En lo referente al mal uso de las redes sociales, solo aseguraron que "las observaciones fueron corregidas a partir de octubre del 2024 y que apuntaba al uso de arrobas de personas naturales", no obstante, no se refirieron a la utilización de las cuentas institucionales para la campaña política del gobernador.
mantiene un saldo pendiente de rendir por los organismos receptores de recursos públicos de $4.202.867.306, situación que deja en manifiesto la falta de adopción de medidas por parte de la entidad para requerir las rendiciones de fondos que datan de al menos el año 2021.
Igualmente, se evidenció que, al 30 de septiembre de 2024, la entidad pública aludida mantiene montos observados, solicitados a reintegrar o rechazados a las entidades receptoras de recursos, por un monto de $4.856.481.471. Situación que deja en manifiesto la falta de resguardo de los recursos públicos que se entregan a instituciones privadas.
Entre otras observaciones, se constataron irregularidades en las bitácoras de vehículos fiscales; mal uso de las redes institucionales y el contrato de prestaciones de servicios a honorarios por tareas correspondientes a labores habituales y propias de las gestiones de la entidad.
se defendió. "La gran mayoría de estos proyectos son del 8% de vinculación con el medio que se entregaron aproximadamente, su gran mayoría, en julio del año pasado. Por tanto, cuando se nos pide la información, están en ejecución. Por lo mismo, el gobierno regional presentó un calendario en febrero de este año en donde indicaba, con una carta Gantt, cómo se iban a regular y se iban a administrar las rendiciones. Hoy día, Contraloría nos envía un informe en donde nos pide algunas precisiones respecto a esa carta Gantt y nos da 10 días para responder".
Y que lo que se me está cuestionando es, por qué saqué el vehículo fiscal sin pedirle permiso a la Delegación Presidencial. Que es algo que, en realidad, nosotros hemos respondido anteriormente", precisó la autoridad.
En el caso del Gobierno regional de la RM, la Contraloría verificó que durante 2024 dicha entidad pagó un total de $31.366.179 para la contratación del "Servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024", de cuya revisión se constató que la sesiones no se relacionaban con contenido asociado a coaching, como lo señalaba la descripción de las actividades contratadas, sino que se aludía explícitamente a temáticas, riesgos y acciones relacionadas con la contingencia política y la campaña electoral del gobernador regional para su reelección.
Ante los antecedentes expuestos, la Contraloría iniciará un procedimiento disciplinario con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades administrativas y remitió los antecedentes al Ministerio Público para su conocimiento y fines pertinentes.
Además, se evidenció la adquisición de bienes y servicios de consumo mediante la modalidad de trato directo, por un total de $51.753.665, en las cuales no se acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma. Asimismo, se advirtió la contratación de la empresa IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A Agencia en Chile, por un total de $46.154.150, del cual la entidad no aportó antecedentes que acrediten el cumplimiento de las condiciones por contrato.
De igual modo, se corroboró la contratación directa de AJEM Asesores y Consultores Limitada, por un total de $109.302.180, del cual el Gobierno Regional no acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos respecto a la idoneidad del proveedor. Los datos especificados, se incorporarán al sumario administrativo antes mencionado.
La respuesta del Gore RM es enfática.
"Descartamos cualquier utilización de recursos públicos para fines distintos para los cuales fueron contratados. Negamos rotundamente cualquier financiamiento a la campaña del gobernador Claudio Orrego", indicaron.
"Las actividades de coaching, a las que se hacen referencia en el informe de la CGR, son parte de un proceso amplio de formación directiva y que incluye otras actividades como planificación estratégica, clima laboral y, tal como lo señala la propia CGR, están enfocados en mejorar procesos y apoyar la gestión institucional. Adicionalmente, es preciso mencionar que dichas actividades han acompañado a nuestra institución desde el año 2021 en adelante. Por lo tanto, no son fruto de ningún contexto electoral", señalaron.
En esa misma línea, añadieron que el coaching no puede desligarse completamente del contexto político y social. Según explicaron, "el coaching directivo, junto con potenciar las habilidades de gestión y dirección institucional, no puede estar disociado del contexto político, social y económico de la región y el país. Que, en algunas ocasiones se haya mencionado esos contextos, no implica que el coach tenga un objetivo ajeno al institucional".
La Araucanía
La CGR comprobó que el GORE de La Araucanía contrató directamente a la empresa Ananda Comunicaciones SpA., para los servicios de "Asesoría de Inteligencia e Investigación de la Opinión Pública Digital", pagando un total de $49.980.000, de lo cual se advierte que dicho servicio incluía una evaluación ciudadana de la figura del Gobernador Regional. Esta situación no se ajusta al principio de probidad, por lo que la CGR anunció que formulará el reparo por el total del dinero aludido.
