse de un descanso derivado del embarazo, y no de una enfermedad. Ello implica que, tratándose de estas licencias médicas, se permite el desplazamiento, por lo que no pueden ser rechazadas si la persona no se encuentra en el domicilio o si viaja dentro o fuera del territorio nacional".
Al respecto, Gana afirmó que "no hay ningún perdonazo" y que su objetivo era "dejar por escrito claramente la jurisprudencia histórica, que no tiene duda nadie, respecto de la emisión de licencias médicas maternales que no requieren de un reposo".
Pamela Gana
Pamela Gana Cornejo, de 54 años, es ingeniera comercial con mención en Economía de la Universidad de Santiago.
Tiene un máster en Economía de la Universidad de Georgetown, y otro en Asuntos Públicos en la Universidad de Minnesota. También cursó un magíster de Dirección Financiera en la Universidad Adolfo Ibáñez.
Se desempeñó como economista en el Servicio Nacional de la Mujer (SernamEG) entre el 2000 y 2001. Luego, tuvo el mismo cargo en la Subsecretaría de Previsión Social hasta 2002.
Al año siguiente, pasó por la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda con el cargo de Analista de Política Pública, donde participó "en la elaboración de proyectos de ley relacionados con Seguridad y Protección Social, como el Sistema Chile Solidario y Fondo de Reserva de Pensiones", según consignó el sitio web de Suseso.
También entre el año 2006 y el 2014 se desempeñó en la Superintendencia de Pensiones, realizó la revisión y evaluación de la normativa del Sistema de Pensiones y el Seguro de Cesantía.
Ahí tuvo cargos como jefa del Departamento del Seguro de Cesantía (2006-2009), jefa del Departamento de Análisis y Desarrollo (2009-2014) e intendenta de Regulación por cuatro meses en 2014.
En noviembre de 2014 la ex Presidenta Michelle Bachelet la nombró intendenta de Seguridad y Salud a través de un concurso de la Alta Dirección Pública.
Por el mismo medio y en octubre de 2022, el Presidente Gabriel Boric la nombró superintendenta de Seguridad Social.
Además, ha sido consultora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en temas relacionados con el Sistema de Pensiones, Seguro de Cesantía y Género.
Críticas de senadores
La sesión de la Comisión de Salud se mantuvo en tensión, ya que todos los senadores se mostraron disconformes con las respuestas de Gana.
El presidente de la comisión, Iván Flores (DC), advirtió: "Mucho verbo, mucho humo, pero no pudo explicar ni responder lo que esperábamos. Tendremos que volver a convocarla. Este es el megafraude más importante de la historia republicana de Chile. Queríamos precisiones y no las tuvimos".
"No puede ser que siempre las culpas las tengan otros. Las responsabilidades políticas y administrativas se deben asumir. No cumplieron su rol, no hicieron la pega, así de claro", puntualizó Flores. Agregó también que "la pega, sin duda, no la ha hecho bien porque a 14 años de haber firmado un convenio con la PDI, cuando ya había antecedentes de que estas cosas estaban pasando, tuvo que ser la Contraloría la que pusiera el problema en toda su extensión sobre la mesa".
En tanto, el senador Juan Luis Castro (PS) sostuvo: "Espero que el ministro del Trabajo y La Moneda evalúen la continuidad de esta superintendenta, ya que está en una condición muy al límite de las explicaciones suficientes y básicas para darle respuesta al país, cuando tiene todo el poder de haber resuelto antes y haber clarificado sin esperar a la Contraloría para saber quiénes estaban haciendo fraude con las licencias médicas".
La senadora Ximena Rincón (Demócratas) cuestionó "¿han presentado querellas en el caso de grandes emisores? Fui superintendenta y nosotros lo hicimos. La Suseso tiene la supervigilancia de los recursos del asegurador público y privado. Se dice que no había la tecnología, pero ya hace mucho tiempo, con menos recursos, nosotros ya estábamos investigando".
También el senador Alfonso De Urresti (PS) afirmó que "es lamentable que la información que debe provenir de la Suseso surja de la Contraloría, no del organismo que está mandatado para fiscalizar. ¿No cree usted que tiene responsabilidad política por no haber sido proactiva?".
Por su parte, la senadora Carmen Gloria Aravena (exRepublicano) lamentó que "no escuché que se propongan mejoras a las situaciones que hemos podido conocer. Me da la impresión que han hecho lo justo y necesario. No ha habido un esfuerzo institucional para resolver este tema y es lamentable".
En tanto, la senadora Ximena Ordenes (IND-PPD) apuntó que "la pregunta es cómo se fortalece la fiscalización que se supone que hacen. Entiendo que forman parte un sistema donde están distintas entidades, entonces cuáles son las instancias de encuentro. La Suseso se ha centrado mucho en los grandes emisores, ahora debe concentrarse en los usuarios".
