La Fiscalía de Antofagasta investiga el secuestro que afectó a un hombre mayor de edad, quien fue retenido y obligado bajo amenaza a entregar sus claves bancarias por un grupo de imputados.
Desde el ente persecutor explicaron que la banda, conformada por tres adultos, instruyó a otra integrante del grupo delictual, menor de edad y también imputada en el caso, acompañar al afectado hasta un motel de la ciudad y para posteriormente cometer el ilícito.
Los hechos que se investigan ocurrieron en enero del 2025, cuando la
víctima arribó junto a la imputada menor de edad hasta un motel del sector norte.
Sin embargo, la joven solicitó ir a comprar, a lo que la víctima accedió. Por ello, ambos concurrieron hasta un pasaje cercano, donde fueron abordados por tres sujetos.
Tras eso, la víctima fue maniatada y amenazada. Luego, fue trasladada contra su voluntad a la ciudad de Calama en su propio vehículo, donde la dejaron abandonada.
Durante el periodo en que la víctima estuvo retenida, los imputados habrían realizado giros y compras con sus tarjetas bancarias por un monto superior a un millón de pesos.
A raíz de la denuncia, la Brigada de Robos de la PDI realizó diligencias y determinó la identidad y la participación de los imputados, quienes fueron detenidos en allanamientos desarrollados a distintos domicilios de Antofagasta.
De esta forma, la policía civil capturó a los tres adultos y a la menor, quienes fueron formalizados por el Ministerio Público.
La banda fue acusada por una de las fiscales de la unidad de Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Local de Antofagasta, por los delitos consumados de robo con secuestro y asociación criminal.
Además, dos de los detenidos fueron procesados por tráfico ilícito de estupefacientes, dado que, al momento de su detención, mantenían en su poder drogas sintéticas.
Por lo mismo, los tres adultos quedaron en prisión preventiva, mientras que la menor quedó en internación provisoria, debido a que el tribunal considera que su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad. Todos los imputados son de nacionalidad chilena.
El tribunal determinó un plazo de investigación de 90 días.