"También, concluimos que el Gobierno Regional contrató, por medio de un trato directo injustificado, al proveedor Sociedad de Servicios de Transportes y Logística SpA., por un monto de $69.537.672 sin la debida justificación de dicho valor".
Asimismo, se comprobó que se autorizó bajo la modalidad de trato directo a la firma de abogados denominada Asesorías Silva y Compañía Limitada, por la suma total de 400 UF, para la defensa de intereses institucionales asociadas a transferencias del servicio a determinadas fundaciones, advirtiéndose que de cuatro informes que debía entregar dicha empresa como parte de sus obligaciones, a la fecha solo se ha pagado la primera cuota en razón a la entrega del primer informe, sin que se hayan establecido multas por atraso en los plazos establecidos.
Luciano Rivas, quien perdió en la elección ante René Saffirio, sostuvo que "es fundamental fiscalizar, proponer y entregar mejores mecanismos también a los gobiernos regionales para poder realizar una mejor gestión de los recursos públicos, que es tan relevante".
Respecto al resto del informe, reconoció que existen observaciones administrativas que deben ser abordadas: "En el mismo informe se integraron otros temas administrativos de forma, donde la Contraloría realizó variadas observaciones a las que se debe responder".
Los Ríos
La Contraloría advirtió que en el Gobierno Regional de Los Ríos, existe un saldo de $8.651.017.491 por recursos transferidos pendientes de rendición de cuentas por transferencias al sector público. Al respecto, los recursos correspondientes a años anteriores a 2024, se componen de 201 registros por un monto de $8.593.127.491, que en algunos casos registran desde el año 2015. El GORE deberá ajustar sus procedimientos de control y resguardo de aportes transferidos al sector público.
Asimismo, se indicó de la existencia de un saldo de $7.940.628.576 por concepto de recursos transferidos como anticipos, pendientes a rendición de cuentas. Por los motivos descritos, el Gobierno Regional de Los Ríos deberá iniciar un sumario para determinar las eventuales responsabilidades funcionarias por falta de control. Por otro lado, se estableció que 162 pagos de viáticos correspondientes a 17 personas funcionarias -por un total de $5.588.059- estaban directamente vinculados a sus labores habituales.
Además, verificamos el mal uso de vehículos fiscales, por lo que la Contraloría Regional instruirá una investigación sumaria para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
Luis Cuvertino, gobernador, comentó que "el informe corresponde a una auditoría que se nos hizo a los Gobiernos Regionales y municipios del país, entre enero y septiembre del año 2024, lo conocimos en el mes de diciembre del 2024 y pudimos responder y solicitar reconsideración en algunos de sus aspectos".
Agregó que "quiero aclarar que estas auditorías no corresponden a gastos electorales, hemos solicitado en dos oportunidades audiencias lobby ante la Contralora Nacional para conocer el destino de nuestras representaciones. Quiero reiterar nuestro compromiso con la transparencia y el buen uso de los recursos regionales, y valorar la tarea fiscalizadora que permanentemente hace Contraloría".
Magallanes
Entre las observaciones al GORE de Magallanes, la Contraloría destaca que dentro de las actividades encomendadas a algunos prestadores de servicios contratados a honorarios se incluyeron servicios de publicidad, difusión y cobertura periodística del gobernador regional y el manejo de las redes sociales de dicha autoridad.
"En consecuencia, la entidad deberá implementar las acciones necesarias a fin de que la difusión se encuentren centradas en las actividades de la entidad y no de la autoridad de forma individual. Lo mismo respecto al mal uso de los medios de comunicación y redes institucionales", detallaron desde el ente contralor.
Además, se determinó que de un total de 25 informes de actividades de profesionales contratados para prestación de servicios a honorarios, fueron aprobados por un funcionario diferente al establecido en los respectivos convenios. También se constató que en 24 informes de actividades adjuntos a los comprobantes de pago, que acreditarían el cumplimiento de la prestación de servicios, las tareas se indican de forma genérica, sin señalar ni especificar el detalle de lo realizado.
Por otra parte, conforme a la carga de combustible registrada en la bitácora del vehículo para el traslado del gobernador regional, durante más de 5 meses no se cumplió con la cuota máxima de 300 litros de consumo mensual de bencina. Por todos los antecedentes expuestos, esta Contraloría General iniciará un sumario en el Gobierno Regional de Magallanes para determinar las eventuales responsabilidades administrativas.
La respuesta fue que "el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena descarta categóricamente el uso indebido de recursos públicos".
"Tal como se señala en el informe, el objetivo de la acción de la CGR tuvo como fin 'comprobar el correcto uso de bienes, vehículos y recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos de la entidad entre enero y septiembre del año 2024 (...), con motivo de las elecciones municipales, de Gobernadores Regionales, de consejeros regionales y primarias respectivas'".
