El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, planteó este lunes la aspiración de que la comuna de recibir algún ingreso que ayude a costear los recursos que implica para el municipio lidiar con las externalidades que se generan por el uso del Estadio Nacional para eventos masivos.
Cabe recordar que esta semana la Contraloría señaló que la autoridad no puede decretar estado de emergencia comunal, medida anunciada por el alcalde tras el baleo a un carabinero y que dice que sí le permite el dictamen del organismo.
Hoy, en tanto, a través de una carta a El Mercurio, Sichel planteó que "Ñuñoa acoge con orgullo el Estadio Nacional, símbolo del deporte, la cultura y el patrimonio de Chile. Sin embargo, convive con una paradoja: mientras el Instituto Nacional de Deportes (IND) ha recaudado más de $3.600 millones en el último año por el arriendo del recinto, la comuna que lo alberga no recibe ni un peso de esos ingresos, pese a asumir una parte significativa de los costos operativos que conlleva su funcionamiento".
Sin embargo, indicó que "cada evento masivo desencadena una serie de externalidades que recaen directamente sobre Ñuñoa: comercio ambulante, acumulación de basura, daños en el mobiliario urbano, congestión vehicular, inseguridad, fuegos artificiales ilegales, entre otros. La limpieza posterior, la fiscalización, el control de tránsito, la coordinación con Carabineros, los operativos de seguridad con personal y vehículos municipales, todo eso lo paga Ñuñoa. No el productor del evento. No el club que arrienda el estadio. No el IND".
Con ello, agregó que "es evidente que el Estadio dejó de ser un recinto deportivo y se transformó en un centro de eventos, que genera ganancias enormes al fisco y a productoras, pero solo externalidades negativas a los vecinos. Y costos millonarios al municipio".
En cambio, expresó que en otras comunas con estadios, como La Florida, Macul o Las Condes, "los municipios sí perciben ingresos o participan de decisiones sobre el uso del recinto. Ñuñoa, en cambio, subsidia pasivamente con sus recursos los beneficios que otros capitalizan".
Ante ello, solicitó "abrir un debate político y administrativo urgente: ¿es razonable que el Estado central reciba todas las rentas mientras transfiere todos los costos a un municipio? ¿No debiese establecerse un mecanismo solidario, de reparto o compensación? Ya sea mediante un porcentaje del arriendo, un fondo común, o el desarrollo de nuevos ingresos, urge corregir esta inequidad estructural".
